Del nacionalismo revolucionario a la transformación democrática

AutorCésar Camacho
Cargo del AutorCoordinador del grupo parlamentario del PRI
Páginas23-43

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De las exigencias, los ideales y las luchas sociales que propulsaron a la Revolución Mexicana, emergieron fuerzas políticas transformadoras que, cohesionadas por un interés superior, recuperaron lo esencial de un pasado común y delinearon una propuesta que cobró vida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Constitución que —sin perder ni cambiar su esencia, encauzando la interacción de norma y realidad gracias a su ductilidad— desde entonces se adapta permanentemente y ahora mismo nos da certeza acerca del futuro.

Del Constituyente de 1917 a los gobiernos posrevolucionarios

En buena medida, nuestro país es resultado no sólo de las batallas bélicas, sino de las intelectuales que, con razonable éxito, culminaron en decisiones mayoritarias o consensos benéficos para el país. Trascendental para la conformación de nuestra nación, el Congreso Constituyente de 1916-1917 funcionó como debate refundacional que, al dar origen a la Constitución,

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trazó el perfil de un país que se propuso acometer los retos de la modernidad.

En palabras de Jesús Reyes Heroles:

en 70 días intensos, ardientes, poco más de 200 hombres, con el verbo y las ideas, las pasiones y las razones, representaron a un pueblo y, de sus afanes emanó un texto jurídico y un proyecto histórico-político para México. Una actitud espiritual, un estado de ánimo henchido de optimismo, parecía dotar al pueblo mexicano de una capacidad transformadora prácticamente ilimitada. Lo de anteayer y lo de ayer se iba a realizar a partir de un potente hoy, un fuerte ideario conducía la indomable corriente: alcanzar, venciendo factores rezagantes, un México mejor. Un principio moral adoptado por la suprema razón, evaluando hechos y tendencias, intentaba hacer muchas cosas grandes, la primera de las cuales era hacer más grande el nombre de México.1El Constituyente comenzó el debate acerca de un aparente dilema que, al final, no fue tal. De un lado, los llamados “liberales clásicos”, quienes buscaron que la nueva constitución se asemejara a la de 1857 cuanto fuera posible. Del otro lado, los radicales: impulsores de las reformas de corte social, para quienes ésa era la oportunidad de cambiarlo todo. Unos y otros tenían en común ser constitucionalistas; por ello, sus diferencias fueron de matiz y no de grado, pues permeaba entre ellos el interés superior de la nación y la convicción de recuperar el orden legal e institucional, así como la decisión de elaborar el texto de la Ley de leyes a partir de las más sentidas demandas políticas y sociales que durante la Revolución habían alcanzado un grado de violencia sin precedentes.

Logró imponerse, entonces, la convicción de que la Revolución sólo podía estabilizarse si se incorporaban las demandas que motivaron a millones de mexicanos a participar en ella. Esto dio origen a una constitución inspirada en los ideales de

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igualdad, libertad y justicia social. El texto mereció el respaldo de las llamadas fuerzas progresistas revolucionarias que, en su mayoría, participaron en su redacción. Así, desde su origen, se forjó en torno al texto fundamental una tradición que dio vida a una cultura cívica, que tuvo como base la legalidad y el compromiso con los pilares de la Carta Magna, que son los mismos de la nación.

La Constitución heredó el liberalismo político de 1857, especialmente en lo concerniente a los derechos humanos, enunciados como “garantías individuales”, pero también incorporó una visión social por medio de nuevos e importantes derechos de las personas y obligaciones de las autoridades, plasmados en los icónicos artículos 3o., 27, 123 y 130, entre otros. Además, reforzó el republicanismo; consolidó un Estado de derecho con igualdad ante la ley; robusteció al Estado laico y a la libertad de creencia, reservando la práctica religiosa a la vida privada de las personas; mantuvo una división de poderes, para que sea el poder quien detenga al propio poder y evite su abuso; fortaleció al Poder Ejecutivo, dio autonomía al Judicial, además de reconocer la soberanía de los estados y la libertad de los municipios, entre muchas cuestiones.

De suerte que la Constitución es, en suma, la concreción de los ideales revolucionarios. “Hecha por y para el pueblo, es la expresión consumada del deseo nacional”, afirmó Peter
H. Smith, desde la perspectiva ciudadana. A lo que, desde el ángulo visual del gobernante, agregaría el presidente de la República, Lázaro Cárdenas: “la Constitución y las leyes de la República serán mi norma infranqueable en el cumplimiento de mi deber. La Revolución ha ido convirtiendo en normas jurídicas y morales sus postulados y sus tendencias, dignificán-dose así como gobierno de instituciones”.2La Ley Fundamental de 1917 dio origen a un constitucionalismo singular, que perdura hasta nuestros días, mediante

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el cual se logró que las leyes no sólo se limitaran a organizar políticamente al Estado, sino que reconocieran y protegieran a los grupos sociales, lo que significaría un parteaguas en el mundo jurídico, pues se le consideró la primera Constitución liberal que, a su vez, tuteló derechos sociales. Sobre esas sólidas bases jurídicas, nuestro país se abrió paso en las primeras décadas del siglo pasado.

A partir del 5 de febrero de 1917, en su concepción institucional, así como en su organización social y su estructura económica, podríamos decir que, en su vida misma, México era una nación totalmente diferente, reforzada por fuertes y progresistas principios, con los que el país entró plenamente al siglo xx.

Una vez pacificado el territorio nacional, la actividad política fue tomando el cauce de la legalidad y la institucionalidad; y con el propósito explícito de enarbolar los ideales heredados de la Revolución, en 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario (pNr) —organismo político de grupos sociales— que reconoció los principios que guiaron a la Independencia, la Reforma y la Revolución, y que se nutrió de los postulados y aspiraciones contenidos en la Constitución.

A eso se referiría Adolfo López Mateos al aseverar que

el Partido sostiene la filosofía de la Revolución Mexicana, anhela el cumplimiento de los principios constitucionales en que se resumen los ideales y postulados de la propia Revolución, considera que la meta de nuestro progreso se halle en la elevación de todos los niveles de nuestro pueblo, respecto de su salud, de su cultura, de su vida material y de su nivel cívico que permite al individuo el goce de sus derechos indeclinables y la posibilidad de intervenir en las tareas gubernamentales que pertenecen a todos.

Sin cambiar nunca su esencia ni sus reivindicaciones sociales, el pNr dio paso al Partido de la Revolución Mexicana (prm) y éste al Partido Revolucionario Institucional (pri), que crearía

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e impulsaría instituciones fundamentales para la transformación ascendente de la nación a lo largo del siglo xx, protagonizando el desarrollo social y el fortalecimiento de la democracia. Esa misma organización partidaria que, en la nueva centuria, está comprometida con la transformación del país, para multiplicar oportunidades y propiciar que todos vivamos con prosperidad, justicia y paz.

La Constitución, el gobier no y el PRI: historias entrelazadas

Durante los gobiernos priistas, y como resultado del trabajo de las instituciones surgidas de nuestro Código Político, México entró en el periodo de estabilidad más largo de su historia, en cuyo tránsito, las generaciones que nos antecedieron pusieron a tono el texto constitucional, sin alterar los acuerdos políticos que le dieron origen, con el ánimo de adecuarlo a cada tiempo. Ello da cuenta de la adecuada y exhaustiva labor que el Congreso de la Unión realizó para mantener vivo el espíritu del Constituyente.

En tanto cúmulo de propósitos, preceptos e ideales propuestos por fuerzas de origen revolucionario y aprobado por una asamblea representativa de la sociedad, la Constitución fue, desde el principio, origen de la legitimidad de los gobiernos emanados de la Revolución. Por su parte, organizaciones y sectores diversos dieron consistencia y rumbo al Partido que, en continua evolución, fue espejo fiel e instancia eficaz de una sociedad crecientemente compleja y en plena expansión.

Fue así que a lo largo de la mayor parte del siglo pasado, la historia de la Constitución, la de los gobiernos emanados de ella y la del Partido, fueron entrelazándose, formando un todo, una triada, aunque manteniendo cada cual su propia condición. En ocasiones, las acciones de gobierno impulsaron reformas constitucionales que, a su vez, exigieron una adaptación del Partido; en otras, fueron los legisladores quienes, al

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reformar la Constitución, provocaron transformaciones gubernamentales y partidistas. En otras ocasiones fue el pri quien se anticipó a reformas jurídicas, modificando sus documentos básicos y predisponiendo el rumbo de las políticas públicas. De ese modo se consolidó el régimen jurídico y político de los últimos cien años.

Por ejemplo, en 1936 se modificó el artículo 27 de la Ley Fundamental para terminar con las concesiones relativas al petróleo e hidrocarburos, dando paso a la expropiación petrolera en 1938 y a la creación de Petróleos Mexicanos (pemex), compañía que se encargaría de la exploración, producción y refinación de hidrocarburos, en aras de impulsar el desarrollo de la nación.

Días después de la expropiación, evidenciada la necesidad de transformar al Partido en concordancia con los rápidos cambios sociales y económicos del país, la dirección nacional del pNr, a cargo de Silvano Barba González, lanzó la convocatoria para celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva.

Al...

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