Justicia electoral: base del fortalecimiento democrático en México - Núm. 3, Enero 2018 - Revista mexicana de ciencias penales - Libros y Revistas - VLEX 746254329

Justicia electoral: base del fortalecimiento democrático en México

Autor:Jaime Arturo Vázquez Aguilar
Cargo:Secretario Técnico de la Fundación María Lavalle Urbina del Senado de la República.
Páginas:4-16
RESUMEN

El presente trabajo aborda uno de los tópicos fundamentales dentro del sistema político-electoral mexicano: la justicia electoral. Este tema ha adquirido inusitada relevancia durante los últimos procesos electorales celebrados en México. Se hace alusión a sus antecedentes históricos, constitucionales y legales; se realiza un recuento de las autoridades electorales de nuestro país y los medios de... (ver resumen completo)

 
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Resumen. El presente trabajo aborda uno de los tópicos fundamentales dentro del sistema político-electoral mexicano: la justicia electoral. Este tema ha adquirido inusitada relevancia durante los últimos procesos electorales celebrados en México. Se hace alusión a sus antecedentes históricos, constitucionales y legales; se realiza un recuento de las autoridades electorales de nuestro país y los medios de defensa en la materia, los que dan certeza a las elecciones. Finalmente, se presentan algunas conclusiones sobre la justicia electoral y su importancia en el proceso que se encuentra en curso.

Abstract. This paper addresses one of the fundamental topics of the Mexican politicalelectoral system, the electoral justice. This issue has gain more relevance during the last electoral processes held in Mexico. It references its background on its historical, constitutional and legal perspective. It enunciates the electoral authorities of our country and the available defense organizations, as they give certainty to the elections. Finally, our conclusion on electoral justice and its importance in the electoral process that is in progress is delivered.

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SUMARIO: I. Introducción; II. Justicia electoral; III. El funcionamiento de la justicia electoral; IV. Conclusiones; V. Fuentes de consulta.

En el presente trabajo abordaremos la evolución histórica de la justicia electoral, los elementos esenciales y sus alcances, haciendo énfasis en el papel que tienen las autoridades electorales en la construcción de elecciones ordenadas, pacíficas y veraces en nuestro país, así como en la protección de los derechos político-electorales.

También señalaremos aquellas conductas susceptibles de penas y medidas por vulnerar, limitar o inhibir los derechos político-electorales de la ciudadanía, de los partidos políticos o de los candidatos.

La reforma político-electoral de 1977 representó un parteaguas para el proceso de democratización de nuestro país; a partir de entonces se generaron una serie de transformaciones legales e institucionales que permitieron la paulatina conformación de un sistema que garantiza elecciones libres y transparentes a través del fortalecimiento que la autoridad electoral fue ganando en las últimas décadas. Esta reforma se posiciona como la primera que permitió la construcción de un entramado institucional que decantó en el origen de la llamada justicia electoral, la cual permitió el comienzo de una nueva etapa en la que se posicionó como un elemento esencial para el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la democracia mexicana. Se trata de una herramienta que permite dirimir las controversias que se presentan respecto al ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y de un mecanismo de procuración de justicia que persigue los delitos electorales.

Esto es porque si bien los medios para acceder a dicha justicia se encuentran contemplados en la legislación nacional desde 1917, e incluso hay autores que indican que existen antecedentes desde 1824. Fue con la reforma de 1977 primero y la de 1987 después, cuando se transitó de un sistema de calificación mixto a un sistema jurisdiccional (Castillo, 2011). Y si bien es cierto que la expresión de esta justicia está estrechamente asociada con la actividad jurisdiccional relativa a los procesos electorales, también lo es que dicho concepto va más allá porque se circunscribe en otros aspectos como el derecho procesal electoral, la interpretación, cumplimiento de la norma y la investigación de los delitos.

Justicia electoral
A Definición

Así, lo primero que se debe advertir es que existen múltiples posturas alrededor de este concepto que parece cotidiano, pero que muchas veces no es comprendido por ser amplio y estar conformado por diversas aristas que inciden en las instituciones del Estado; sin embargo, la definición proporcionada por el politólogo Dieter Nohlen (2016) resulta muy acertada al disponer que:

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Se debe entender a la justicia electoral como: la garantía de elecciones libres y honestas. En este sentido, es un objetivo para todo proceso electoral en una democracia constitucional. Al mismo tiempo, el concepto se refiere al entramado institucional que se establece para organizar y controlar las elecciones en función de la justicia electoral. Los órganos administrativos y jurisdiccionales del ámbito electoral tienen como tarea promover, procurar, garantizar y controlar las elecciones para que la democracia se realice (201).

Estas premisas dotan de legalidad a los procesos desde diversos ámbitos de competencias, de hecho, “el sistema de justicia electoral mexicano incluye funciones distribuidas, respectivamente, en distintos organismos: aplicación de sanciones administrativas, ejercicio de jurisdicción electoral y procuración de justicia penal electoral” (Betanzos, 2012: 99). Esto lo hace a través de tres instituciones que, interrelacionadas, consolidan el sistema en su totalidad.

Así, el Instituto Nacional Electoral (INE) sanciona y multa mediante procedimientos administrativos; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) administra justicia a través de la defensa de los derechos político-electorales y dirime controversias; finalmente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga y persigue los delitos ante los tribunales.

Todas ellas, en sus respectivos ámbitos de competencia, actúan como órganos del Estado que buscan generar certeza en la contienda y garantizar la libre decisión del electorado desde los ámbitos administrativo, penal y jurisdiccional. En conjunto, conforman la justicia electoral como el acto de Estado que valida, a través de distintos procedimientos, la legalidad de las elecciones.

B Principales reformas que conformaron la justicia electoral mexicana

La diversificación de competencias en materia de justicia electoral no siempre funcionó en México. Es importante advertir que la acción que actualmente ejercen estas instituciones, es resultado de un largo proceso histórico que ha ido acompañado de innumerables reformas que consolidan el actual proceso de vigilancia de las elecciones, así como la construcción de mecanismos y procedimientos que garantizan la legalidad.

En este sentido, hacia finales del siglo XIX y principios del XX el recurso para proteger los derechos político-electorales era el amparo, mismo que se encontraba bastante limitado a algunos supuestos en los que la situación electoral y la democracia se trataban tangencialmente.

Vale la pena citar el caso “Morelos” de 1874, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció y resolvió un amparo promovido por diversos hacendados de Morelos que impugnaron la Ley de Hacienda del 12 de octubre de 1873, al considerarla violatoria de sus derechos. El origen de la demanda derivó en que uno de los diputados (Vicente Llamas) que votó la ley había sido electo como legislador cuando aún era jefe político del distrito de Jonacatepec; a su vez, el gobernador que promulgó la ley, el General Francisco Leyva, acababa

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de ser reelecto gobernador cuando la Constitución local expresamente prohibía la reelección.

Este caso, conocido como el primero que atendió la incompetencia de origen, resolvió que las autoridades eran incompetentes para votar y promulgar la citada Ley de Hacienda toda vez que no cumplían con los requisitos para ejercer el cargo público.

Además de este antecedente emblemático es posible citar varios más. Sin embargo, no se atenderán a ellos por no ser objeto del análisis. Basta decir que el proceso electoral no era una materia independiente, como lo es ahora, y que por tanto era atendida en el marco de las estructuras tradicionales del Estado. De hecho hacia la primera mitad del siglo XX, las elecciones eran calificadas por el poder legislativo.

Fue por tales motivos que a partir de la segunda mitad del siglo XX y con el crecimiento de las fuerzas de oposición política se inició un importante proceso de transformación que consolidó la justicia electoral actual.

1. Reforma de 1977

En 1977 se llevó a cabo una de las transformaciones más profundas del sistema político-electoral que contribuyó al fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Con esta reforma, los partidos adquirieron la categoría de entidades de interés...

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