La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Rosalva Aída Hernández Castillo
| Autor | Magdalena Gómez |
| Páginas | 131-133 |
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reseña
compte rendu
TRACE 57 (Junio 2010): págs. 131-133 www.cemca.org.mx
D.R. © 2010. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. México, D.F. ISSN: 0185-6286.
La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas
Rosalva Aída Hernández Castillo (coord.)
Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) / Internacional
Work Group for Indigenous Affaire (IWGIA), 2007 reimpresión; 1ª edición 1998, 156 págs.
Magdalena
Gómez
Este libro nació bajo el signo de la oportunidad, la congruencia el profe-
sionalismo y compromiso tanto de su coordinadora como de las autoras.
Se publicó a escasos cuatro meses de ocurrida la masacre de Acteal y
se reimprime en el contexto de la campaña emprendida desde la revista
Nexos por Héctor Aguilar Camín para colocar una hipótesis perversa que
le permita al poder y sus personeros mantener la impunidad. Creo que la
oportunidad tiene que ver con la casa que lo edita, el Centro de Investigación
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con la sensibilidad
que le acompaña para estos temas.
Como sabemos, Héctor Aguilar Camín intentó reubicar el centro ya no
en una masacre concertada y auspiciada, sino en un enfrentamiento o
“batalla” entre paramilitares y milicianos zapatistas. En un texto seriado
se construyó el escenario para asentar tal aseveración (cf. revista Nexos).
Con una lógica a ratos formal, a ratos aritmética, se cuestionó una y otra
vez la llamada versión “común” después de “descubrir” que no guarda
correspondencia el número de agresores y de posibles víctimas, el número
de armas con él de muertos y muertas. Se sacó la vuelta a evidencias que
se aparecían en el camino discursivo como las que acreditan la concerta-
ción de fuerzas de seguridad de la entidad chiapaneca o la asignación de
armas y recursos a civiles antizapatistas o priístas, esto es, la formación
de grupos paramilitares y la intervención del ejército en ello; también se
eludió el golpe oficial para provocar desde el Gobierno federal la crisis en el
diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Todo en
el contexto de ubicar el 22 de diciembre de 1997 como el día “señalado”
para satisfacer “una venganza”.
La intención de construir un enfrentamiento armado a partir de las de-
claraciones, 10 años después, de quienes ahora asumieron que estaban
listos para “decir la verdad” y dan detalles a modo para dibujar “la batalla”,
no resiste la prueba del contexto de 1997. ¿Es creíble que el secretario
de Gobernación de entonces y el gobernador chiapaneco aceptaran su
destitución si “tenían evidencias” que colocaban en sus redes al EZLN? ¿La
Procuraduría General de la República construyó su libro blanco con las
distorsiones del caso para “explicar” una masacre negando la existencia
de grupos paramilitares, para que de paso con ello “se ocultara una ba-
talla”? ¿Es verosímil que les importaba tanto el diálogo con el EZLN que le
“perdonaron” que hubiese roto el cese al fuego? ¿Por qué Albores meses
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