La Participación Ciudadana en la Prevención de la Corrupción
| Autor | Dr. José Fernández de Cevallos y Torres |
| Páginas | 58-59 |
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La corrupción en la gestión de los asuntos públicos se ha convertido hoy en uno de los problemas básicos de México. Tratándose de un fenómeno tan antiguo, el uso desviado del poder en beneficio de intereses privados ha adquirido una importancia extraordinaria debido a diversos factores, de los que se destaca la percepción generalizada de la corrupción.
Transparencia Mexicana (tm) a través de su índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (incbg), analiza la incidencia de la corrupción en 35 servicios públicos prestados tanto por autoridades federales, estatales y municipales, como por particulares concesionarios o administradores de los mismos. Se trata de un amplio grupo de servicios públicos que van desde la inscripción en escuelas oficiales, obtención de actas, licencias o permisos, hasta el acceso a la salud pública en caso de urgencia o la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.
Los resultados aportados por tm son alarmantes, sólo en 2010 para acceder o facilitar los trámites y servicios públicos analizados, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en "mordidas", identificándose como consecuencia de las mismas 200 millones de actos de corrupción. En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso en esta tramitología de los servicios, siendo los más afectados los hogares con ingresos menores a un salario mínimo, a los cuales la corrupción les representó un perjuicio en el 33% de su ingreso.1 Por otro lado Transparencia Internacional (ti) en su índice de Percepción de la Corrupción 2014, coloca a México en el lugar 103 de 175 países, con una vergonzosa calificación reprobatoria de 35 puntos sobre 100, situándolo como uno de los más corruptos en la región.2
Si pretendemos combatir eficazmente este grave mal, conviene hacer una reflexión sobre los datos apuntados. Esos 200 millones de actos de corrupción de los que habla tm y que se verificaron en un año, responden en su mayoría a un delito de cohecho, por el cual los servidores públicos o los concesionarios encargados de proporcionar un servicio, solicitaron o aceptaron una "coima"o "mordida", a efecto de facilitar o prestar el servicio público que están obligados a proporcionar. Esta realidad que se analiza, se traduce en que, paralelo a la administración y dentro de los cauces de la ilegalidad, existe una especie de subsistema que sirve para acceder a bienes y servicios, dentro del cual el particular en ocasiones actúa voluntariamente, pero...
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