Introducción
| Autor | Michael Gustavo Núñez Torres |
| Páginas | XIII-XVII |
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Michael Gustavo Núñez Torres1
La inseguridad que vive la ciudadanía, tanto objetiva como subjetiva, es un problema global que en nuestro continente, y muy especialmente en México, se tolera cada vez menos, llevándonos a una situación que lindera en la alarma social, tal y como lo demuestran todas las estadísticas que indican índices muy altos de violencia en la mayor parte de Latinoamérica, así como una percepción negativa de la sociedad con respecto a su situación de seguridad. Al mismo tiempo, en estos países se mantiene una desconfianza hacia las instituciones de seguridad pública, lo cual constituye uno de los mayores escollos para la solución del problema.2 En el caso mexicano, la situación de la inseguridad y de irrespeto a los derechos humanos constituyen un escándalo mayúsculo, para lo cual basta con leer la declaración para México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 7 de octubre de 2015: “Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre agosto de 2015 y diciembre de 2006, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas
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sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por esos crímenes”.3
El Estado constitucional tiene que tomar medidas dentro de la vida social que garanticen las condiciones de seguridad pública mínimas para que las personas puedan ejercer los derechos humanos de los cuales son titulares, caso contrario, los distintos catálogos donde éstos aparecen consagrados, dentro de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, quedarán en calidad de declaraciones formales, en otras palabras —más trilladas pero también más sugestivas— serán sólo letra muerta y el término Estado fallido —también recurrente en la crónica periodística— se tendrá por un hecho consumado.
El conocimiento del problema y el diseño de las políticas públicas para su solución requieren de una voluntad política irme, que tome las medidas necesarias dentro del Estado de Derecho. No obstante, el Estado debe contar con el auxilio del pensamiento científico mexicano, con el in de elaborar los diagnósticos necesarios para la comprensión de la problemática, a partir de la reflexión objetiva y no en razón de la imposición de las pasiones, del oportunismo político o del populismo ramplón. Esta es la razón que obliga a buscar el pensamiento sereno que proviene de la Academia, acudiendo a las universidades y centros de investigación, los cuales deben asumir el compromiso de ser generadores de respuestas a través de estudios pluridisciplinarios que comprendan el problema en razón de diferentes especialidades y disciplinas del conocimiento. En efecto, el ejercicio que debemos procurar persigue un diálogo enriquecedor, que coloque a los académicos en perspectiva con la realidad y a los responsables políticos en tono...
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