Ottavio Sferlazza. Por qué se corrompen los servidores públicos
| Autor | Rossi Sotelo |
| Páginas | 24-28 |
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Las organizaciones mafiosas no sólo se han ido adecuando paulatinamente, al mismo tiempo condicionándolos, a ciertos mecanismos torcidos de desarrollo con la finalidad de crear espacios de intermediación parasitaria, sino que se han ido imponiendo y arraigando progresivamente en el tejido social, sobre todo en las áreas geográficas en que con mayor sensibilidad se manifestó la crisis ético-social de las instituciones, como estructura de poder político y económico que suele vivir en simbiosis con el poder político oficial.
Creo que uno de los problemas más graves de algunos países es la desconfianza en las instituciones y en las fuerzas del orden.
Y no se puede dudar del fuerte redimensionamiento del poder corruptor del narcotráfico y de sus enormes capacidades de infiltración.
La prevención de los delitos de los servidores públicos constituye una prioridad, antes que nada por el derroche de recursos públicos en un momento histórico de crisis econó-mica mundial, que determina una grave disminución del gasto nacional y, por lo tanto, de los servicios públicos, que paradójicamente afecta a las clases más pobres y débiles.
La corrupción, la evasión fiscal, la mafia, cuestan millones de dólares; entonces, eliminarlas constituye el medio justo para salir de la crisis.
La lucha contra la corrupción es de importancia fundamental para la reactivación socioeconómica de muchos países afectados por este grave problema.
Esta gran cantidad de dinero que se resta para cualquier país es un robo perpetrado a los ciudadanos. No pudiendo disponer cada año de ese dinero, nuestras comunidades tendrán un campo deportivo menos, un centro de ancianos menos; hospitales, escuelas, transportes públicos menos equipados; menor cuidado del medio ambiente, del territorio, del patrimonio artístico. Entonces la legalidad nos conviene. En resumen, sería “más legalidad es igual a menos corrupción”, a mejor calidad de la vida.
Pero hay otro perfil que merece ser subrayado en una perspectiva más amplia de desarrollo sociopolítico. Me refiero a la estrecha conexión entre la “opacidad” de la gestión de la “res publica”, la corrupción y la criminalidad organizada, sobre todo en países como Italia y México, que se caracterizan por la fuerte presencia y operatividad de organizaciones delincuenciales peligrosas.
Donde no hay una ética pública que se haga cargo del principio de responsabilidad, en el cotidiano modo de ser y de obrar de la sociedad y de las instituciones, una buena ley es un gran instrumento que podría revelarse útil a condición de que sepamos utilizarla con sabiduría.
Contra el hampa y la ilegalidad se necesitan leyes rigurosas e instituciones resueltas a aplicarlas. Pero, sobre todo, se necesita una difundida intransigencia moral, una acción convencida de ciudadanos que no tengan miedo de ser definidos moralistas, que se acuerden a cada momento que la vida pública exige rigor y honradez.
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