La necesaria construcción de un sistema público de pensiones para la sociedad mexicana

AutorBerenice Ramírez
CargoInstituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)
Páginas967-1001
EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXXVI (4), núm. 344, octubre-diciembre de 2019, pp. 967-1001
967
* Artículo recibido el 21 de agosto de 2019 y aceptado el 30 de agosto de 2019. Agradezco los
comentarios de Roberto Ham, Alberto Valencia, Isalia Nava, Abraham Granados y el apoyo
de investigación de Gabriel Badillo. Los errores u omisiones son responsabilidad de la autora.
** Berenice Ramírez, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México () (correo electrónico: berenice@unam.mx).
doi: 10.20430/ete.v86i344.982
La necesaria construcción
de un sistema público de pensiones
para la sociedad mexicana*
The need to build
a system of public pensions
in Mexican society
Berenice Ramírez**
AbstrAct
Following the indicators used by the International Labor Organization () in
its studies and the publication Reversing Pension Privatizations: Rebuilding Public
Pension Systems in Eastern Europe and Latin America (2018a), this analysis evalu-
ates pension systems in Mexico in order to contextualize the debate regarding the
following questions: Are privatizations a failure? Do we have to reverse privatiza-
tions or just reform the current system? Would it be enough? Or, do we have to
build an integral system of public pensions? This paper presents a diagnosis of the
current situation of the pension system in Mexico, in order to contextualize possible
responses and the main challenges and circumstances for Mexican society. The lack
and insufciency of pensions for an aging population where most people work in the
informal sector with low-income jobs poses a challenge to the pension system.
Keywords: Public pensions; dened contribution; privatization; employment;
informality; aging.
EL TRIMESTRE ECONÓMICO 344968
resumen
A partir de los indicadores que utiliza la Organización Internacional del Trabajo
() en su estudio y publicación Reversing Pension Privatizations: Rebuilding
Public Pension Systems in Eastern Europe and Latin America (, 2018a) se
evalúan los sistemas de pensiones en México, para situar la discusión acerca de las
siguientes preguntas: ¿La privatización ha sido un fracaso? ¿Se requiere reversión de
la privatización o solamente reformas al actual sistema? ¿Sería suciente? o ¿habría
que construir un sistema integral de pensiones públicas? Para situar las posibles
respuestas, se presentan el diagnóstico y la situación actual de los sistemas de
pensiones en México, así como los principales retos y escenarios para la sociedad
mexicana, ante la ausencia y la insuciencia de pensiones en un contexto de mayori-
taria informalidad en empleo, bajos ingresos y envejecimiento demográco.
Palabras clave: pensiones públicas; capitalización individual; privatización; empleo;
informalidad; envejecimiento.
IntroduccIón
La Organización Internacional del Trabajo (, 2018a) dio a conocer
en octubre de 2018 el estudio titulado Reversing Pension Privatizations:
Rebuilding Public Pension Systems in Eastern Europe and Latin America.
Un fragmento de este trabajo apareció publicado en el número 343 de El
Trimestre Económico. La  está poniendo a discusión un tema que tiene ya
más de dos décadas, en el que diversos autores (Mesa Lago, 2004; Barr, 2002;
Uthoff, 2017; Holzmann y Stiglitz, 2001; Ham, Ramírez y Valencia, 2008;
Ramírez y Valencia, 2008; Ulloa, 2017; Willmore, 2001) han cuestionado
el paradigma de la privatización de las pensiones públicas que las condujo
a convertirlas solamente en un sistema obligatorio de ahorro individual,
en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social. Esta perspectiva
está manteniendo y profundizando las enormes distancias de ingreso,1 la
creciente desigualdad y el probable crecimiento de la pobreza en la vejez,
1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (), los hogares
más pobres tienen un ingreso diario de 101 pesos, a diferencia de los 1 853 pesos diarios que perciben los
hogares más ricos (, 2018).
RamíRez, La necesaria construcción de un sistema público de pensiones 969
frente a la falta del mantenimiento de ingresos ante los riesgos del ciclo vital
(enfermedad, discapacidad, riesgos de trabajo, desempleo, vejez y muerte).
El diagnóstico que a continuación se presenta se organiza tomando como
referencia los indicadores de evaluación que la  desarrolla en su estudio.
I. ¿QuIénes prIvAt IzAron?
De 1981 a 2014, unos 30 países privatizaron total o parcialmente sus pensio-
nes obligatorias públicas de seguridad social. De éstos, 14 se sitúan en
América Latina, 14 son de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética y
dos del continente africano.2
En América Latina la privatización de las pensiones públicas acompañó la
puesta en marcha de las reformas estructurales que consolidaron un modelo
de desarrollo basado en la dinámica del mercado externo, en detrimento de
los mercados internos nacionales, para lo cual se apoyaron en políticas
de apertura y liberalización comercial y nanciera y en la revaloración del
papel central del mercado, con modicaciones sustanciales en las funciones
del Estado. Estos procesos abrieron el camino para desarrollar los merca-
dos de capitales y consolidar la globalización, particularmente del capital
nanciero mediante el desempeño de índices accionarios, bolsas de valores
activas, creciente participación de inversionistas institucionales (administra-
dores de fondos de pensiones), así como mediante las transferencias estable-
cidas entre el Estado y el mercado en el comportamiento de instrumentos
de deuda como los bonos, que se han generalizado desde la década de los
noventa (Rodrik, 2011; Stiglitz, 2002; Harvey, 2011). En buena medida, las
crisis internacionales como la de 2007 han demostrado los efectos nancie-
ros negativos en el ahorro que los trabajadores hacen para su retiro y han
inuido en las reformas y reversiones a la privatización de las pensiones
públicas.
2 En América Latina: Chile (1981), Bolivia (1997), México (1997), El Salvador (1998), República
Dominicana (2013), República Bolivariana de Venezuela (1997-2002), Argentina (1994-2008), Uruguay
(1996), Costa Rica (2000), Panamá (2008), Perú (1993), Colombia (1994), Nicaragua (2000, no entró en
vigencia) y Ecuador (2001, está suspendida) (Mesa Lago, 2004). En Europa: Hungría y Kazajstán (1998),
Croacia y Polonia (1999), Letonia (2001), Bulgaria, Estonia y la Federación Rusa (2002), Lituania y
Rumania (2004), Eslovaquia (2005), Macedonia (2006), República Checa (2013) y Armenia (2014). En
África: Nigeria (2004) y Ghana (2010) (, 2018a).

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