Perspectivas ante la entrada en vigor de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica

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El pasado 28 de junio, la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), el cual entró en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 29 de junio de 2006. Con este decreto entraron en vigor nuevas disposiciones de la LFCE, y con ello se intentan mejorar los procedimientos de la autoridad para determinar la existencia de prácticas monopólicas, se tipifican nuevas acciones anticompetitivas, se incrementan las multas y se estipula con carácter obligatorio la aplicación de las opiniones y sugerencias que emita la Comisión Federal de Competencia (CFC). Conforme al decreto, se reforman 25 artículos y se adicionan 11, en los que se establecen medidas para promover la competencia y la libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios y de prácticas anticompetitivas que impidan el funcionamiento eficiente de los mercados.

Cabe destacar que uno de los cambios más representativos se dio en materia de sanciones, ya que en el artículo 35 de la LFCE se establecen multas de hasta 40 millones de pesos para prácticas relativas a convenios, contratos o actos en los que incurran varias empresas para sacar del mercado a otras; también se han dispuesto multas de 60 millones para prácticas absolutas por acuerdos que efectúen agentes para fijar precios, repartir mercado o realizar cualquier otra práctica monopólica.

En este orden de ideas, cuando las empresas reincidan en las prácticas monopólicas, las sanciones se podrían duplicar o hasta podría cobrarse el equivalente al 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o 10% de los activos de la compañía que haya cometido la infracción. Los recursos que se obtengan por infracciones, se destinarán a los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, en las nuevas disposiciones se establece que las investigaciones de la CFC podrán iniciar de oficio o a petición de parte; el periodo de investigación podrá ser desde un mes hasta un año.

Además, para determinar la existencia de prácticas desleales, la CFC podrá emitir conclusiones a partir del análisis de aquellas que tengan que...

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