La“ley televisa” y la disputa por la nación
| Autor | Javier Esteinou Madrid |
| Cargo | Investigador Titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, D.F. Doctor en Sociología, (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México) |
| Páginas | 154-192 |
Page 154
La Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) data de 1960 y desde esa época a la fecha no se han realizado cambios sustanciales a la misma. Por ello, desde hace más de 4 décadas, particularmente en los años recientes, fue enormemente discutida la necesidad de actualizar la legislación para los medios electrónicos en México. Debido a ello, el Senado de la República examinó desde el año 2003 una iniciativa de reforma con sentido social para la radio y la televisión que no fue dictaminada en su versión definitiva, fundamentalmente por las presiones ejercidas por los grandes consorcios de la radiodifusión que se opusieron a la aplicación de una transformación comunicativamente integral con perspectiva de servicio público en esa área.
Sin embargo, dentro de este contexto político de ambigüedad jurídica sorpresivamente el 1 de diciembre del 2005 se aprobó obscuramente en la Cámara de Diputados, por vía fast track , un proyecto de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyTV) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) o Ley Televisa que fue presentada y dictaminada en 8 días, apoyada por la unanimidad de 327 diputados, aprobada en 7 minutos, sin mociones a favor o en contra, ni abstenciones y sin destacar la trascendencia de la misma 2 . Posteriormente, el 30 de marzo del 2006 un sector mayoritario de legisladores a favor de la “Ley Televisa” aprobaron descaradamente el mismo proyecto de reforma en el Senado de la República por 81 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, 3 sin ninguna modificación sustancial o cirugía mayor 4 , ni ninguna discusión a las severas intervenciones en contra que presentaron los legisladores de oposición que la cuestionaron profundamente.
Asombrosamente, dicha propuesta jurídica fue aceptada sin contemplar ninguna de las más de 18,000 formulaciones presentadas en los últimos 40 años por intelectuales, partidos políticos, académicos, sociedad civil, especialistas, sectores gubernamentales, etc, en foros, consultas públicas, audiencias, congresos, etc, para discutir la reforma del sistema de radio y televisión y construir otro modelo de comunicación en México. Tampoco incluyó ninguna de las conclusiones de los trabajos realizados durante más de 3 años por la Mesa de Diálogo Para la Reforma Integral de la Radio y Televisión organizada por la Secretaría de Gobernación y los avances logrados a lo largo de 4 años de trabajo de la Conferencia InterParlamentaria y la Page 155 Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado para el sector de las telecomunicaciones, con el fin de elaborar una relación más transparente, justa y equitativa entre el Estado, los concesionarios y la sociedad 5 .
Tampoco contempló ninguno de los postulados estratégicos de la Iniciativa Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que ya tenia muy avanzado el Senado de la República. Tampoco fueron consultados los organismos, cámaras y asociaciones de la industria, la academia, los usuarios y las autoridades como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y Comisión Federal de Competencia (CFC) para enriquecer el proyecto base; sino que cínica y prepotentemente sólo se incluyeron la protección y ampliación de los intereses de los grandes monopolios mediáticos, especialmente de Televisa y Televisión Azteca y se desconocieron tajantemente las necesidades comunicativas de la sociedad.
El momento y la forma silenciosa en el que se presentó dicha propuesta de modificación a la LFRyTV, fue estratégicamente pensada y calculada por los grandes monopolios mediáticos que crearon e impulsaron anónima y subrepticiamente dicha reforma, pues eligieron la fase electoral, que es la etapa más vulnerable del sistema político nacional, para presionar a que las fuerzas políticas la aprobaran incondicionalmente: La etapa electoral. Así, se eligió el frágil periodo de elecciones del 2006 donde ninguno de los candidatos políticos en contienda y los partidos políticos, se encontraban en condiciones de fuerza para oponerse a la misma, pues el costo institucional de enfrentarse al enorme poder mediático fáctico implicaría poner en riesgo la realización exitosa de sus campañas para la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión, ya que el éxito de dichos procesos dependían casi totalmente del acceso a los medios de información colectivos, especialmente privados.
Para legitimar y acelerar la aceptación de este abrupto y sospechoso proceso legislativo las fracciones parlamentarias que aprobaron la iniciativa, argumentaron que el Congreso debía adelantarse rápidamente al surgimiento de futuras presiones con la elaboración de una nueva propuesta jurídica que evitara que los compromisos políticos contraídos por el Poder Ejecutivo otorgara discrecionalmente nuevas concesiones de radio y televisión a grupos económicos muy poderosos antes que terminara el gobierno del Presidente Vicente Fox en diciembre del 2006 6 .
De ésta forma, el poder electrónico consolidado en México siguió la misma estrategia histórica utilizada desde hace mas de 5 décadas para presionar alPage 156Estado mexicano y operar a través de diversos legisladores del Congreso y de diversos poderes públicos subordinados al poder mediático para obtener las normatividades que le fueron funcionales para la protección y expansión unilateral de los monopolios mediáticos. Así, en primer término, en 1960 Don Antonio Castro Leal, exrector de la UNAM, miembro del Grupo de los 7 sabios y redactor de la primera versión de la ley de 1960 denunció las fuertes presiones ejercidas por las agrupaciones de empresarios de la radiodifusión para crear una ley de radio y televisión acorde con los intereses comerciales y no con las necesidades sociales y culturales de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX 7 .
En segundo término, durante 200l y 2002 los industriales monopólicos de la radio y televisión presionaron fuertemente al Estado, vía la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) y otros organismos, para que el 10 de octubre del 2002 el Poder Ejecutivo impusiera autoritariamente el Decreto por el que se Autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Recibir de los Concesionarios de Estaciones de Radio y Televisión el Pago del Impuesto y el nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión , sin que el Congreso protestara y se consideraran las demandas civiles solicitadas por la ciudadanía. Finalmente, en tercer término, siguiendo la misma táctica el 1 de diciembre del 2005 nuevamente la Cámara de Diputados, en su 59 Legislatura, le dio nuevamente la espalda a la sociedad y aprobó la propuesta de reforma a LFRyTV que defendió desproporcionadamente los intereses monopólicos de las grandes industrias culturales, especialmente, televisivos; y marginó drásticamente las necesidades y derechos comunicativos básicos de los grandes grupos nacionales demandados, por vías pacíficas e institucionales, desde hace más de 45 años en el país.
Sin tomar en cuenta la existencia del anterior Proyecto de Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión que ya se encontraba el Senado de la República en proceso de análisis y discusión por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Gobernación y Estudios Legislativos desde hace 3 años 8 ; el Congreso de la Unión modificó el marco regulatorio de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión mexicanas, mediante la propuesta de las siguientes 6 directrices de cambio:
Page 157
-
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) asumirá las atribuciones y facultades que actualmente se encuentran conferidas a esa dependencia federal en materia de regulación de los servicios de radio y televisión abierta, manteniendo su actual esfera competencial por cuanto hace a la regulación de los servicios de telecomunicaciones a que se refiere la LFT y su Reglamento respectivo. Con la concentración de facultades y atribuciones en esta materia, la COFETEL garantizará la aplicación de normas y criterios uniformes en el otorgamiento de concesiones para operar medios electrónicos de comunicación, pues dicho órgano será el único regulador en cuestiones técnicas de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones 9 .
-
El otorgamiento de concesiones sólo será posible mediante licitación a través de subasta pública. Esto asegurará y garantizará la transparencia en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal para permitir el uso, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público de la Nación, que hacen posible la prestación de los servicios de radio y televisión, restringidos y abiertos. Con la licitación en estos términos se logrará terminar con este mito, en el entendido de que la licitación pública, está encaminada a seleccionar, de entre un conjunto de aspirantes que responden a una convocatoria, al candidato que mejor asegure la utilización de un bien público de la Nación, bajo los principios de concurrencia, igualdad, competencia y transparencia 10 .
-
En el Registro Público de Telecomunicaciones se deberán inscribir los actos y documentos relativos a los concesionarios y permisionarios de servicios de radiodifusión, de manera congruente con la cultura de transparencia y rendición de cuentas, surgida a propósito de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental11 .
-
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba