Poder, patron de dependencia y nuevo institucionalismo economico: limites y restricciones de la literatura contemporanea.

AutorArellano Gault, David
CargoReport

Power, Path Dependence and New Institutional Economics: limits and restrictions of contemporary literature

INTRODUCCIÓN

Las décadas de 1980 y 1990 han implicado para muchos países el inicio de una nueva etapa de sus vidas políticas, sociales y económicas. La caída del bloque soviético en el este europeo y el fin de regímenes militares dictatoriales en América Latina han permitido el surgimiento de nuevas democracias que desde entonces han estado buscando la forma de consolidarse y generar un mayor bienestar económico para los diferentes grupos sociales que representan.

En muchos países, sin embargo, el advenimiento democrático no ha significado mejores condiciones de vida para gran parte de la población. Pese a que la democratización ha sido planteada por muchos actores nacionales e internacionales como prerrequisito para el desarrollo, la vinculación entre uno y otro fenómeno no es exactamente muy clara para la mayor parte de las personas de dichos países hoy en día. La relación entre democracia y crecimiento económico ha sido ampliamente discutida en la literatura, aunque en muchos trabajos realizados hasta el momento no se ha logrado determinar inequívocamente la causalidad entre ambos fenómenos. A pesar de esto, parece existir consenso sobre la existencia de un vínculo directo entre un gobierno democrático, con equilibrio de poderes y elecciones libres y respetadas, y una economía que logra alcanzar tasas considerables de crecimiento al estimular las inversiones, la innovación, el capital humano y la generación de empleo.

Una de las líneas de discusión más prolíficas de los últimos años ha puesto en el centro del debate al diseño institucional como catalizador de la democracia y el crecimiento económico. El argumento pone en primera instancia la hipótesis de que el crecimiento y el desarrollo económicos se derivan del respeto hacia las instituciones liberales y de mercado, a las garantías y derechos individuales y colectivos, y a un sistema de derechos de propiedad claro y sin ambigüedades.

Las instituciones aparecen, entonces, como un factor crítico para comprender el complejo vínculo entre democracia y crecimiento: los regímenes de gobiernos democráticos brindan el entorno ideal para que un adecuado diseño institucional pueda gestarse e implementarse, creando un espacio sociopolítico estable donde las variables económicas pueden jugar libremente y alcanzar el bienestar general. Buena parte de esta literatura recupera la consabida definición de las instituciones como "reglas del juego", que plantea Douglass North; es decir, restricciones que configuran la interacción entre las personas, a fin de reducir la incertidumbre y proveer una estructura para el intercambio político, social y económico (North, 1990a).

Desde esta perspectiva, gran parte de la literatura apoya la idea de que el crecimiento económico y el desarrollo pueden lograrse mediante el reforzamiento de dos tipos de instituciones. Por un lado, están las llamadas "instituciones democráticas" que garantizan y controlan la contienda política y el sistema electoral, el respeto a los resultados de esta disputa, el equilibrio entre los poderes, y la libertad de expresión y de organizarse políticamente (Olson, 1997). En otras palabras, estamos hablando de regímenes democráticos donde las instituciones electorales, legislativas y judiciales desempeñan un destacado papel para limitar las acciones de la clase política dominante y evitar abusos de ésta contra otros grupos sociales (Clague et al., 1997). (1) Dentro de este conjunto de instituciones son importantes aquellas que protegen la propiedad privada contra los abusos del Estado y otros actores (los denominados "derechos de propiedad"), que incluyen no sólo el tipo de instituciones políticas mencionadas, sino también normas cívicas y legales que rigen el comportamiento de los individuos (Shirley, 2003).

Por otro lado, también es necesario que estas instituciones que rigen la esfera política estén acompañadas en el ámbito económico por otras que, al reducir los costos de transacción e impulsar la confianza entre los agentes económicos, estimulen el mercado e incentiven el intercambio (Shirley, 2003). El papel que desempeñan estas instituciones para el crecimiento económico es de suma relevancia, dada su capacidad para reducir los costos de producción, distribución y comercialización, y permitir a los agentes económicos obtener mayores beneficios de la especialización, la inversión y el comercio (Engerman y Sokoloff, 2003). Entre este tipo de instituciones suele considerarse las que proporcionan los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de los contratos (que denominaremos "derechos contractuales"), sino también normas para regular transacciones comerciales, así como hábitos y creencias que favorecen la creación de valores compartidos y la acumulación de capital humano. (2)

De esta manera, el argumento general está claro: existe una relación --virtuosa y racional, por cierto-- entre las instituciones democráticas y las que se requieren para consolidar mercados eficientes y competitivos. Las instituciones democráticas constituyen, a priori, acuerdos de cooperación entre las clases políticas, que reducen la incertidumbre al construir una estructura para intercambios estables y eficientes. Esta estructura, a su vez, puede crear o alterar las instituciones económicas que afectan los costos de transacción y, por consiguiente, la eficiencia del intercambio económico (North, 1990a). Por lo tanto, en la medida en que se promuevan los derechos de propiedad, se desarrolle certidumbre y confianza entre los actores, y se planteen incentivos efectivos, se facilitará la realización de transacciones e interacciones apropiadas y constructivas entre los agentes económicos (Engerman y Sokoloff, 2003).

En otras palabras, el vínculo entre la estabilidad del escenario político y el crecimiento económico depende en gran medida de la existencia de instituciones políticas eficientes que reducen los costos de transacción. Vemos así que el papel de un gobierno democrático es crucial para facilitar el buen desempeño económico y la puesta en práctica de un poder judicial independiente y efectivo que evite acciones predatorias que desincentivan el ahorro y la producción, así como para extender derechos políticos y civiles que promueven la inversión, los contratos de largo plazo y el desarrollo del capital (Aron, 2000).

Esta sencilla ecuación ha dado origen a argumentos claros --algunos simplistas e, incluso, de naturaleza prescriptiva-- sobre la manera en que una sociedad que transita hacia la democracia puede confiar en que las políticas de mercado serán el corolario natural. Si nos guiáramos exclusivamente por esta corriente, la solución para los países en desarrollo parecería obvia y relativamente sencilla; no obstante, poner en práctica y sostener el tipo de instituciones recomendadas es una labor mucho más complicada, pues presenta retos y dilemas difíciles de resolver. Incluso North (1990b, 191) advierte que "las instituciones económicas ineficientes son la regla, no la excepción".

Debido a ello, precisamente, vale la pena ser más cuidadosos al explorar esta literatura, sobre todo cuando gran parte del debate sobre democracia, instituciones y crecimiento se ha articulado alrededor de las siguientes preguntas: 1) ¿por qué los países en desarrollo no han logrado consolidar gobiernos democráticos que respeten los derechos individuales y colectivos, a fin de permitir un funcionamiento eficiente y eficaz de sus economías?; 2) ¿de qué forma los países en desarrollo deben construir instituciones políticas que protejan sus economías de mercado y que permitan un crecimiento económico sostenido?

En este artículo realizamos una breve revisión de la literatura con el objetivo de analizar de manera crítica cuáles han sido las respuestas a estas preguntas. Nos centraremos principalmente en las explicaciones brindadas por el nuevo institucionalismo económico (NIE), en particular la rama que se enfoca en la economía de los derechos de propiedad. Esta elección se debe a que en la actualidad el NIE representa uno de los enfoques más influyentes en este debate, en especial cuando se analizan el impacto de los derechos de propiedad y contractuales sobre el progreso económico y la distribución de la riqueza. En esta primera aproximación al tema, hemos seleccionado algunos de los trabajos más representativos de la literatura. Gran parte de esta revisión está enfocada en estudios que han sido publicados por el National Bureau of Economic Research y que han utilizado como variables dependientes la "calidad institucional" o el crecimiento económico (representado por variaciones en el producto interno bruto o en el ingreso per cápita). Para entender dichos fenómenos, este tipo de estudios ha corrido regresiones de sección cruzada (cross-section) para explicar las diferencias entre países, utilizando una amplia gama de variables explicativas. (3) Esto no significa que nos hemos centrado únicamente en trabajos de estas características ni que haremos una revisión basada en aspectos econométricos. Por el contrario, nuestro foco de atención son los argumentos allí presentados y resulta conveniente aclararlo para ubicar al lector. En el apéndice 1 se presenta un cuadro que resume los trabajos analizados en este artículo.

La revisión que hemos llevado a cabo nos ha dado la impresión de que, por probables que resulten, los argumentos planteados en la literatura NIE pueden ser de naturaleza tautológica. Al mismo tiempo las metodologías utilizadas carecen todavía del nivel de sofisticación necesario para introducir variables que refuercen este enfoque institucional. Tal vez la naturaleza aparentemente circular del enfoque del NIE radica en que aún no queda claro si las instituciones "correctas" crean sistemas democráticos y orientados al mercado, o viceversa. Las variables históricas, culturales y hasta religiosas pueden brindar...

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