Javier Láynez Potisek. Entre la reforma energética y el amparo fiscal
| Autor | Íñigo Fernández Baptista |
| Páginas | 12-17 |
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¿Qué visión tiene usted para la Procuraduría Fiscal?
Desde mi punto de vista, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene una doble función: la primera, prestar asesoría y apoyo jurídico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los órganos que coordina, así como defender sus intereses. La segunda, actuar como instancia de consulta y coordinación en materia jurídica para las demás dependencias y entidades de la administración pública.
La procuraduría tiene a su cargo, como función principal, fungir como asesor jurídico del secretario de Hacienda, de las demás subsecretarías, de los órganos desconcentrados y de las entidades paraestatales del sector. Se trata de una de las secretarías más importantes y más activas de la administración pública federal. Por lo cual el papel de la Procuraduría Fiscal para participar en la fijación y la ejecución de la política jurídica del gobierno federal es fundamental.
La procuraduría también es una unidad de servicios al exterior. Es decir, por tener la Secretaría de Hacienda una labor globalizadora, tiene que ver con una gran cantidad de asuntos que no se limitan a los temas fiscal o financiero, sino que, por la gran cantidad de competencias que las diferentes leyes administrativas le otorgan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos obliga a tener contacto con todas las secretarías de Estado y con la Presidencia de la República, sobre todo en aspectos como competitividad, competencia económica, telecomunicaciones, reforma energética, política de subsidios, endeudamiento, etcétera. Sería imposible mencionar todos los campos en que interviene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso, la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene la gran responsabilidad de servir como área de apoyo jurídico hacia el exterior.
¿Cuáles son los grandes retos de la Procuraduría Fiscal de la Federación en este momento?
En primer término, encauzar con éxito los procedimientos contenciosos constitucionales, es decir, las controversias constitucionales, sobre todo los juicios de amparo interpuestos en contra de tributos federales o incluso en contra de otras leyes, como los que se han presentado contra la Ley del ISSSTE. Creo que es muy importante que la Procuraduría Fiscal de la Federación mantenga un buen nivel de "bateo" si me permites el uso del término coloquial. Sólo así la recaudación se incrementará conforme a los proyectos del secretario de Hacienda. Este es un gran reto, porque los despachos de abogados y los sindicatos —en el caso de la Ley del ISSSTE— cada vez van perfeccionando sus estrategias de litigio ante el Poder Judicial Federal y esto ha propiciado que la Procuraduría Fiscal de la Federación tenga una responsabilidad mayor y redoble sus esfuerzos de defensa.
Otro de los aspectos fundamentales que no deja de ser un reto es actuar con eficacia y con justicia en cuanto a las querellas que nos corresponde presentar por delitos de defraudación fiscal y delitos financieros. Esto es muy importante, porque el derecho penal fiscal debe ser aplicado con un sentido de justicia pero buscando siempre la ejemplaridad. No queremos que esta herramienta se convierta en un mecanismo para obtener el pago del contribuyente omiso sino, por el contrario, un método para coadyuvar con las políticas del Sistema de Administración Tributaria para crear una cultura de pago correcto y oportuno de impuestos. De igual manera hemos instrumentado una amplia coordinación con la Comisión Nacional Bancada y de Valores, para detectar indicios de los delitos de tipo financiero, y con la Procuraduría General de la República, dependencia con la que actuamos de la mano para llevar a buen término los procesos penales.
Debe quedar muy claro que esta facultad no debe ser usada como un arma política o de presión. Por eso, el reto de ser justos y equitativos es esencial. Al menos esas serán las líneas que mantendré durante mi gestión.
¿Quién es?
Javier Láynez Potisek es doctor en derecho por la Universidad de París XI Sceaux, donde también realizó maestrías en administración fiscal y en derecho público, y cuenta con una licenciatura en derecho por la Universidad Regiomontana. Ha sido catedrático en diversas instituciones como el CIDE y El Colegio de México, y es autor de cinco publicaciones sobre temas de derecho y del sector público. Ha sido consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal y fue subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Entre 1983 y 1985 se desempeñó como abogado hacendario dentro de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Desde febrero de 2008 es procurador fiscal de la Federación.
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