El poder legislativo en la reforma del estado
| Autor | Javier Rascado Pérez |
Baste observar como en su mayoría (cuando no en su totalidad), las iniciativas eran presentadas por el Ejecutivo, quien a un solo llamado movilizaba el sistema político para que, por medio del procedimiento legislativo se materializara la voluntad presidencial. Ello derivado del desmedido crecimiento que durante la historia del México independiente se fue conformado alrededor de la figura presidencial, misma que acabó por perfeccionarse durante el siglo XIX. En este siglo no fueron pocos los elementos que actuaron en el fortalecimiento del presidencialismo mexicano, con el natural detrimento de los demás órganos del poder.
En la práctica del Poder Ejecutivo rompió con el fruto de la revolución francesa y del siglo de las luces: la división en el ejercicio de poder (más no la división de poderes, ya que éste es único e indivisible). Principio fundamental que fue adoptado por nuestro país en los albores de su independencia, y se consagro en nuestro texto constitucional de 1824. Desde entonces y hasta la promulgación de la constitución vigente, la división en el ejercicio del poder se ha constituido como piedra angular de nuestro sistema político, y pilar fundamental de la representación popular en el ejercicio de la soberanía nacional. Ello por lo menos en la teoría, la realidad ha estado muy alejado de este anhelo democrático en la representación institucional.
El planteamiento es sencillo: es indiscutible que nuestro sistema político gira torno a un personaje, el Presidente de la Republica. Esta institución se ha transformado de manera tal, que ha adquirido una preeminencia innegable ante las demás instituciones del Estado, rompiendo con ello el ideal que dio vida a nuestra constitución vigente. Peor aún, se han perdido las fronteras entre la división en el ejercicio del poder. Es por lo tanto indiscutible que el presidencialismo ha socavado tanto el principio como la práctica de la división en el ejercicio del poder que nuestra constitución establece como una de las piedras angulares de nuestro sistema político.
Pero no sólo ello, debido a la preeminencia de esta figura el país ha estado sumido en constantes crisis políticas, sociales y económicas. En la tradición política de nuestro país el presidente en turno ejerce e imprime su sello personal al ejercicio del poder, de manera alejada de los principios establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta forma de gobernar se encuentra paradójicamente sustentada en la misma Constitución.
Así las cosas, es que los mexicanos nos encontramos alejados de consolidar el Estado democrático que recientemente hemos ganado, el cual además, representa una añeja aspiración del pueblo mexicano. No obstante, justo es enseñar que se han dado los cambios suficientes que han permitido ejercer, aunque todavía con algunas limitaciones, su función a dos poderes que le estaban supeditados al Ejecutivo: el legislativo y el judicial.
Es cierto que la dinámica del Legislativo ha tenido una transformación notable, lo cual, no sin razón, ha despertado la esperanza de un equilibrio en el ejercicio del poder, pero también lo es, que derivado del comportamiento entre los intereses partidistas, el Congreso de a Unión no ha podido llegar a las reformas sustanciales, y parece conducir irremediablemente a la vida política a una "parálisis", motivo por el cual, se debe seguir profundizándose en los cambios ya iniciados.
Así las cosas, cabe preguntarse ¿Se están cumpliendo los preceptos básicos que originaron nuestra Constitución?. La respuesta se antoja sencilla, lamentablemente la explicación no lo es tanto. No sólo no se han cumplido los ideales del constituyente de 1916, sino peor aún, la realidad política y social de nuestro país no corresponde en nada con el texto constitucional emanado del constituyente de Querétaro, lo que convierte inoperante el sistema institucional. Me explico, durante años, nuestro sistema político funcionó sobre la dinámica de la Constitución de 1917, además de los constantes cambios (más de quinientos) que los presidentes en turno realizaron para conformar ese extraño sistema característico de los mexicanos: El Presidencialismo. Necesario es precisar, que dicho sistema institucional se construyó en torno a un edificio corporativo sustentado en el partido en el poder, el Revolucionario Institucional. Por ello, aunque si bien es cierto se generó un cambio en el panorama político de nuestro país, también lo es que éste fue únicamente en el cambio de estafeta en el ejercicio del poder, ya que el edificio institucional sigue siendo el mismo.
Por ello, la necesidad inaplazable de consolidar el cambio democrático de nuestro país, que comenzó, lo cierto es que constantemente de pruebas de debilitamiento, que lamentablemente parece conducirlo a su temprana terminación. Este cambio pareciera fácil, mas no lo es, necesarias son las reformas suficientes que permitan revitalizar la incipiente democracia de nuestro país. Reforma que todo caso requieren esfuerzo, voluntad, participación, compromiso y acción, así como la voluntad de los actores políticos, apoyo irrestricto de las autoridades y participación sin desaliento de la sociedad. Todo ello, dentro de un marco legal en el que se puedan insertar e implementar. Estas reformas tendrán que realizarse a través de una reforma política y del marco jurídico, mismas que tendrán que insertarse dentro de la Reforma del Estado. Sólo así, podrá fijarse en primer termino la solución que se puede encontrar, con lo que, alcanzo nuestro objetivo se conformará un equilibrio entre los poderes y consecuentemente un verdadero plano de igualdad que les permitirá cumplir una función de vigilancia y cooperación entre ellos.
El cambio ha iniciado, pero los cimientos son endebles y quebradizos. Es importante construir un cambio que permita afianzar nuestro sistema democrático, ya que a pesar de los logros obtenidos, nos encontramos en plena transición. Se comparte el sentimiento de que nuestro texto constitucional requiere una enmienda de fondo (no las constantes modificaciones acomodaticias que ha sufrido, por el capricho del Presidente en turno), el problema que se plantea es sobre la naturaleza de la misma o sobre el alcance de los cambios necesarios.
Los cambios propuestos a nuestro sistema institucional tendrán que realizarse dentro del marco constitucional. Ahora bien, esta reforma no es única ni excluyente, si no que se debe entrar de lleno a la Reforma del Estado para consolidar los cambios que se vuelven urgentes para actualizar nuestro marco jurídico a la realidad política y social de nuestro país. Es justo mencionar que se está a tiempo, pero no por ello debemos permitir que una vez más la historia nos rebase y nos convirtamos (nuevamente) en nostálgicos de lo que no sucedió. Una vez pasada la euforia obtenida por el cambio de partido en el ejercicio del poder, debemos contemplar con tranquilidad el futuro que se nos presenta, con la certeza que de conformarnos al inmovilismo, la gobernabilidad se antoja complicada.
Por ello, propongo un cambio constitucional que apuntale la división en el ejercicio del poder, fortaleciendo el órgano colegiado que por excelencia es representante de la soberanía popular. Institución que además en la pluralidad de su conformación interna cumple con el anhelo de representación soberana, en donde la diversidad de ideas se convierte en el eje central del discurso político, convirtiéndose en mosaico invaluable de la conformación nacional: el Poder Legislativo.
Conformación plural que si bien es cierto se ha venido consolidando desde la primeras reformas en materia electoral que en la década de los setentas permitieron la participación de la oposición en la "máxima tribuna de la Nación", también lo es que hasta la reciente conformación de fuerzas a su interior, en donde ninguna fuerza política ha logrado desde 1997 la mayoría relativa, ha convertido al Congreso en rehén de los intereses partidistas y personales que no parecen dimensionar la verdadera finalidad con que se conforma el poder legislativo.
Ello resulta de suyo resulta grave, sobre todo si consideramos que, sin detrimento de ninguna función del Estado, el Legislativo se constituye en el garante del ejercicio soberano del pueblo que consagra nuestra carta magna. Por ello, la urgencia y necesidad de fortalecer este función para que se convierta en el equilibrio y contrapeso indispensable para garantizar el sistema democrático de nuestro país.
No podemos olvidar que el Legislativo adquiere gran importancia, ya que éste se conforma por la pluralidad de ideas que se recogen de la sociedad y que son representadas a través de los diputados como representantes populares, por lo que mi argumento principal se centra en el fortalecimiento de este poder, aunque resulta obvio, que todos deben (le estar igualmente fortalecidos. No debernos sacrificar los más por lo menos.
Todo ello con el sentir de la población representada en el Congreso, a través de mecanismos que permitan el buen funcionamiento...
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