México y sus instituciones 'de mentiritas

AutorÁngel M. Junquera Sepúlveda
CargoDirector
Páginas1-1
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El Mundo del Abogado / Marzo 2015
México y sus instituciones “de mentiritas”
Durante la más reciente sesión del consejo editorial de El
Mundo del Abogado, algunos de sus integrantes subra-
yaron la necesidad de que la revista estuviera pendiente
de las escuelas de Derecho, pues muchas de ellas no están
preparando correctamente a los abogados del futuro. También
expresaron su inquietud para que los abogados se familiaricen
más con las nuevas tecnologías a través de la revista. Finalmente,
recomendaron que se dé seguimiento a “el estado de nuestro
Estado de Derecho”...
Estas inquietudes son plausibles cuando se trata de un foro
en el que convergen los abogados de las más distintas corrientes.
Comencemos reflexionando, pues, sobre el último tema: ¿cómo
evaluar el estado de nuestro Estado de Derecho? Las conclusio-
nes no resultan alentadoras. Basta con mirar algunas de nuestras
instituciones para corroborarlo.
A pesar de la prohibición expresa que hace el artículo 28 de
la Constitución respecto de los monopolios y de las restricciones
que hace a las prácticas monopólicas, unas y otras asfixian al país,
inhiben la competencia y, por ende, impiden un mayor creci-
miento. Las reformas, que tanto prometían, parecen suspendidas
en su implementación. ¿Qué tan factible sería, en este momento,
abrir una televisora, una panificadora, una refresquera, una
cementera o una cadena de farmacias? Cada giro está asignado
a uno, dos o tres grupos, y más vale no meterse a competir. El
neofeudalismo es apabullante y no habría esperanzas de ganar.
“¿Para qué tenemos, entonces, jueces y tribunales?”, se
preguntaría una persona poco familiarizada con el marco jurídico
de México: “Que se demande y se haga cumplir la Constitución”.
Pero, para quienes conocemos este marco —y sin demérito de la
competencia y la honestidad de sus integrantes—, es sabido que
nuestra Suprema Corte está lejos de ser el tribunal constitucio-
nal que dice ser: 85 por ciento de los asuntos que resuelve son
revisiones, inejecuciones de sentencias y controversias munici-
pales: ¿quién repara una banqueta o un parque de Cholula?, ¿el
municipio o el gobierno de Puebla? No debemos distraerla de
estos graves asuntos.
Nuestros tribunales, por su parte, se dedican primordialmen-
te a revisar las sentencias de los otros feudos —las entidades
federativas— pues como la mayoría de los gobernadores no
saben ni quieren saber qué significa la división de poderes, hoy
nombran diputado a su secretario particular, mañana lo con-
vierten en presidente del Tribunal Superior de Justicia y pasado
mañana lo regresan a la secretaría particular. ¿Resultado? Nadie
confía en los tribunales estatales, donde jueces y magistrados son
dóciles peones del gobernador.
EDITORIAL
El Tribunal Federal Electoral, por su parte, no es más que
un órgano legitimador de los abusos de algunos partidos
políticos. Una comparsa, al igual que el Instituto Nacional
Electoral (INE). Para muestra basta un botón: el Partido
Verde Ecologista se anuncia a lo largo y ancho del país, a des-
pecho de los límites que señala la Constitución. No sólo no
se le prohíbe hacerlo, sino que se le condonan las multas y
hasta se ponen a su servicio algunas empresas públicas para
que eleve sus posibilidades en la próxima elección. “No está
haciendo propaganda”, dicen nuestros sesudos magistrados
electorales: “Está informando sobre sus logros”. Es enten-
dible esta sumisión. ¿O podría esperarse más de quienes
tienen la esperanza de ser propuestos como miembros de la
Suprema Corte?
“Al menos —dicen algunos— tenemos un órgano de trans-
parencia que obliga a las autoridades a rendir cuentas.” La
ilusión es agradable pero no es más que eso: una ilusión. Al
no poseer mecanismos para sancionar a quien no cumpla sus
órdenes, todo queda en buena voluntad. Los activistas voci-
feran y los comisionados del IFAI intentan arrogarse faculta-
des como la de poder determinar “violaciones graves a los
derechos humanos”. Pero todo queda en buenas intencio-
nes. Si los sujetos obligados responden que la información
solicitada es inexistente —o no responden— no hay nada que
hacer. Las cifras de Transparencia Internacional, que otorgan
a México una calificación reprobatoria en materia de comba-
te a la corrupción, hablan por sí mismas.
Todo se antoja un simulacro. Los partidos de oposición,
que en cualquier democracia auténtica estarían generando
críticas y propuestas, aquí permanecen en silencio. Algunos
de sus integrantes tienen colas tan largas, que prefieren hacer
como que se oponen, sin oponerse a nada: “No vaya a ser”…
Una Fiscalía Anticorrupción “autónoma”, donde se pueda
remover al titular en cualquier momento, o una Secretaría de
la Función Pública, que se dedica a sancionar errores procedi-
mentales, no parecen mejorar el panorama.
Claro que estas instituciones visten a México: un inversio-
nista japonés o alemán, o alguna calificadora internacional,
como Standard & Poor’s, pueden sentir confianza ante un
majestuoso tribunal constitucional y unos gallardos partidos de
oposición, pero ¿es esta simulación lo que buscamos? México
merece algo más.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director

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