La herencia de Culiacán
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CADALSOS
Desde su toma de posesión el
Presidente AMLO en repetidas
ocasiones ha dicho que la corrupción y
la violencia son herencia de las pasadas
administraciones y que su política es
de amor y paz. Sin embargo, el crimen
organizado se está burlando de esta
estrategia. El operativo fallido que
llevó a la captura de Ovidio Guzmán,
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y su
inmediata liberación, calentó aún más
los ánimos y provocó enfrentamientos
entre fuerzas federales y delincuentes,
poniendo en grave riesgo a la población
de esa ciudad y demostrando el poderío,
organización y capacidad de “fuego”
del Cártel de Sinaloa. El Gabinete de
Seguridad justificó que se liberó al
detenido para salvaguardar a la población.
“No buscamos enlutar hogares, sino
resarcir el desgarrado tejido social”, dijo el
secretario de Seguridad, Alfonso Durazo,
secundando la acción del Presidente,
Finalmente, la Cámara de Diputados
aprobó sin cambios la Reforma Fiscal-
Penal que modifica la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada,
la de Seguridad Nacional, el Código
Nacional de Procedimientos Penales,
el Fiscal de la Federación y el Penal
Federal, para combatir la defraudación
fiscal, la emisión de facturas falsas
y las empresas fantasma, conductas
que ahora serán delitos graves de
delincuencia organizada con prisión
preventiva oficiosa. A pesar de que
algunas organizaciones empresariales
y profesionales señalaron que se trata
de una reforma con la que se corre el
riesgo de que la autoridad actúe de forma
arbitraria y discrecional y la convierta
en un instrumento de persecución y
terrorismo fiscal y desaliente la inversión,
no hubo ni un paso atrás. Expertos
fiscalistas acusaron al gobierno de
utilizar indebidamente la vía penal
como medio de recaudación; además de
que, sin revisar el funcionamiento de la
LA HERENCIA DE CULIACÁN
RECAUDACIÓN DEL TERROR
argumentando que sigue apostando
por un proceso de paz, con abrazos y
sin balazos, asegurando que no hay ni
falta, ni ausencia de Estado. A raíz de lo
acontecido, el Senado citó a comparecer
a Alfonso Durazo no solo para que
respondiera sobre lo ocurrido en Culiacán,
también por la violencia que no cesa
en Guanajuato, Michoacán y Guerrero.
El Titular del Ejecutivo descartó pedir
la renuncia del Secretario, reiterando
que su gobierno no respondería a la
violencia con más violencia y que siempre
priorizará no arriesgar a la población. No
obstante, la oposición y los críticos han
calificado el hecho como una rendición
del Estado a los narcos. A pesar de que
el gobierno asegura que Culiacán volvió
a la normalidad, en el país las cifras de
violencia aumentan y no parece haber
el punto de inflexión ofrecido. Tiempo
al tiempo piden las autoridades y la
ciudadanía respeto a la ley y paz.
administración pública, será poco efectiva
y generará esquemas de corrupción y
abuso de autoridad más robustos. La
Coparmex acusó a los legisladores de
dar “atole con el dedo”, enfatizando que
los legisladores hicieron caso omiso a
las propuestas del sector empresarial
e informaron que de ser aprobada
la reforma presentarán amparos y
acudirán a instancias internacionales
de protección de derechos humanos, a
pesar de asegurar que están a favor
del combate a las empresas fantasma,
defraudadores y factureras. Los reclamos
de los empresarios ni siquiera inmutaron
al secretario de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez, ni mucho menos al presidente,
López Obrador, quien dijo que lo único
que demostraban era que estaban de
acuerdo con esos ilícitos, aunque no
señaló a nadie, reiterando que no es un
tema legal, sino moral. Mientras tanto
la liguita se sigue estirando con un
desencuentro más entre el gobierno y los
empresarios.
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