Derechos Humanos, seguridad pública y fuerzas armadas (Segunda parte)

AutorEtehel Servín Aranda
Páginas169-170
Centro de Estudios 169
Desde el inicio del mandato -y aun
en la c
ampaña misma- el presi-
dente Felipe Calderón ha pro-
nunciado su interés por disminuir
los índices de delincuencia orga-
nizada y “recuperar los espacios
públicos” donde el narcotráf‌i co
parece ejercer cierto dominio.
Dichas consignas en materia de
seguridad pública han sido y son
el eje central de una nueva polí-
tica militarizada para enfrentar
dicho fenómeno. El clima de vio-
lencia, escepticismo y hasta de
terror bajo el que viven miles de
personas en el país es un síntoma
cruel de la impotencia del Estado
para garantizar orden. La militari-
zación en estos trabajos también
es considerada como una medida
desesperada a f‌i n de mantener el
control, control que obviamente
en lugar de centralizarse se difu-
mina entre otros actores de poder
como el que ejercen de los carte-
les. Así y pese a los esfuerzos de
las policías municipales, estatal y
federal la situación no ha cambia-
do en mucho, la corrupción de es-
tas mismas corporaciones, la falta
de capacitación y coordinación
propician errores que caen en lo
burdo e incoherente, generando
con ello más violencia y muerte.
Ante este contexto, podemos decir
que nuestro país vive en una ver-
dadera catástrofe, entendiendo por
ésta todos aquellos acontecimientos
desastrosos y brutales que no han
sido previstos –como los desastres
naturales-, o aquellos que salen de
control, y cuyos efectos desencade-
nan muerte y destrucción.
No o
bstante, y pese a que las ra-
zones de Estado se encaminan a
salvaguardar el interés público le-
gitimado bajo el uso de la fuerza;
las acciones militarizadas tienen
aspectos negativos: la presencia de
cuerpos militares realizando ron-
dines, cateos y retenes, ponen en
entredicho la constitucionalidad
de los mismos; ya que también se
sabe que en más de una ocasión
se actúa de manera ilegítima. Lo
cierto es que la violencia, la inse-
guridad y las pérdidas humanas
tanto de elementos militares, de
“delincuentes” y de población civil
arrojan cifras alarmantes. Esto se
constata con la opinión de la co-
munidad internacional que tam-
bién condena este proceder a tra-
vés de organismos internacionales
protectores de derechos humanos.
Muestra de ello, son los trabajos
del servicio de asesoramiento por
DERECHOS HUMA NOS, SEGURIDAD
PÚBLICA Y FUERZA S ARMA DAS
(SEGUNDA PARTE)
Etehel Servín Aranda

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