Implementación de la cuestión de constitucionalidad en México - Núm. 45, Enero 2018 - Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Libros y Revistas - VLEX 757961165

Implementación de la cuestión de constitucionalidad en México

Autor:Ricardo Alexis Uvalle Aguilera
Cargo:Estudiante de Doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Páginas:401-425
RESUMEN

En el presente trabajo se propone la inclusión a nivel federal de una institución procesal de control judicial de leyes denominada "cuestión de constitucionalidad", misma que tiene su fundamento y justificación en el derecho comparado, y que consiste en establecer la potestad para que la autoridad jurisdiccional que conoce de la causa en un procedimiento ordinario plantee, ya sea de oficio o a petición expresa de una de las partes, la posible inconstitucionalidad de la norma que rige su procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que a partir de ésta se pueda resolver el fondo del asunto, suspendiendo la tramitación del mismo hasta en tanto la Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad.

 
CONTENIDO
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CUESTIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO*
IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONALITY ISSUE IN
MEXICO
RicaRdo alexis uvalle aguileRa
**
Resumen: En el presente trabajo se propone la inclusión a nivel
federal de una institución procesal de control judicial de leyes
denominada “cuestión de constitucionalidad”, misma que tiene su
fundamento y justificación en el derecho comparado, y que consiste
en establecer la potestad para que la autoridad jurisdiccional que
conoce de la causa en un procedimiento ordinario plantee, ya
sea de oficio o a petición expresa de una de las partes, la posible
inconstitucionalidad de la norma que rige su procedimiento ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que a partir
de ésta se pueda resolver el fondo del asunto, suspendiendo la
tramitación del mismo hasta en tanto la Corte se pronuncie sobre
su constitucionalidad.
PalabRas clave: Cuestión de constitucionalidad; control judicial
de leyes; inconstitucionalidad de las normas.
abstRact: The present work proposes the inclusion at a federal level of
a judicial process contr ol institution called “constitutionality question”; which
consists in establishing the power for the jurisdictional authority hearing the case
in an ordinary pr oceeding to raise, either ex ofcio or at the request of a party,
the possible unconstitutionality of the rule that governs its procedure before the
Supreme Court of Justice of the Nation; provided that from this the substance
of the matter can be resolved, suspending the processing thereof until the Court
pronounces on its constitutionality.
KeywoRds: Constitutionality question; judicial review of laws;
unconstitutional rules.
Fecha de recepción: 31/03/2017
Fecha de aceptación: 15/03/2018
* Este trabajo forma parte de una versión en extenso, elaborada y presentada como Tesina para
obtener el Grado de Especialista en Derecho Constitucional, en la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
** Estudiante de Doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
sumArio: I. Introducción. II. Reformas a la Constitución. III.
Reformas legales. 1. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II
del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Proceso de implementación. V. Conclusiones. VI. Referencias.
I. Introducción
En nuestro país, el artículo 17 constitucional establece que toda per-
sona tiene derecho a que se le administre justicia p or los tribuna les
que estarán expeditos para impart irla en los plazos y términos que
fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. No obsta nte lo anterior,
esta garantía, denominada por la jurisprudencia como “tutela judicial efectiva”,
no se convalida en su totalidad en dos cuestiones esenciales: t ribunales expedi-
tos e impartición de just icia pronta. Lo anterior derivado de la falta de eficacia
que existe en la misma, como consecuencia de la alta carga de trabajo que im-
pera en los tribunales del país, así como la ausencia de criterios que unifiquen
la interpret ación judicial, para determinar qué norma s son constitucionales sin
tener que recurrir a los medios de control constitucional v igentes en México,
que al respecto la legislación encomienda al Poder Judicial Federal.
Para hacer frente a esta problemática, en el presente trabajo se propone
la inclusión a nivel federal de una institución procesal de control judicial de
leyes, denominada cuestión de constitucionalidad, misma que tiene su funda-
mento y justificación en el Derecho Comparado, y que consiste en establecer
la potestad para que la autoridad jurisdiccional que conoce de la causa en un
procedimiento ordinario plantee, ya sea de oficio o a petición expresa de una
de las partes que intervienen en el mismo, la posible inconstitucionalidad de
la norma que rige su procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, siempre que a partir de esta se pueda resolver el fondo del asunto,
suspendiendo la tramitación del mismo hasta en tanto la Corte se pronuncie
sobre su constitucionalidad.
La inclusión antes planteada se propone con la intención, entre otros bene-
ficios, de unificar criterios judiciales y evitar la dilación procesal en la tramita-
ción de juicios federales y locales, partiendo de la base de hacer verificativo en
la práctica judicial lo dispuesto en la última parte del artículo 133 constitucio-
nal, relativo al control difuso, de manera indirecta, toda vez que mediante su
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instrumentalización se log raría la part icipación de todos los jueces integrantes
del sistema judicia l mexicano como garantes de la constitucionalidad.
La cuestión de constitucionalidad se constituiría como u n medio de control
constitucional reservado a los jueces no constitucionales del sistema jurídico
mexicano, en el entendido de que si bien es cierto, el control difuso de la cons-
titucionalidad se encuentra conferido a todo juez, vía jurisprudencial, para la
materia de derechos humanos ello no es óbice de buscar un rol más activo para
el desarrollo de la actividad judicia l en el control constitucional, en aras de ha-
cer más homogénea la mult iplicidad de criterios interpretativos y definición de
derroteros conceptuales que deben seguir los jueces en la resolución de casos
con semejantes ca racterísticas y mismo fundamento normativo.
En este sentido, se busca que aquellas normas consideradas por jueces no
constitucion ales como de presumible inconst itucionalidad, s ean estudiadas p or
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, como Tribunal Constitucio-
nal, determinará la pertinencia o no de las mismas con base en los principios
y disposiciones que la propia Constitución establece, generando con ello una
labor de constante estudio y análisis sobre la validez de disposiciones normati-
vas a efecto de que el juez o tribunal instructor del proceso deje de aplicarlas y
en su caso, una vez determinada su invalidez, limite su uso como fundamento
normativo de las sentencias que pongan fin al juicio. A partir de esta premisa,
se lograría restar carga de trabajo al Poder Judicial Federal, toda vez que la
inaplicación de nor mas inconstituciona les derivaría en un a considerable dismi-
nución en la tramitación de otros medios de control constitucional y definiría,
en un juicio de pertinencia constit ucional, qué normas deben seguir formando
parte del orden jurídico mexicano.
Como todo proceso de reforma, se requieren satisfacer varios requisitos
de fondo y forma a efecto de que el área de oportunidad que se desea solven-
tar tenga un efectivo desarrollo en el contexto que se busca implementar. Por
lo anterior, es necesario definir que la inclusión de esta nueva institución de
control constitucional demanda la capacitación y rol activo de los jueces no
constitucionales para el estudio, conocimiento y establecimiento claro de los
objetivos que se buscan con la misma, a efecto de que se traduzca en un efecti-
vo instrumento para ha cer frente a la ineficacia jud icial y la falta de impartición
de justicia pronta por tribunales expeditos.
La cuestión de constitucionalidad es una figura que permitiría hacer verifi-
cativo, aunque fuese de manera indirect a, el control difuso previsto en la parte
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final del artículo 133 constitucional en la práctica judicial. Esto sería así, en
función de que se erigiría como un instrumento procesal, de índole constitu-
cional, para el efecto de que los jueces del Estado Mexicano pudieran plantear
la posible contradicción de normas que rijan los procedimientos que tienen a
su cargo, a efecto de hacer más homogéneo el sistema jurídico mexicano y do-
tar de mayor eficiencia la impartición de justicia en nuestro país.
En palabras de Jorge Carpizo, los jueces locales deben examinar la consti-
tucionalidad de leyes, pues ellos son parte de la voz viva del derecho y porque
si no, se ordena al juez que realice el desaguisado para que después el Poder
Judicial de la Federación lo repare, lo que resulta absurdo y encierra un con-
trasentido.1
En este sentido, es necesario llevar a cab o una serie de modificaciones en la
concepción que del control difuso se tiene en México, sin necesidad de refor-
mar el fundamento constit ucional que autoriza su veri ficativo; por el contrario,
se deben llevar a cabo adecuaciones de índole facultativo para que su margen
de acción se amplíe y desarrolle en todo el sistema jurídico mexicano, par-
tiendo de la base de que su no autorización es de índole jurisprudencial, mas
no legal. Por lo anterior, en los apartados siguientes se proponen las reformas
constitucionales que deben llevarse a cabo para contextualizar la figura en un
sistema de control difuso; las pautas para que la interpretación de la Suprema
Corte de Justicia dé pie a su verificativo en la práctica; y por último, las refor-
mas legales que se requieren para la int roducción formal de la fig ura propuesta
en el marco jurídico nacional.
II. Reformas a la Constitución
A efecto de precisar cómo funcionaría esta figura en la legislación mexicana,
es necesario definir qué reformas deben llevarse a cabo al texto constitucional
para darle cabida, a la luz del control difuso previsto por el artículo 133 de la
Constitución, así como de las atr ibuciones que el Poder Judicial Federal tendría
en la materia. El ar tículo 133 establece:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado
1 Carpizo, Jorge, Estudios Constitucionales, Porrúa, México, 2003, pp. 1-31.
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se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Hasta el 25 de octubre de 2011, el control difuso era inusitado en México,
en virtud de la Tesis: P./J. 74/99, que al rubro señala: control difuso de lA
constitucionAli dAd de normA s gener Ales. no lo AutorizA el Artículo 133 de
lA constitución,2 misma que como resultado del expediente Varios 912/2011,
que al rubro señala: pAsos A seguir e n el control de constit ucionAlidAd
y convencionAl idAd ex officio e n mAteriA de der echos humA nos,3 fue
matizada para determinar lineamientos a seguir por los jueces en el análisis
de normas relativas a la materia de derechos humanos, en un ejercicio de
control de constitucionalidad y convencionalidad ex ofcio. En este sentido, el
verdadero alcance de este presupuesto normativo requiere una unificación de
criterio jurisprudencial, mismo que por tratarse de la interpretación directa
de un precepto constitucional debería ser implementado por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera se podría ampliar la
gama de supuestos en los que tendría verificativo el control difuso, dando pie
2 … esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional no
es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones
materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del
propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros,
pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta
Magna para ese efecto.
3 La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la
eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que,
precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.
En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex ofcio en
materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme
en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás
autoridades del Estado mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en
los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que
cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en
los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de
estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.
Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de
federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la
primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en
los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
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a que la institución jur ídica tenga previsión constit ucional y su implementación
esté predeterminada por la letra de la Ca rta Magna.
En este sentido, la Corte debería pronunciarse pa ra que el control dif uso se
hiciere extensivo a todas las materias, a efecto de que los jueces y magistrados
que conozcan de los procesos judiciales a su cargo, pudieren llevar a cabo la
consulta de inconstitucionalidad de una norma de la cual dependa el procedi-
miento de mérito, estableciendo con claridad los razonamientos que le lleva-
ron a dicha conclusión. E sto implicaría un ej ercicio de control difuso ind irecto,
pues la potestad de inaplicación de la norma controvertida quedaría conferida
únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque generaría
el involucramiento, mediante atribuciones jurisdiccionales concretas, de todos
los órganos judiciales del Estado mexicano.
Tal autorización daría pie a que el diseño instituciona l de la figura estuviere
de conformidad con los alcances jurisprudenciales, entendidos como la deter-
minación del sent ido y alcance de las norm as constitucionales, m ismos que de-
finen y sustentan la act uación de los órganos que integ ran la estructura jur ídica
del Estado mexicano. Una vez realizado lo anterior, es necesario determinar
qué reformas concretas deben ser realizadas al marco jurídico, part iendo de la
base constitucional, misma que ún icamente contendría los elementos generales
de definición, procedencia y procedimiento para introducir la figura.
En primer térmi no, se propone adicionar al a rtículo 105 constitucional una
fracción IV. Este artículo es el fu ndamento competencial para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación conozca de las acciones de inconstituciona lidad
y controversias constitucionales en sus primeras dos fracciones, así como los
supuestos en que puede conocer de los recursos de apelación derivados de las
sentencias de jueces de Distrito, en su fracción III (facultad de legalidad), la
que se propone trasladar a la añadida fracción IV de la nueva redacción, para
incluir la cuestión de constitucionalidad.
Ahora bien, a efecto de poder implementar una propuesta de modelo nor-
mativo dentro del texto constitucional, resulta necesario proponer una defini-
ción de la figura en términos de lo que se busca alcanzar con su inclusión, su
estructura, funcionamiento y alcance. Esto es así en función de que su verifi-
cativo constitucional es un referente, que fundamenta y determina a la fig ura
como institución jurídica. En este sentido, siguiendo el modelo propuesto por
Luis Octavio Vado Grajales, en su obra Omisión legislativa y cuestión de const ituciona-
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lidad en el ámbito local,4 podemos proponer una definición tomando en conside-
ración los siguientes elementos:
• Requisitos de fondo: La figura únicamente es procedente cuando
exista la presunción por el juez que conoce de un procedimiento
o alguna de las partes que intervienen en él, acerca de la
inconstitucionalidad de la norma, siempre que a partir de esta se
resuelva la litis en cuestión.
• Sujetos obligados: Intervienen en el desarrollo de la misma, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; los jueces o tribunales
instructores del procedimiento y las partes.
• Objeto del control: Hacer más homogéneo el sistema jurídico
mexicano a partir de la unificación de criterios respecto de leyes
presumiblemente inconstitucionales a efecto de garantizar la
impartición de justicia eficaz, expedita y con criterios objetivos
definidos con mayor claridad.
• Elementos procesales: La solicitud o consulta debe realizarse previo
al cierre de instrucción, es decir, en cualquier momento desde
la admisión de la demanda hasta antes de que se dicte sentencia
definitiva. La misma puede ser manifestada por las partes o
de oficio por el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo la
tramitación del proceso. Se debe establecer un plazo máximo
para la tramitación y resolución en caso de ser procedente. La
propuesta consiste en dos fases: cinco días hábiles para que la
Corte decida si procede o no al estudio de la misma y treinta
días hábiles para su resolución. Asimismo, el proceso debe
suspenderse hasta en tanto se decida sobre su procedencia y el
resolución.
• Efectos del control: En caso de que la Corte concluyera que la norma
es inconstitucional, los efectos implicarían la inaplicación de la
misma como fundamento para la resolución del caso concreto
y su invalidez en el sistema jurídico mexicano. Con relación a
su retroactividad, con base en el artículo 14 constitucional, las
sentencias únicamente producirán efectos retroactivos en la
materia penal y contenciosa administrativa, en que se infiera
hubo un procedimiento sancionador, específicamente por lo que
respecta a la actualización de un beneficio para los particulares,
4 Para más información sobre este modelo, véase Vado Grajales, Luis Octavio, Omisión legislativa
y la cuestión de constitucionalidad en el ámbito local, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México,
2006, p. 24, disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3032/20.pdf
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ya sea mediante la reducción de la pena, la sanción, exclusión,
exención o limitación de la responsabilidad.
• Requisito de votación mínima para su aprobación: A efecto de ser
congruente con el sistema de invalidez de normas vigente
en nuestro país, es necesario el voto de por lo menos ocho
Ministros de la Corte para la aprobación de invalidez general
de la norma.
Una vez incorporados los anteriores elementos podemos esbozar una de-
finición de la institución para el caso mexicano, quedando en los siguientes
términos: “la cuestión de constituc ionalidad es el medio de control con stitucio-
nal difuso indirecto de leyes, consistente en la potestad de que las partes que
intervienen en un juicio, ya sea federal o local, o el juez o tribunal que conozca
del procedimiento, denuncien la posible contradicción de una ley, federal o
local, con la Constitución General de la República, ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, siempre que de esta dependa la resolución del caso
concreto y el cual deberá ser votado por 8 ministros para declarar fundada su
inconstitucionalidad”.
El siguiente paso consiste en introducir la figura al texto constitucional.
Como se planteó en líneas anteriores, lo ideal sería ubicarla como una
tercera fracción dent ro del art ículo 105 de la Const itución, con un doble
objeto: dotar de competencia constitucional a la Corte en el fundamento en
el que se encuentran las acciones de inconstitucionalidad y las controversias
constitucionales, así como añadir un Título a la Ley Reglamentaria de las
fracciones I y II del artícu lo 105 constitucional. L a propuesta de reforma, en su
parte conducente, quedaría de la siguiente manera:
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Texto vigente:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación conocerá, en los términos que
señale la ley reglamentaria, de los asuntos si-
guientes:
I. De las controversias constitucionales que,
con excepción de las que se refieran a la mate-
ria electoral, se susciten entre:
(…)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que
tengan por objeto plantear la posible contra-
dicción entre una norma de carácter general y
(…)
III. De oficio o a petición fundada del corres-
pondiente Tribunal Unitario de Circuito o del
Ejecutivo Federal, por conducto del Conseje-
ro Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal
General de la República en los asuntos en que
intervenga el Ministerio Público, podrá cono-
cer de los recursos de apelación en contra de
sentencias de Jueces de Distrito dictadas en
aquellos procesos en que la Federación sea
parte y que por su interés y trascendencia así
lo ameriten.
(…)
Propuesta de Texto:
Artículo 105. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación conocerá, en los térmi-
nos que señale la ley reglamentaria, de los
asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales
que, con excepción de las que se refieran a
la materia electoral, se susciten entre:
(…)
II. De las acciones de inconstitucionalidad
que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter
general y esta Constitución.
(…)
III. De las cuestiones de constitucionalidad plan-
teadas por las partes que intervienen en un juicio,
el juez o tribunal que conozca del procedimiento,
respecto de la posible contradicción de una ley de
carácter general y esta Constitución, siempre que
de esta dependa la resolución del caso concreto, en
términos de la ley correspondiente.
IV.- De oficio o a petición fundada del
correspondiente Tribunal Unitario de Cir-
cuito o del Ejecutivo Federal, por conduc-
to del Consejero Jurídico del Gobierno, así
como del Fiscal General de la República
en los asuntos en que intervenga el Minis-
terio Público, podrá conocer de los recur-
sos de apelación en contra de sentencias
de Jueces de Distrito dictadas en aquellos
procesos en que la Federación sea parte y
que por su interés y trascendencia así lo
ameriten.
La declaración de invalidez de las resolu-
ciones a que se refieren las fracciones I,
II y III de este artículo no tendrá efectos
retroactivos, salvo en materia penal, en la
que regirán los principios generales y dis-
posiciones legales aplicables de esta mate-
ria.
En caso de incumplimiento de las resolu-
ciones a que se refieren las fracciones I y
II de este artículo se aplicarán, en lo con-
ducente, los procedimientos establecidos
en los dos primeros párrafos de la fracción
XVI del artículo 107 de esta Constitución.
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A partir de estas reformas y la ampliación del criterio jurisprudencial que
prevalece en la actualidad en materia de control difuso, se permitiría la vigen-
cia de las cuest iones de constitucional idad dentro del texto constit ucional, toda
vez que se ampliaría la gama potestativa para que todos los jueces del Estado
mexicano pueda n ejercer un control difuso de la constitucionalida d de manera
indirecta.
III. Reformas legales
Una vez modificado el texto constitucional, es necesa rio llevar a cabo el diseño
institucional y desa rrollo procesal de la figura propuesta. En estr icto sentido, la
previsión constitucional da pauta para que sea la ley de la materia la que regule
con mayor claridad y profundidad la misma. Para t al efecto, se proponen refor-
mas a dos textos legales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
la Ley Reglamentar ia de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
La primera ley que se debe modificar es la Reglamentaria de las fracciones I
y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, a efecto de modificar la denominación de dicho ordenamiento jurídico
para quedar como: Ley Reglamenta ria de las fracciones I a III, del artículo 105
de la Constit ución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, habría que modif icar una serie de disposiciones a este texto
normativo. En primer térm ino, el art ículo 1o., que establece el objeto de la ley,
quedando en los siguientes términos:
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El cuerpo normativo establece di sposiciones generales, relativas a l cómputo
de los plazos, las notificaciones y etapas procesales, por lo que la idea que aquí
se plantea es establecer un Título I V, reservado para la regulación de la cues-
tión de constit ucionalidad, proponiendo que en lo conducente sean aplicables
las disposiciones generales, siempre que la materia de la misma y el trata miento
procesal no se vean afectados.
El Título IV, que hoy no existe y por lo cual no se compara en cuadro con
el texto vigente, quedaría de la siguiente forma:
TÍTULO IV. DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD
cApítulo i. disposiciones generAles
Artículo 74. Las cuestión de constitucionalidad tienen por objeto verificar
la posible contradicción entre una ley de carácter general, federal o local
que a partir de la norma en cuestión se resuelva un caso concreto de
carácter jurisdiccional material y formalmente. Para efectos de esta ley,
se entienden como leyes de carácter general, las siguientes:
a) Las leyes federales;
b) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal;
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 105 DE
TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 1º. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación conocerá y resolverá con
base en las disposiciones del presente Título,
las controversias constitucionales, las accio-
nes de inconstitucionalidad a que se refieren
las fracciones I y II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. A falta de disposición expresa, se
estará a las prevenciones del Código Federal
de Procedimientos Civiles.
ARTICULO 1º. La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación conocerá y resolverá con
base en las disposiciones del presente Título,
las controversias constitucionales, las accio-
nes de inconstitucionalidad y las cuestiones de
constitucionalidad a que se refieren las fraccio-
nes I, II y III del artículo 105 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexica-
nos. A falta de disposición expresa, se estará
a las prevenciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles.
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c) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
d) Los reglamentos federales;
e) Los reglamentos locales; y
f) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia
general;
Artículo 75. Para tal efecto, las partes que intervienen en cualquier
procedimiento, el juez o tribunal que conozca de la causa, por la mayoría
de los miembros que lo integran, podrán llevar a cabo la consulta
respectiva, en cualquier momento previo a que se dicte sentencia
definitiva o resolución que ponga fin al juicio.
cApítulo ii. del procedimiento
Artículo 76. Cuando sean las partes quienes planteen la consulta, lo
harán vía incidental ante el juez o tribunal que conozca del asunto, mismo
que analizará su procedencia y en caso de considerarla de presumible
inconstitucionalidad, suspenderá el procedimiento, únicamente por
lo que hace al dictado de la sentencia definitiva, remitirá los autos y
antecedentes que considere pertinentes a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, mediando entre la solicitud de las partes y la remisión de
los mismos no más de 10 días hábiles.
En caso de considerarla improcedente, notificará a la parte que planteó
la consulta, continuando con el procedimiento respectivo.
Artículo 77. En caso de que sea el juez o tribunal quien plantee
la presumible inconstitucionalidad de la norma, suspenderá el
procedimiento respectivo antes del dictado de la sentencia, y remitirá los
autos, así como los antecedentes que considere pertinentes a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en cualquier tiempo, previo al dictado de
la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio.
Artículo 78. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de oficio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o
más cuestiones de constitucionalidad siempre que en ellas se impugne
la misma norma.
Cuando exista conexidad entre acciones de inconstitucionalidad,
controversias constitucionales, juicios de amparo y cuestiones de
constitucionalidad se estará a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de
esta Ley.
Artículo 79. En ambos supuestos, el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, turnará a un Ministro el asunto, el cual determinará,
con base en los autos y antecedentes que le fueren remitidos, si a su juicio
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es procedente dar trámite a la cuestión, en un plazo no mayor a cinco
días; el Ministro instructor tendrá a su cargo la substanciación del juicio
y la elaboración del proyecto respectivo, mismo que deberá elaborar en
un plazo no mayor a treinta días, para presentarlo al Pleno. El recurso de
reclamación previsto en el artículo 51 únicamente procederá en contra
de los autos del Ministro instructor que decreten la improcedencia o el
sobreseimiento de la acción.
Artículo 80. Hasta antes de dictarse sentencia, el Ministro instructor
podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos
elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solución del
asunto.
Agotado el procedimiento, el Ministro instructor propondrá al Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de sentencia para
la resolución definitiva del asunto planteado.
Artículo 81. Después de presentados los informes a los que se refiere
el artículo 64 o habiendo transcurrido el plazo para ello, el Ministro
instructor pondrá los autos a la vista de las partes a fin de que dentro del
plazo de cinco días formulen alegatos.
Artículo 82. Habiendo transcurrido el plazo al que se refiere el artículo
anterior, se someterá al Pleno el proyecto de resolución, determinando
si a juicio del Ministro instructor resulta procedente declarar la validez o
invalidez de la norma controvertida.
Artículo 83. El proyecto respectivo será votado y en caso de determinar la
invalidez de la norma controvertida requerirá del voto de al menos ocho
Ministros para ser aprobado. De no alcanzar esta mayoría calificada, se
determinará el archivo del mismo y la remisión de los autos al juez o
tribunal que conozca del proceso.
cApítulo iii. de lAs sentenciAs.
Artículo 84. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41,
43, 44 y 45 de esta ley.
Artículo 85. La sentencia que determine la invalidez de la norma
controvertida vinculará a las partes y al juez o tribunal que conozca del
proceso. Para que la sentencia surta efectos generales y se determine la
invalidez de la norma se requerirá el voto de la mayoría calificada referida
en el artículo 83; en este caso, remitirá igualmente el expediente al juez
o tribunal que conozca de la causa, a efecto de que elabore la sentencia
definitiva o resolución que ponga fin al procedimiento en los términos
de la sentencia que al respecto elabore la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Pleno desestimará
la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.
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ImplementacIón de la cuestIón de constItucIonalIdad en méxIco
RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
Artículo 86. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los
preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en
la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su
declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto
constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.
Artículo 87. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
determine la invalidez de la norma controvertida deberá ser notificada
a las partes y publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Será
vinculatoria para el Poder Judicial de la Federación una vez realizada la
anterior publicación y remitirá la misma a la Secretaria de Gobernación
a efecto de que realice la publicación respectiva en el Diario Oficial de
la Federación.
Los efectos de la declaratoria general de invalidez implican la instrucción
por el máximo tribunal del país de dejar de aplicar la norma controvertida,
dando vista además al órgano encargado de su creación a efecto de
que lleve a cabo la derogación de la misma, independientemente de la
inaplicabilidad que deberá imperar en todos los procedimientos legales
cuya base normativa sea la ley declarada inválida.
La sentencias únicamente producirán efectos retroactivos en la
materia penal y contenciosa administrativa, en que se entiende hubo
un procedimiento sancionador, únicamente por lo que respecta
a la actualización de un beneficio para las partes, sea mediante la
reducción de la pena, la sanción, exclusión, exención o limitación de la
responsabilidad.
En los demás casos, únicamente será aplicable para la resolución del
caso en cuestión y los demás que pudieren llegar a presentarse previo
a la publicación de la sentencia que declare la invalidez en el Semanario
Judicial de la Federación.
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Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
númeRo 45, eneRo - Junio de 2018
El segundo cuerpo normat ivo que debe ser adecuado a efecto de que la cues-
tión de constitucionalidad tenga verificativo dentro del marco legal es la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo relativo al fundamento
competencial ubicado en el artículo 10, quedando de la siguiente manera:
Asimismo, deberá incorporarse una fracción al artículo 37, que establece
las atribuciones de los Tribunales Colegiados, incorpora ndo el trámite descrito
en páginas anteriores, para admitir o no a estudio la cuestión de constitucio-
nalidad y en caso afirmativo, remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Quedando el artículo en cuestión, en su parte conducente, de la
siguiente forma:
Texto actual Texto propuesto
ARTICULO 10. La Suprema Corte de
Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y
acciones de inconstitucionalidad a que se
refieren las fracciones I y II del artículo 105
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
ARTICULO 10. La Suprema Corte de
Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales,
acciones de inconstitucionalidad y cuestio-
nes de constitucionalidad a que se refieren las
fracciones I, II y III del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos;
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ImplementacIón de la cuestIón de constItucIonalIdad en méxIco
RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
De igual forma, se debe agregar un nuevo artículo dentro del Título Cuar-
to, Capítulo I I del anterior ordenamiento, el cual contemple las atribuciones
de los juzgados de Distrito:
Artículo 55 TER. Los juzgados de Distrito, darán trámite a las cuestiones
de constitucionalidad que las partes que intervienen en el procedimiento
les hagan valer, o de oficio cuando exista duda sobre la constitucionalidad
de la norma que rige un procedimiento concreto.
IV. Proceso de implementación
En una primera fase, la cuestión de const itucionalidad únicamente será apl ica-
ble para el Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que, si bien es
cierto, la adecuación del artículo 105 constitucional da pauta para que conozca
de cualquier norma presumiblemente inconstitucional mediante esta vía, tam-
bién lo es que como toda adición o proceso de reforma, debe ser implementa-
da de forma gradual.
Para tal efecto, se plantea la adición de un transitorio al decreto mediante
el cual se publique la reforma constitucional, consistente en que las legislatu ras
de cada estado adecuen sus respectivas constituciones locales, con el propósito
Texto actual Texto propuesto
ARTICULO 37. Con las salvedades a que
se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley,
son competentes los tribunales colegiados
de circuito para conocer:
(…)
IX. Las demás que expresamente les enco-
miende la ley o los acuerdos generales emi-
tidos por la Suprema Corte de Justicia fun-
cionando en Pleno o las Salas de la misma.
ARTICULO 37. Con las salvedades a que
se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley,
son competentes los tribunales colegiados
de circuito para conocer:
(…)
IX. De ocio o a petición de parte, de las cuestiones
de constitucionalidad respecto de normas presumible-
mente inconstitucionales.
X. Las demás que expresamente les encomiende la
ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema
Corte de Justicia funcionando en Pleno o las Salas
de la misma.
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Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
númeRo 45, eneRo - Junio de 2018
de armonizar el nuevo derrotero instit ucional del control difuso en el marco de
sus legislaciones estatales. El transitorio que se propone es:
ÚNICO.- La cuestión de constitucionalidad será vinculante para las
partes, el juez o tribunal que conozca del asunto en lo tocante a la
resolución del caso particular, respecto del cual se haya promovido la
consulta sobre la inconstitucionalidad de la norma controvertida y tendrá
efectos generales para todo el sistema jurídico mexicano.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las legislaturas estatales
crearán los mecanismos necesarios a efecto de que los Tribunales
Superiores de cada estado canalicen las consultas de inconstitucionalidad
de normas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de
que los jueces de cada entidad planteen la posible inconstitucionalidad
de una norma al Tribunal correspondiente, y sea éste quien evalúe la
pertinencia del planteamiento, así como la procedencia de su trámite
ante la Corte. La determinación que decida no dar trámite a la cuestión
planteada será definitiva e irrevocable, por lo que no admitirá recurso
en contrario.
La entrada en vigor de las anteriores disposiciones será al día siguiente de
su publicación el Diario Oficial de la Federación para el Poder Judicial
de la Federación. Las legislaturas de cada estado deberán adecuar sus
constituciones locales, a efecto de implementar los procedimientos
respectivos en aras de institucionalizar la figura de mérito en el marco
de su legislación estatal, en un plazo no mayor a tres años a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
A efecto de que la institución cumpla de mejor manera los objetivos y fines
para los cuales se propone, es necesario que aunado a las reformas constit ucio-
nales y legales, la definición, ya sea vía jurisprudencia, una vez que comiencen
a existir los primeros precedentes o mediante circular informativa, por parte
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer los lineamientos
esenciales que deben concretarse a efecto de que los supuestos de hecho mani-
festados dentro de los procesos que se ventilen ante cualquier órgano judicial,
efectivamente cuenten con matices de dudosa constitucionalidad en relación
con la norma que regula el caso concreto.
Por otra parte, se requiere de una vacatio legis durante la cual no será vin-
culante ni aplicable la cuestión de constitucionalidad, tiempo que se empleará
para capacitar a los jueces de cada estado en los términos, principios y reglas
procesales elementales que impliquen una duda sobre la constitucionalidad de
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ImplementacIón de la cuestIón de constItucIonalIdad en méxIco
RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
la norma en cuestión. De tal suerte que el proceso de implementación debe
ser realizado en una lógica ascendente–descendente respecto de los poderes
judiciales locales, dirigiéndose en última instancia a los tribunales colegiados
de Circuito.
Lo anterior, en el entendido que una figura de esta dimensión puede coad-
yuvar a la mejora institucional y la impartición de justicia más eficaz, siempre
que no se haga uso indebido de la misma ni se conciba como una estrategia
dilatoria del proceso. En este sentido, al margen del debate que deberá tener
verificativo sobre los puntos finos de su inclusión en la legislación mexicana,
se pueden contemplar como ideas de propuesta sanciones, vía multas, para las
partes que a juicio de quienes tengan a su cargo la instrucción de un proce-
dimiento concreto, únicamente promuevan la cuestión de constit ucionalidad
de manera ociosa, notoriamente infundada y con el objetivo de suspender o
dilatar el procedimiento en mérito de una argucia legal y no con el verdadero
propósito de la misma: plantear la posible inconstitucionalidad de normas que
rigen procedimientos concretos, eficacia judicial y mayor calidad en la impar-
tición de justicia.
La gradualidad de est e proceso debe ir acompañado, además, de un cambio
en la concepción de la cultura jurídico- constitucional, en el entendido que la
jerarquía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como máximo
tribunal del país, y por el contenido de sus atribuciones, erigido como un Tri-
bunal Constituciona l, no significa que en sus manos se encuent re la definición
de todos los elementos int egradores del control constit ucional; invitando y mo-
tivando en el ánimo de cua lquier juzgador el conocimiento de la Constitución,
de sus principios y los métodos de interpretación existentes, a efecto de lograr
que jueguen un papel clave en el desarrollo de la impartición de justicia en
nuestro país y asuman, además, la responsabil idad que implica el poder formar
parte activa del control constitucional.
En este sentido, una idea que se propone con el objeto de no cargar a la
Corte de planteamientos notoriamente improcedentes, sería que las consul-
tas que se realicen en el ámbito competencial de los estados tengan un filtro
institucional a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades
federativas. Esto es, los jueces de cada estado deberán canalizar las solicitudes
de estudio sobre la posible inconstitucionalidad de una norma al Tribunal co-
rrespondiente, y será éste quien evalúe la pertinencia del planteamiento, así
como la procedencia de su trámite ante la Suprema Corte, limitando además
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Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
númeRo 45, eneRo - Junio de 2018
que la determinación que se incline por no dar t rámite a la cuestión planteada
sea definitiva e irrevocable.
Para que este candado tenga verif icativo, se propone que los poderes ju-
diciales estata les sigan el camino que entidades como Veracruz o Coahuila
han implementado en sus regímenes jurídicos internos, estableciendo salas es-
pecializadas en la materia constitucional local. En aras de respetar el ámbito
competencial de cada estado, quedando a su arbitrio la forma en que mayor
conveniencia encuentren para el verificativo judicial de la fi gura propuesta. Asi-
mismo, se propone la creación de instancias y programas de capacitación para
el personal que intervendrá en el desarrollo, trámite y puesta en práctica de la
cuestión de constitucionalidad en lo que respecta al contenido constitucional
federal y de las entidades, así como los fines y objetivos que se pretenden alcan-
zar con la inclusión de la figura.
Quizá el mejor ejemplo, por lo bien estructurada y desarrollada que se en-
cuentra la figura, sea el caso de Coahuila como camino a seguir para que las
entidades diseñen la procedencia de la misma y su consecuente verificativo en
la práctica judicial. D e esta manera, los Tribunales Superiores de los estados se
erigir ían como auténticos ga rantes del control constit ucional en lo que respecta
a sus ámbitos de competencia, y facilitadores de que el control difuso tenga u na
orientación mucho más encaminada a la par ticipación e involucramiento de
todos los órganos judiciales existentes en el país.
Por último, habrá que poner especial atención al desarrollo de la figura en
función, de que su utilización implique un cambio de paradigma por lo que
hace a la comprensión del diseño constitucional mexicano, la noción del con-
trol difuso y la participación de todos los órganos judiciales que forman parte
del Estado mexicano. Este cambio de paradigma implica, a su vez, reaf irmar
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Máximo Tribunal del país,
como el Tribunal Con stitucional mexica no, pero también como quien t iene en
sus manos el verdadero derrotero institucional que implica la posibilidad de
que todos los jueces del Estado mexicano formen parte act iva del control cons-
titucional, a partir de la correcta capacitación y constante actua lización que se
imparta, misma que debe estar a cargo, en una primera etapa, de la Suprema
Corte, estableciendo los lineamientos esenciales y definitorios de esta nueva
figura, a modo de delimitar con claridad cómo debe ser concebida y aplicada
por cada una de las entidades federativas.
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ImplementacIón de la cuestIón de constItucIonalIdad en méxIco
RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
Todo lo anterior atendiendo a la lógica del federalismo como forma de
gobierno en nuestro país, según lo dispuesto por el art ículo 40 constitucional;
en el entendido que cada estado debe adecuar sus constituciones locales en
función de los principios de soberanía interior, atendiendo a los elementos
culturales que los definen y a los instrumentos procesales vigentes. Lo que la
Corte defina como derroteros son simples referentes de hacia dónde se quiere
llegar con el cambio de paradig ma que implica la adición de una figura de esta
envergadura, pero no debe ser restrictiva ni reticente a la ga ma de posibilidades
que cada estado pudiera llegar a aport ar.
En síntesis, se trata de un proceso complejo, cuya legitimidad y efectiva
validez estará supeditada a la capacitación, actualización y el verdadero ánimo
institucional de cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial, tanto fe-
deral como estatal, para formar parte activa del control constitucional judicia l,
entendiendo a este como un elemento fundamental para hacer más efectiva la
impartición de justicia, y dotar de mayor calidad y eficacia la misma, a partir
de una homogeneización clara del sentido, alcance y principios esenciales que
cada art ículo constitucional cont iene.
V. Conclusiones
primer A. La garantía de tutela judicial efectiva establecida por el artículo 17
constitucional es un elemento fundamental en la concepción de un Estado
de derecho, ya que su verificativo en la realidad normativa es un referente
para valorar qué tan eficaz es el acceso a la justicia para quienes lo integran.
En el caso mexicano, se requieren mecanismos que permitan convalidarla
en la práctica, toda vez que la impartición de justicia pronta por tribunales
que estarán expeditos para ello no es un presupuesto normativo que tenga
verificativo cabal durante la tramitación de los distintos juicios que se llevan
a cabo en nuestro país, lo que nos aleja considerablemente de vivir en ese
deseable Estado de derecho. Uno de los problemas que genera lo anterior es el
alto volumen de trabajo en los juzgados que provoca el rezago judicial.
En este contexto, la cuestión de constituciona lidad es una instit ución pro-
cesal de control constitucional de leyes que permite restar carga de trabajo al
Poder Judicial de la Federación, partiendo de la base de definir con la clar idad
necesaria criterios judicia les en materia de constit ucionalidad de leyes, a part ir
de la declaratoria de invalidez que se haga en relación con normas que rigen
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Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
númeRo 45, eneRo - Junio de 2018
los diversos procesos en la práctica judicial mexicana, como consecuencia de la
consulta respectiva que hagan los jueces o tribunales no constitucionales, que
tienen a su cargo la tramitación de dichos juicios.
Para que esta figura encuentre fundamento en el diseño constitucional
mexicano, se requiere modificar el marco constitucional y el criterio
jurisprudencial vigente en relación con el alcance del control difuso, mismo
que es inusitado, con excepción de la materia de derechos humanos, y aun en
ésta se deben cumplir determinados requisitos de ponderación cuyo marco
potestativo se encuentra reservado al Poder Judicial Federal, tal y como la
Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha establecido.
segundA. A efecto de ampliar el alcance del control difuso y hacerlo exten-
sivo a todas las materias, aunque sea de manera i ndirecta, tal y como lo estable-
ce la segunda parte del artículo 133 constitucional, la inclusión de la cuestión
de constitucionalidad se erig iría como el nexo causal par a que juzgados y tribu-
nales, locales y federales no constitucionales, formen parte activa, de manera
indirecta, del control constit ucional de leyes, mediante la consult a que realicen
sobre la posible inconstitucionalidad de normas que rijan el procedimiento a
su cargo, siempre que a partir de éstas se resuelva el asunto en cuestión. Resul-
taría indirecto porque aquí el juez propone la inconstitucionalidad y la somete
a la Corte, pero no la declara, pues sería precisamente ella quien declararía la
inconstitucionalidad, de ser procedente. Lo anterior implica una nueva inter-
pretación sobre el margen potestativo que tengan para intervenir en el estudio
y análisis de la constitucionalidad de leyes, pues se requerirá de su valoración
para canalizar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las normas que
rijan los procedimientos a su cargo, de las cuales advierten una presumible
inconstitucionalidad, misma que aunque no será calificada por ellos, los hace
formar parte act iva del control constitucional de leyes.
En la actualidad, el control constitucional de leyes no contempla una figura
con estas característ icas, toda vez que restringe el trámite y decisión sobre la
constitucionalidad de leyes al Poder Judicial Federal mediante el juicio de am-
paro, las controversias constitucionales y la acción de inconstit ucionalidad. En
este sentido, se busca que todos los jueces del país, aún los no constitucionales,
tengan a su cargo labores de control constituciona l de leyes de manera indirec-
ta, constituyendo un medio de control constitucional más eficaz, en términos
de la multiplicidad de criterios judiciales que pueden existir sobre casos que
guardan similitudes procesales y comparten el mismo fundamento normativo,
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ImplementacIón de la cuestIón de constItucIonalIdad en méxIco
RIcaRdo alexIs uvalle aguIleRa
que en caso de no corresponder con el juicio de validez constitucional que la
Corte haga, dejará de ser aplicable para el asunto en cuestión y futuros que
pudieran llegar a presentarse. Al resolver un caso, la SCJN resolverá cientos
o miles, pues si por ejemplo declara inconstitucional, a propuesta de un juez
local el artículo 10 del Código Civil de Durango, todos los juicios que estén
enderezados contra dicho artículo serán resueltos con el criterio que recién
termina de dictar nuestro máximo Tribunal.
tercerA. La fig ura propuesta debe ser implementada tomando en conside-
ración el contexto en el que se desea introducir. En el caso mexicano, se trata
de un escenario en el que prevalece un déficit de eficacia judicial en lo que
respecta a la impart ición de justicia. L a inclusión de esta inst itución procesal se
plantea en una lógica de control constitucional más acorde con las exigencias
de la realidad judicial actual; es decir, la excesiva carga de trabajo conferida a
los tribunales federales, que produce el rezago judicial, no permite establecer
criterios claros sobre constitucionalidad de leyes, toda vez que una misma nor-
ma puede ser calificada de inconstitucional en un juicio y seguir siendo dere-
cho positivo y vigente, para su aplicación en posteriores controversias.
Lo anterior implica que, con base en el diseño del control constitucional
actual, únicamente se puede determinar judicia lmente la inconstitucionalidad
de una norma mediante reiteración de criterios; contradicción de tesis y susti-
tución. En este sentido, la cuestión de constitucionalidad permitiría abrir un
nuevo canal institucional para el estudio sobre la pertinencia de normas que
rijan cualquier procedimiento, sea federal o local, para que previo al dictado
de sentencia definitiva sustentada en ést as como fundamento normativo, se sus-
penda su trámite y se dé vista a la Corte, a efecto de que determine su validez
o invalidez, evitando con ello que se dicten resoluciones con base en normas
inconstitucionales.
A partir de est a premisa se constituiría un control constitucional de leyes de
mayor eficacia ya que se evitaría que el único medio idóneo para decla rar la in-
constitucionalidad de normas en procedimientos jurisdiccionales, sea el juicio
de amparo, mismo que en su forma y trámite genera les, requiere el agotam ien-
to de los recursos legales ordinarios y esperar hasta el dictado de la sentencia,
laudo o resolución que ponga fin al procedimiento. Por el contrario, con la
cuestión de constitucionalidad, no sería necesario esperar hasta que se actuali-
ce una afectación a la esfera jurídica de alguna de las partes, sino que bastaría
con la sola consulta sobre la presumible inconstitucionalidad de la norma que
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Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
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rige el procedimiento, para que se lleve a cabo el estudio y a nálisis de la misma,
estableciendo un sistema judicial más homogéneo y con mayor eficacia judicial.
cuArtA. Al tratarse de una propuesta de reforma que plantea la modifi-
cación del diseño institucional actual en materia de control constitucional de
leyes, se requiere de un proceso complejo que abarca distintas aristas:
La primera, relativa a una nueva reflexión sobre qué es y para qué sirve el
control difuso en nuestro país, en relación con el sentido, alcance y margen po -
testativo de los jueces y tribunales que integran los poderes judiciales locales.
La segunda consiste en deter minar cómo funciona el control constitucional de
leyes reservado a órgano judicial, tomando como referencia la complejidad que
implica unif icar crit erios judicia les y establecer derroteros claros sobre la perti -
nencia de las norm as jurídicas en relación con la Constitución. Por últi mo, una
tercera valoración, tiene que ver con la participación activa que lleven a cabo
los jueces de cada estado, sin que sean simples observadores y ejecutores de
las determinaciones que al respecto lleven a cabo los jueces federales. En este
sentido, con las reformas que introduzca la cuest ión de constitucionalidad en
nuestro país, se busca que se involucren en la compleja tarea de homogeneizar
el sistema judicial con base en la Constitución, entendida como el instr umento
normativo-constitutivo que sustenta y valida todas las normas del sistema jurí-
dico mexicano.
quintA. A efecto de implementar este nuevo medio de control constitu-
cional, se deben rea lizar las siguientes adecuaciones constitucionales y lega les.
Por lo que hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, se propone la adición al artículo 105 constitucional de una fracción IV,
como fundamento para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca
de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en sus
primeras dos fracciones, así como los supuestos en que puede conocer de los
recursos de apelación derivados de las sentencias de jueces de Distrito, en su
fracción III (facultad de legalidad), misma que se propone trasladar a la frac-
ción IV de la nueva redacción para incluir la cuestión de constitucionalidad
dentro de la fracción III.
En lo que respecta a leyes, se proponen modificar dos textos: Ley Regla-
mentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional y L ey Orgán ica
del Poder Judicial de la Federación:
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Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Modificar la denominación de dicho ordenamiento jurídico para
quedar como “Ley Reglamentaria de las fracciones I a III, del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”, adecuando el artículo primero, que define el objeto
de la ley, para introducir la cuestión de constitucionalidad.
• Adicionar un Título IV a la normativa, para detallar el
desarrollo procesal de la figura, consistente en tres Capítulos:
I. Disposiciones generales; II. Del procedimiento y III. De las
sentencias.
• Modificar el artículo 10 de la Ley, el cual establece el fundamento
competencial para que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación conozca en Pleno de determinados procedimientos,
adicionando a la cuestión de constitucionalidad como uno de
ellos.
• Realizar adecuación en lo que respecta al artículo 37, mismo
que establece las atribuciones de los tribunales colegiados
de Circuito, a efecto de que conozcan de las cuestiones de
constitucionalidad.
• Adicionar un artículo 55 Ter, a efecto de que los juzgados de
Distrito conozcan de las cuestiones de constitucionalidad.
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