Mujeres y gobiernos municipales en Mexico: lo que sabemos y lo que falta por saber.
| Autor | V |
| Cargo | Report |
Women and municipal governments in Mexico: what do we know? what do we still need to know?
INTRODUCCIÓN
La política es el espacio donde "se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, qué le toca a cada quien, cómo y cuándo" (Pechard, 2001, 9). En el sistema político denominado "democracia", el ejercicio de la política comúnmente se hace a través de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Incluye también la militancia partidista, participación en manifestaciones, apoyo a candidatos, votar y, en un sentido más amplio, toda acción encaminada a tomar decisiones relacionadas con el ejercicio del poder (Fernández, 1995).
La teoría política otorga un lugar preeminente a las instituciones municipales, al considerar que en ellas la ciudadanía adquiere los principios básicos de la democracia, participa en la solución de problemas locales y se restringe la interferencia del poder centralizado. Por ello, el municipio es considerado "una escuela para la democracia". La pluralidad política tiene mayores posibilidades de desarrollarse en elecciones municipales, en la medida en que la oposición vaya obteniendo más victorias y tome parte de la responsabilidad de gobernar. De hecho, fue en el terreno municipal donde empezó a brotar la pluralidad política mexicana (Massolo, 1998a).
El municipio es la célula básica de la organización política y administrativa del Estado. Consta de dos partes: el ayuntamiento--espacio del poder municipal compuesto por presidente, síndico y regidores--y la propia administración. El síndico coordina la comisión de hacienda, vigila la recaudación y aplicación de fondos públicos, el cumplimiento de la ley, además de ejercer la personalidad jurídica del municipio junto con el presidente municipal. Las facultades y obligaciones de las regidurías no están muy claras en la ley, pero sus atribuciones consisten en participar con voz y voto en las sesiones de cabildo, desempeñar comisiones, vigilar el cumplimiento de las leyes y presentar iniciativas de modificación de reglamentos, entre otras. Pueden ser de mayoría relativa y representación proporcional y su número varía de acuerdo con el tamaño del municipio. Gobiernan por un periodo de tres años y pueden ser reelectas. Las regidurías se han manejado como reparto de cuotas de poder, pago de favores, premio de consolación y decoración en torno al Ejecutivo (Massolo, 1995, 1998b).
La otra parte del municipio es la propia administración, en la cual se ocupan puestos directivos y se realizan funciones que son competencia de los gobiernos locales establecidas en el artículo 115 de la Constitución: registro civil, cobro de impuestos de propiedad, obra pública, entre otros. El gobierno municipal interactua con autoridades auxiliares (delegaciones, comisarías, agencias) y diversos comités y asociaciones ciudadanas (Massolo, 1995). Sin embargo, a pesar de dos reformas al artículo 115 (en 1983 y 1999) para incrementar su ámbito y libertad de acción, la gestión municipal aún sufre severas limitaciones debido a la falta de autonomía de los ayuntamientos; su subordinación a las instancias federales y estatales; la carencia de un marco normativo adecuado a las demandas de la ciudadanía y de recursos económicos para trabajar, y la incapacidad de enfrentar la complejidad del México actual, entre otros factores (Pardo, 1998; Gadsen, 2003). Las reformas "otorgaron al municipio nuevas facultades, pero no avanzaron en la creación de un diseño institucional que otorgara incentivos y estableciera reglas para que este órgano constitucional asumiera sus nuevas responsabilidades" (Rodríguez, 2008, 2).
Otro reto que enfrentan los gobiernos municipales es la baja presencia de mujeres en los ayuntamientos. A lo largo de dos décadas el número de presidentas municipales ha aumentado únicamente un punto porcentual: de 2.9 por ciento en 1986 a 3.8 por ciento en 2006. La cifra es significativamente baja, comparada con otros espacios (en 1985, 10.5 por ciento de los diputados federales eran mujeres; en 2006 el porcentaje ascendió a 25.8 por ciento). (1) En 2002, 6.8 por ciento de los síndicos eran mujeres, así como 15.9 por ciento de los regidores; para 2004 estos porcentajes habían ascendido a 11.5 y 28 por ciento, respectivamente. Puede verse que cuanto más alto es el cargo en el ayuntamiento, menor es el acceso de las mujeres (Barrera y Aguirre, 2003a). En pocas palabras, la presidencia municipal destaca como un espacio de muy difícil acceso para el sexo femenino.
Las cifras reflejan una verdadera paradoja de la democracia mexicana: es en el ámbito de los gobiernos municipales donde las mujeres tienen una participación ciudadana más activa y, sin embargo, su número en puestos de poder es muy reducido (Rodríguez y Cinta, 2003). Las políticas de ajuste estructural implementadas en los años ochenta impulsaron a las mujeres a involucrarse en programas comunitarios, destacándose en actividades de gestión ante gobiernos locales. sin embargo, es difícil encontrarlas en los niveles más altos de poder (Sam, 2000). La transición democrática mexicana tiene, entre sus principales retos, aumentar la participación de las mujeres en gobiernos locales, como un elemento fundamental para consolidarse. En palabras de Massolo (1998b, 46), "la pluralidad política y la pluralidad de género deben caminar juntas a favor de ayuntamientos democráticos, autónomos y eficaces".
Esta paradoja ha llamado la atención de diversas investigadoras que desde finales de los noventa y particularmente durante los primeros años del presente siglo han documentado un tema muy poco estudiado en México. El objetivo de este artículo es hacer una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema con el fin de establecer los conocimientos que actualmente tenemos y, a partir de ellos, apuntalar futuras líneas de investigación.
MUJERES, POLÍTICA FORMAL Y GOBIERNO MUNICIPAL
El presente artículo se centra únicamente en la participación de mujeres en cargos de elección popular en gobiernos municipales. Esto es lo que Tuñón (1994) ha denominado el ámbito de la política formal, que incluye las áreas institucionalizadas de participación pública (estructuras del Estado a través de sus tres poderes y tres órdenes de gobierno; órganos de representación popular; partidos políticos). La política informal abarca sectores de la sociedad civil organizada, tales como movimientos sociales, sindicatos y ONG. La separación entre política formal/informal obedece principalmente a criterios metodológicos, ya que ambos espacios se influyen mutuamente. Por un lado, la democracia no puede prosperar con el Estado autoritario, corporativo y clientelar de la posrevolución mexicana. La participación de las mujeres en movimientos sociales ha sido central para coadyuvar a construir una cultura ciudadana con las instancias políticas correspondientes (Barrera y Aguirre, 2003b). Por el otro, la participación femenina en la estructura de gobierno se inscribe en el marco de un gran cambio cultural que contribuye a construir nuevos horizontes de igualdad para la sociedad entera (Amorós, 1990).
Las mujeres mexicanas participan ampliamente en la política informal, pero de manera coyuntural, indirecta y anónima (Chaney, 1983; Fernández, 1995, 2003). Su participación tomó forma en los setenta y adquirió especial relevancia durante el terremoto de la ciudad de México (1985), el movimiento por la democracia centrado en las elecciones presidenciales (1988) y la rebelión neozapatista (1994). Los trabajos de Bernal (2000), Acuña (2000), Islas (2001), Canabal (2002), Bonfil (2002), Aguirre (2003), Espinosa (2000, 2002, 2004) y Millán (2006), entre otros, dan cuenta de ello; tienen en común partir de la perspectiva de género para examinar la transformación (o falta de) de los papeles tradicionales de género a raíz de la participación femenina en espacios públicos, así como analizar la forma en que distintos sectores (campesino, indígena, colono, feminista) incorporan a las mujeres en sus filas y retoman sus demandas.
Los resultados de estas investigaciones nos muestran la existencia de una estructura piramidal masculina en organizaciones sociales; la reproducción de espacios y tareas tradicionalmente femeninas en el activismo; la problemática de una doble o tripe jornada en la vida de mujeres líderes; el sentimiento de culpa que éstas experimentan al asumir roles públicos, ya que no siempre pueden conciliar su papel de madre-esposa con su actividad política, y la insistencia de algunas mujeres (por ejemplo las indígenas chiapanecas en el seno del neozapatismo) en cuestionar la inequidad entre géneros.
Los estudios sobre la participación femenina en la política formal mexicana son más escasos. Según Fernández (2003), esto se debe a la idiosincrasia de la vida política del país. Durante muchos años, el régimen se distinguió por ser autoritario y antidemocrático, por acompañarse de partidos comparsa en simulaciones de procesos electorales, por mantener a la población alejada de la toma de decisiones o cooptada mediante mecanismos clientelares. Las mujeres organizadas de la sociedad civil no se involucraron en el espacio formal de la política porque ésta suponía la existencia de individuos independientes, autónomos, libres y jurídicamente iguales, características que las mujeres que conforman las bases de movimientos sociales generalmente no tienen. Además, participar en política formal requiere admitir que la competencia electoral es una forma legítima de lucha, algo que para muchos sólo fue posible a partir de 1988 en la historia reciente del país (Espinosa, 2004). (2) A esto hay que añadirle las peculiaridades de la ciudadanía femenina mexicana. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto hace apenas medio siglo (1947 en elecciones municipales, 1953 en federales), bastante más tarde que en otros países de América Latina.
Dadas las circunstancias, las especialistas...
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