Financiamiento de la equidad entre las universidades publicas estatales de Mexico: 2001-2005.
| Autor | Mungaray, Alejandro |
| Cargo | Report |
Equity Financing Among Mexican Public State Universities: 2001 to 2005
INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre el financiamiento de la educación superior en México han ido desde el análisis de los principales indicadores del gasto educativo hasta los mecanismos de distribución de los recursos públicos entre las entidades federativas del país, las modalidades educativas del nivel superior y entre los diversos sectores sociales. También se ha investigado sobre la participación de los particulares en el financiamiento de la educación superior y las controversias sociales que ha generado el tema de las cuotas para este sistema educativo; la estimación de la rentabilidad económica social y privada que ofrecen los distintos niveles educativos y el estudio de las implicaciones que esto ha tenido en materia de financiamiento sobre el sistema educativo en general, así como la influencia que tienen las agencias internacionales sobre el financiamiento de las instituciones de educación superior (ies) (Márquez, 2004). Más recientemente se han incorporado estudios que analizan los logros y limitaciones de la política de subsidios extraordinarios federales en el marco de los pifi (Chehaibar, Díaz y Mendoza, 2007; Díaz, 2008a; Porter, 2004; Rubio, 2006a).
El sistema de educación superior (ses) en México registró entre 1970 y 1982 una fase de rápida ampliación de la matrícula apoyada por una mayor asignación de recursos. Este proceso permitió más oportunidades de acceso a una población creciente y diversa, pero a la vez se caracterizó por la ausencia de políticas que dieran continuidad y coherencia al sistema educativo en su conjunto y por su influencia negativa en la calidad de la mayor parte de los programas educativos de las universidades públicas (Latapí, 1982; Rodríguez, 1995; Arizmendi y Mungaray, 1994; Muñoz, 1988). En los años setenta se inició un debate público, vigente en la actualidad, acerca de la pertinencia de seguir apoyando a este sector en un contexto caracterizado por necesidades sociales crecientes y recursos económicos escasos. Durante la década de 1980, las recurrentes crisis económicas en México generaron importantes ajustes presupuestales hacia el ses, lo que inhibió el ritmo de crecimiento de los años previos. A partir de 1990 se redefinieron las políticas de financiamiento mediante esquemas de evaluación al desempeño institu cional, para lograr una distribución más equitativa de los subsidios a fin de mejorar sustancialmente la calidad de los servicios que ofrecen las ies (Arizmendi y Mungaray, 1994; Jallade, 1988; Márquez, 1999; Williams, 1995). En el contexto de las universidades públicas estatales (upe) se ha demostrado que las políticas de financiamiento público aplicadas por la secretaría de Educación Pública (sep) entre 1988 y 2003 han reducido las desigualdades institucionales. Esto significa que la situación económica de las upe se ha hecho cada vez más homogénea, al grado de que aquellas que se encontraban en condiciones de mayor rezago estructural en el año inicial registraron mayores incrementos presupuestales que las de mayor solvencia (Mungaray et al, 2006).
El objetivo de este trabajo es analizar la política de financiamiento seguida por la sep en las upe entre 2001 y 2005, como mecanismo de evaluación y premiación de los avances institucionales y, al mismo tiempo, valorar su incidencia en el mejoramiento de la calidad, la equidad educativa y la pertinencia social de las casas estatales de estudio. Esto se circunscribe en el debate que ha formado parte de las preocupaciones de las ies públicas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior (anuies) y la sep.
La metodología se concentra en dos ejercicios econométricos. En el primero se estiman ecuaciones que relacionan el subsidio concursable recibido por las upe con sus indicadores de desempeño. Esto permite evaluar la efectividad de la política de financiamiento como instrumento para promover e incentivar mejores prácticas institucionales. En el segundo se asocian los resultados logrados por las upe con el nivel de participación obtenido en los fondos concursables. Esto permite valorar la incidencia del desempeño institucional en la gestión de los recursos. Los resultados obtenidos permiten sostener que el modelo de asignación de los subsidios extraordinarios concursables implementado por la sep en las upe entre 2001 y 2005 ha logrado cumplir sus objetivos con éxito. Sin embargo, persiste la heterogeneidad de resultados en calidad y desempeño entre las instituciones, por distintas razones asociadas con sus circunstancias internas. Para el caso de las upe que no han logrado posicionarse exitosamente en este proceso, sin duda serían de gran ayuda acciones que permitan un mejor manejo administrativo de los recursos disponibles, así como el establecimiento de reformas y cambios para impulsar y acelerar los procesos de consolidación académica y fortalecimiento institucional (Mungaray, 2004).
En el segundo apartado del trabajo se discute el problema del financiamiento de la educación superior en México, las diferentes etapas por las que ha transitado en su proceso de desarrollo, así como las distintas políticas que ha implantado el Estado. Posteriormente se presenta la metodología y se describe el manejo de la información utilizada. En el cuarto apartado se realiza el análisis de los resultados para descubrir las relaciones importantes y los patrones que explican el comportamiento general del financiamiento público extraordinario en la educación superior y el desempeño de las instituciones en función de variables estratégicas. Finalmente se reflexiona sobre los principales hallazgos encontrados en la presente investigación.
LA DISCUSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
Durante la década de 1980 el ses en México experimentó serias restricciones presupuestales causadas en gran parte por las crisis económicas por las que atravesó el país, la escasez de recursos públicos y las recomendaciones de diversos estudios sobre la rentabilidad económica de la educación efectuados por el Banco Mundial. De acuerdo con ellos, el nivel básico de educación mostraba una tasa de beneficio social superior a la de cualquier otro nivel. En consecuencia, la autoridad gubernamental priorizó el gasto social en educación básica (Psacharopoulos, 1993, 1996). Otra opinión expresa que los estudios señalados no explican los beneficios sociales de la educación en ningún nivel, pues sus rendimientos fueron estimados considerando diferencias en costos. Si las externalidades positivas son suficientemente grandes en la educación superior, entonces la suma de sus rendimientos más los beneficios sociales deberían exceder los retornos logrados por cualquier otro nivel educativo (Birdsall, 1996; Ruiz, 1997).
Hoenack (1996) considera que ambas propuestas son complementarias. Birdsall analiza las posibilidades de los rendimientos de la educación superior en la generación de externalidades que dejó de lado Psacharopoulos. Sin embargo, para Hoenack el reto de lograr mayor eficiencia interna en las universidades de las naciones en desarrollo sólo se alcanza al mejorar los incentivos a la educación superior. Esto permitiría atender con oportunidad la explosiva demanda y las capacidades de la investigación de este nivel sin generar ineficiencia e inequidad. En este contexto, los trabajos de Psacharopoulos sirven para incentivar a las ies a ser más efectivas en el logro de aprendizajes y más responsables en el manejo del gasto público educativo. Algunos estudios sugieren que en el caso de México el servicio social es un instrumento capaz de generar externalidades positivas sobre las economías comunitarias, a través de la repercusión favorable que la asistencia técnica genera sobre los ingresos de las microempresas marginadas. Esta acción educativa a favor de los más necesitados compensa los recursos públicos asignados y retribuye a la sociedad lo que ésta le otorga a través del Estado (Mungaray y Ocegueda, 1999; Ledezma, Mungaray y Ocegueda, 2008).
A partir de la década de 1990 se inicia uno de los esfuerzos más prolongados y consistentes en las políticas del gobierno federal para reformar la educación superior. La eficiencia interna y externa de las instituciones, medida por el logro de sus objetivos educativos y por la capacidad de sus egresados para colocarse en el mercado laboral se convirtieron en preocupaciones centrales de las propias ies. La contribución de los egresados al desarrollo social, las funciones educativas de movilidad social y distribución del ingreso, y el costo social del financiamiento de este sector se volvieron temas de debate público (Márquez, 1999).
En el periodo 1988-1994, las políticas de educación superior impulsaron la sana competencia entre las instituciones educativas para mejorar la calidad de sus servicios, buscando generar mayores oportunidades sociales (Mungaray, Cuamea y Castellón, 1994). Las ies públicas creadas durante la década de 1990 fueron resultado de convenios entre los gobiernos federales y estatales. En 1997 se reactivaron las comisiones estatales para la planeación de la Educación Superior (Coepes) con el objetivo de controlar el rápido crecimiento y la diversificación del sistema, asignando a los gobiernos estatales parte de la responsabilidad. A finales de los noventa, mediante cambios graduales, se progresó en la creación de sistemas estatales de educación superior; nuevos modelos institucionales; diversificación en el número de programas disponibles y entidades involucradas en la creación de política de educación superior, y una creciente conexión entre las actividades educativas, de investigación y del sector privado (De Vries, 2002). No obstante, también se reconocían tres retos fundamentales para el desarrollo del ses: 1) ofrecer programas educativos con calidad y pertinencia accesibles para todos los grupos sociales; 2) implementar un nuevo modelo de asignación de subsidios...
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