Impacto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción

AutorEthel Velázquez Fonseca
CargoVicepresidente de relaciones y difusión del colegio de contadores públicos del Valle de Toluca
Páginas38-39

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La administración pública está relacionada con el qué y el cómo del gobierno. El qué es el objeto, el conocimiento técnico de un campo que capacita al servidor público para realizar sus tareas. El cómo son las técnicas de dirección, los principios de acuerdo con los cuales se llevan a cabo exitosamente los programas y presupuestos que, en conjunto, forman la síntesis de administración pública.

En México, hoy en día la administración pública juega un rol importante dentro de la Federación, la coordinación del Estado y los municipios, esto con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, promover el desarrollo de los sectores vulnerables, crear políticas públicas que deriven en un crecimiento económico sustentable y en mejores prácticas de gobierno.

Antecedentes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

La administración pública se encuentra en constante cambio y con la entrada en vigor de diversas normatividades, es de reconocer que la necesidad de reformar algunas bases constitucionales abrió toda una agenda de trabajo para crear el andamiaje legal, institucional y de prácticas gubernamentales que permite materializar con eficiencia los esfuerzos anticorrupción.

Dentro de los Estándares Mundiales del Trabajo Social, a partir de la promoción de los derechos humanos, Shardlow señala:

  1. La correspondiente a regular el Sistema Nacional Anticorrupción.

  2. La que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves.

  3. La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En el primer punto es de gran importancia establecer las reglas de comunicación y los mecanismos de

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trabajo conjunto entre los órganos que conformarán el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras.

El segundo punto es necesario para definir con precisión los objetivos, estructura orgánica, competencias, facultades y alcances de la labor del tribunal en el juzgamiento y sanción de las faltas administrativas graves; así como evita lagunas, incongruencias y atribuciones duplicadas...

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