Los ninis, la inseguridad y la ineficacia gubernamental
| Autor | Lic. Janet Huerta Estefan |
La concepción que mantiene la administración actual es de negligencia e irresponsabilidad. Para el titular del Ejecutivo no hay otra prioridad que legitimarse y reproducir el control mediante el uso excesivo y ostentoso del sistema penal autoritario. Con esta visión reduccionista y monotemática, los jóvenes no representan un sector prioritario en la instrumentación de políticas públicas. La miopía es evidente, puesto que es precisamente el amplio sector juvenil el que juega un papel como víctima y victimario en la constelación de la violencia social. Es más, hasta los datos elaborados por la Secretaria de Educación Pública, en un reciente estudio denominado, Los Jóvenes Mexicanos: Situación Actual y Desafíos Futuros, evidencian la grave situación por la que atraviesa este grupo etario.
Algunas variables del citado abordaje son: en relación con el salario mínimo de los más de 14 millones de jóvenes del país (de entre 12 y 29 años de edad) con alguna ocupación laboral, cerca del 50% percibe de uno a tres de estos sueldos; 14.5% gana menos de uno; 20.8% recibe de tres a cinco; a 11.7% le pagan uno superior a cinco y 7.3% no es retribuido por su trabajo. Sólo hablamos del porcentaje que cuenta con alguna actividad laboral. El total de ese grupo de edad asciende a 35 millones, con lo cual se constata la brutal exclusión y precarización que viven.
Incluso, al profundizar en las condiciones de los que cuentan con una plaza, 56.7% carece de prestaciones de ley; 35.2% tiene acceso a instituciones de salud y goza de otras prestaciones; 6% no tiene servicios de salud, pero posee alguna prestación; en tanto que sólo el 2.1% cuenta con servicios de sanidad en centros públicos. En este mismo tratamiento, de acuerdo a la reciente encuesta de valores, el 84.5% de los jóvenes piensa que “sin buenos contactos es difícil avanzar en la vida”; 95.2% considera “que es muy importante el ahorro”; 91.3% expresa “que si tuviera dinero preferiría emprender un negocio propio a continuar como asalariado”; y 51.2% confiesa “que tomar riesgos le causa emoción y no angustia”.
De igual manera, cuando los jóvenes se miran en el espejo ubican las adicciones y la falta de oportunidades laborales y educativas como los principales problemas que enfrentan, aunque también incluyen los conflictos de integración social, familiar y la soledad, entre otros. Asimismo, existe un vector extraordinariamente revelador y contradictorio: comparativamente, cada vez más terminan la educación básica, media superior y superior. Como lo reflejan las siguientes cifras: en 1990 de cada 100 estudiantes que años antes habían ingresado a la primaria, 93 la terminaron; 64 concluyeron la secundaria; 34 el bachillerato y 14 la licenciatura. Ahora, en 2010, por cada 100 jóvenes que se habían colocado en la primaria en años previos, 97 la terminaron, 81 se graduaron de secundaria, 49 finalizaron la educación media superior y 21 concluyeron la carrera.
Sin embargo, estos cambios en la eficiencia terminal, si bien son positivos, no reflejan un cambio cualitativo en la vida de los muchachos, por que se presenta un fenómeno de notable discriminación y exclusión para quienes son pobres, como se refleja en la siguiente realidad: Conforme se avanza en los niveles de estudio, es más difícil para los jóvenes de familias con bajos ingresos permanecer en la escuela. Así, 60% de los alumnos de educación básica se encuentra en los primeros cuatro déciles de ingreso (los más bajos), en contraste, en educación superior sólo representan 19% de los que provienen de ese nivel económico. Es decir, está clarísimo que la inserción educativa tiene un proceso de cortes y de expulsión.
Los pobres transgeneracionalizan sus condiciones y sólo una minoría son los que pueden superar esa especie de “darwinismo social” que fractura a la juventud en la sociedad capitalista. Un ejemplo gráfico de ello, es la declaración de la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, quien afirma que 4 de cada 10 alumnos en bachillerato, y una cantidad igual en el nivel superior, no concluyen sus estudios en el IPN; aduce la falta de recursos económicos y que algunos de los programas de estudio tienen “tal rigidez que terminan siendo aburridos”. En suma, los ninis son un sector excluido y olvidado del gobierno.
A Felipe Calderón sólo le interesa poner en práctica dispositivos reactivos. El análisis que le han hecho sus asesores y que él lo ha hecho propio, es tan simple como ineficaz.
Creer que mediante la amenaza de la pena se puede inhibir a la criminalidad, es reproducir discursos remisos y carentes de sustento medible y comprobable. Recuerdo lo que decía Víctor Hugo frente al dogma punitivo: “quienes sostienen que el sistema penal resuelve todo, es creer que la construcción de una casa empieza por el techo”. Esto podría ser un buen epitafio de la administración calderonista.
Los datos son unos auxiliares muy eficaces para comprobar si una política pública da resultados.
Hasta el Banco Mundial (BM) exhibe los excesos de la administración panista. El gasto militar en México creció en el último año a una cifra sin precedentes de 64 mil 348 millones de pesos, un incremento del 44% respecto del monto registrado al inicio de la administración del presidente Calderón. En contraste, mientras se asignaron mayores recursos a la compra de armas y al mantenimiento de tropas, la tendencia de gasto en educación y salud tuvieron incrementos marginales. Un ejemplo incontestable, es que desde el inicio de la actual administración federal, el gasto por habitante en salud se mantuvo prácticamente estancado, con un...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba