México - Activos intangibles 2017 - Libros y Revistas - VLEX 702305981

México

Autor:Eduardo Michael Nacer Ramos
Páginas:77-96
 
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Una economía basada en el conocimiento es aquella cuya actividad se sustenta predominantemente en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información. De hecho, la verdadera riqueza de un país lo son sus hombres y mujeres. El Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares que permiten analizar el nivel de desarrollo de una economía del conocimiento, a saber:

• Mano de obra educada y calificada: Contar con una población bien educada y calificada es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del conocimiento.

• Sistema de innovación eficaz: Fomento público y privado de la investigación y el desarrollo, que da como resultado nuevos productos o bienes, nuevos procesos y nuevo conocimiento.

• Infraestructura de información y comunicaciones adecuada: Son las capacidades instaladas que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, científicas y tecnológicas.

• Régimen económico e institucional conductor del conocimiento: Se refiere a la red de instituciones reglas y procedimientos que influencian la forma en que un país adquiere, crea, disemina y usa la información.

La Organización Internacional de Estandarización, ISO (1947), promueve el desarrollo de normas internacionales de fabricación, tanto de productos y servicios, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las entidades públicas o privadas a nivel internacional, fijan el nivel más alto de especificaciones para productos, servicios y buenas prácticas, ayudando a las organizaciones a ser más eficientes y efectivas. Las normas son desarrolladas a través de consenso mundial para eliminar barreras del comercio internacional.72

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La única Norma ISO promovida por México, de las más 19,500 que se han emitido desde que se constituyó el citado organismo, es la ISO 18091:2014, orientada a buscar la calidad de los gobiernos locales, por medio de un estándar que permita medir el desempeño de administraciones públicas.

Carlos Gadsden Carrasco, autor intelectual de la ISO 18091:2014, con el respaldo de respaldo de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, impulsó esta primera norma dirigida al sector público, proporcionando directrices para la aplicación de la norma ISO 9001 en el gobierno local. La adopción de esta norma por un gobierno local le da confiabilidad ante su población; le provee herramientas para que gobernantes y servidores públicos organicen su administración; se desempeñen con la calidad y transparencia que exigen los estándares internacionales para considerar a un gobierno como confiable; promueven la participación ciudadana para acompañar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de su gobierno. Implementando un sistema vigoroso de administración de calidad, un ente gubernamental, ya sea municipal, estatal o nacional, puede centrarse en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la comunidad.

Los objetivos de la norma citada contemplan desde empoderar a los ciudadanos junto con sus gobiernos; asegurar no solo la eficacia sino también la legitimidad de los gobiernos; proporcionar un lenguaje común y un entendimiento entre los políticos y los técnicos, y permitir la comparabilidad entre países y sus gobiernos locales; servir a la población local al hacer políticamente viables aquellas cosas que son técnicamente indispensables; crear una herramienta útil para lograr los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDGs)73 de las Naciones Unidas y las Metas para un Mundo Sostenible y Ciudades Inteligentes; generar confiabilidad –esencial para la sociedad–.

Este nuevo estándar contempla la medición del desempeño de los gobiernos locales a través de 39 indicadores generales, distribuidos en cuatro dimensiones: Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Ambiental Sostenible y Desarrollo Social Incluyente.74

La intención de transparentar las cuentas públicas en México está plasmada en el art. 2 de la Ley General de Contabilidad Guberna-mental: “Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos deberán seguir las me-

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jores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización”.75 La información financiera generada de acuerdo a esta Ley facilitará la toma de decisiones y constituirá un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos; por ende generará un aumento en la confianza que anhelan los ciudadanos mexicanos para que su gobierno realmente procure el beneficio de la población.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 diciembre del año 2008, iniciando su vigencia el primer día de enero de 2009. Su obligatoriedad ha sido pospuesta por la CONAC,76 considerándose a partir de enero 2015, para la Federación y las Entidades Federativas y enero 2016 para los entes municipales.77

Es razonable entender que este tipo de acciones gubernamen-tales obedece a la homologación internacional que exige la globalidad. Es un movimiento paralelo al que se vive con las Normas de Información Financieras respecto a las entidades privadas. Además, estas acciones mantienen a las entidades, tanto públicas como privadas, en competitividad internacional, para mantener y atraer nuevas inversiones que generen fuentes de empleo, oportunidades de crecimiento, bienestar social, etcétera.

Ley de ciencia y tecnologia

La Ley de Ciencia y Tecnología78 se ocupa, entre otros aspectos, de regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país.

Con base en lo dispuesto en dicha ley, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, instaló en agosto de 2013 el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), el cual preside. Con la presencia de los miembros permanentes del mismo consejo, los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; representantes del CONACYT, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias, el Sistema de Centros Públicos de Investigación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Durante la ceremonia

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de instalación del consejo, el Presidente de la República aseveró que “La verdad, México si no invierte más, si no logra que estos objetivos aquí trazados se materialicen, estaremos rezagados y no estaremos cumpliendo con este objetivo, de realmente hacer del conocimiento una palanca del desarrollo, una forma de incorporar valor agregado a la planta productiva nacional y que eso coloque a México en un escenario, en un escalón mucho más alto, que me parece los mexicanos merecen, demandan y en justicia debemos de tener”.79

Las facultades reservadas al CGICDTI son de máxima importancia, ya que es el responsable de establecer las políticas nacionales del sector. También tiene como funciones el establecimiento de criterios y prioridades para la asignación del gasto federal, lo mismo que la definición de lineamientos programáticos y presupuestales a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Como una de sus más importantes facultades está la de aprobar y actualizar el programa sectorial Programa Especial de Ciencia Tecnología e Información (PECITI), generado por el CONACYT, mismo que cuenta con 5 grandes objetivos: el primero de ellos es contribuir al crecimiento nacional de ciencia, tecnología e innovación; el segundo es formar y fortalecer el capital humano altamente capacitado; como tercer objetivo está el de fortalecer el desarrollo regional; el cuarto es fomentar la vinculación entre el sector productivo, la empresa y el sector académico, y por último el quinto objetivo es el de fortalecer la infraestructura entre ciencia y tecnología. Con base en estos cinco objetivos se pretende transitar hacia la economía basada en el conocimiento.

El CGICDTI, pese al mandato legal para sesionar dos veces por año de forma ordinaria, desde su creación y hasta el mes de enero de 2007, sólo ha sesionado en siete ocasiones, por lo que se infiere que ha funcionado, por decir lo menos, de forma accidentada y con suma irregularidad. Esto no es peccata minuta, ya que la alta encomienda que se le tiene asignada tiene que ver con el repunte o no de nuestro país en el escenario internacional y como una forma de incorporar valor agregado a la economía nacional.

En este punto cabe recordar que México se encuentra en el lugar 61 de 128 países en el Indice de Innovación Global, por debajo de Vietnam y Armenia; en el lugar 95 de 168 países en el Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, por debajo de Egipto y Marruecos, y seguimos en el deshonroso último lugar de productividad entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

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