Reformas a los sistemas de jubilaciones y pensiones en América Latina: Paradigmas y temas emergentes
| Autor | Fabio M. Bertranou |
| Cargo | Especialista en Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Oficina Subregional para el Cono Sur, Santiago de Chile |
| Páginas | 11-22 |
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REFORMAS A LOS SISTEMAS DE JUBILACIONES Y
PENSIONES EN AMÉRICA L ATINA: PARADIGMAS Y
TEMAS EMERGENTES
1 Especialista en Seguridad Social de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT), Oficina Subregional para el Cono Sur, Santiago de Chile. E-mail:
bertranou@ilo.org. Alvaro Forteza, Ricardo Infante y Rafael Rofman
realizaron valiosos comentarios a una versión preliminar de este artículo,
sin embargo, las expresiones vertidas son de exclusiva responsabilidad del
autor y no representan necesariamente el pensamiento de la Organización
Internacional del Trabajo.
2 Chile (1981), Perú (1992), Colombia (1993), Argentina (1994), Uruguay
(1996), México y El Salvador (1997), Bolivia (1998), Costa Rica y
Nicaragua (2000), Ecuador (2001) y República Dominicana (2003).
Fabio M. Bertranou1
3 El caso más representativo de este grupo ha sido Brasil con su reforma
para trabajadores del sector privado en 1999 y para el sector público en
2003-2004.
1. Introducción
Nuevamente América Latina es escenario para el debate
respecto a los objetivos y organización de los sistemas de
jubilaciones y pensiones. La realidad ha mostrado que los
regímenes de pensiones son parte de complejos sistemas
de protección y organización social que están sujetos a un
importante dinamismo. Como tales, por sus consecuencias
fiscales y sociales, éstos no pueden quedar aislados sin
ser oportunamente adaptados. El tema de las reformas de
los regímenes de jubilaciones y pensiones acaparó
importante atención durante los años noventa,
particularmente a partir de la experiencia de la reforma de
Chile en 1981 y el influyente papel de los organismos
multilaterales de financiamiento (en particular el Banco
Mundial con su informe Envejecimiento sin crisis de
1994). Al menos 12 países2 en la región han realizado
reformas de carácter estructural, es decir aquellas que no
sólo cambian el régimen de financiamiento al introducir
total o parcialmente cotizaciones definidas, sino que también
incluyen la administración privada de los fondos de
pensiones. Todas estas reformas también incluían (o
“anidaban”) reformas consideradas como paramétricas,
es decir, aquellas que mejoran la viabilidad financiera de
los sistemas a través de cambios en las condiciones de
adquisición de las prestaciones (como las edades de retiro)
o en los parámetros financieros (como las tasas de
cotización). En otros países3, de acuerdo con el criterio
anterior, las reformas no alcanzan a caracterizarse como
estructurales, sin embargo, introdujeron importantes
cambios que involucraron un significativo proceso de
negociación entre actores sociales demandando un intenso
ejercicio de economía política.
Los nuevos desafíos que presenta el mundo del trabajo, la
internacionalización de la economía mundial, los cambios
en la estructura económica de los países, y el recurrente
desafío de mantener un flujo de recursos para el
financiamiento de las actividades esenciales del estado
(como la administración de justicia, junto a la política social
del gobierno), plantean interrogantes respecto al futuro de
los sistemas de jubilaciones y pensiones. Nuevas ideas, y
posiblemente un fuerte cambio en el paradigma vigente,
son necesarios para revertir los problemas que implican
tanto la maduración de los sistemas, como el estancamiento
que éstos han tenido en términos de extensión y nivel de la
protección.
Este artículo tiene por objeto identificar ciertos temas
relevantes a la luz de la experiencia de reformas recientes,
en particular durante los años noventa, y reflexionar sobre
algunos de los desafíos vigentes. En este sentido se discuten
cuestiones sobre los objetivos de los sistemas, la relación
entre sistemas previsionales y mercado laboral, el
paradigma de reforma y algunos temas emergentes o con
mayor presencia reciente en las agendas públicas. Entre
estos últimos se encuentran el fortalecimiento del primer
pilar, incluyendo la extensión de la cobertura; los regímenes
de contribuciones definidas nocionales; y el balance entre
la responsabilidad individual y social ante los riesgos que
involucra el envejecimiento.
Agosto 2004
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