Hacia la agenda penal 2020

AutorÁngel M. Junquera Sepúlveda
CargoDirector
Páginas1-1
1
El Mundo del Abogado
HACIA LA AGENDA PENAL 2020
Como respuesta a los
crecientes índices de
inseguridad y frente a
la impunidad que acompaña a
muchos actos delictivos, hace
unas semanas circuló por las
redes un proyecto de reforma
a la justicia penal y al amparo.
El proyecto puso de muy buen
humor a los penalistas de la
vieja guardia: el sistema acu-
satorio desaparecería. De paso,
la presunción de inocencia y la
división de poderes.
También puso de buenas a
las afianzadoras, pues el proyec-
to proponía que todo delito se
castigara con arraigo. Imagina-
ron que sus ganancias se irían
por las nubes, dado que las per-
sonas, aunque fueran inocentes,
al ser imputadas sólo tendrían
derecho a la libertad si compra-
ban una fianza...
El proyecto eliminaba,
además, los conceptos de juez
de control y de juez de enjui-
ciamiento; daba facultades al
Ministerio Público para promo-
ver amparos en caso de que
hubiera fracasado en su intento
de probar la culpabilidad de una
persona; despojaba a la víctima
de su facultad para interponer
recursos —esto sólo podría
hacerlo el fiscal— y permitía que
el Ministerio Público pudiera re-
tener a quien le viniera en gana
durante 48 horas.
Asimismo, limitaba el procedi-
miento abreviado a delitos cuya
pena no rebasara los cinco años
y no ameritara prisión preventiva
oficiosa; desaparecía la investi-
gación (inicial y complementa-
ria), así como la etapa interme-
dia del procedimiento. Dejaba
claro que a todo imputado que
se negara a ser examinado por
peritos, sin causa debidamen-
te justificada, se le apercibiría
de tener por ciertos los hechos
imputados. Si el juez no accedía
a las solicitudes del Ministerio
Público, también podría ser con-
signado. Para rematar, concedía
validez a las pruebas obtenidas
ilícitamente, como la tortura.
En suma, volvía al procedi-
miento inquisitivo que tanto
repudio suscitó en nuestro país,
donde una declaración arranca-
da bajo tormentos servía igual
que una que no lo hubiera sido.
Este procedimiento fue de enor-
me utilidad para los gobiernos
autoritarios, donde el presidente
o el gobernador decidían quién
era inocente y quién era culpa-
ble. El problema es que, en un
mundo globalizado, donde la
confianza de inversionistas na-
cionales y extranjeros depende
de la transparencia y del cum-
plimiento de reglas claras, llenar
las cárceles de inocentes ya no
se antoja atractivo.
A los viejos penalistas y a las
afianzadoras les duró poco el
júbilo: las autoridades policia-
cas declararon que no estaban
dispuestas a quedar bajo el
control absoluto del Ministerio
Público, y los jueces, en voz del
presidente de la Suprema Corte
de Justicia, expresaron que no
permitirían que se retrocediera
el camino avanzado en materia
de garantías individuales. Para
colmo, los empresarios pusieron
el grito en el cielo y el gobierno
de Estados Unidos anunció que
seguiría impulsando el sistema
acusatorio en México.
La ceremonia en que se pre-
sentarían las iniciativas se redujo
al anuncio de que éstas pronto
se darían a conocer; el sena-
dor Ricardo Monreal retiró un
proyecto legislativo que negaba
la posibilidad de ampararse a
quienes no quisieran que un
tren pasara por la selva y la Fis-
calía General se apresuró a decir
que no tenía nada que ver con el
proyecto que circulaba.
Es urgente hacer algunas
reformas al Código Nacional
de Procedimientos Penales, sí,
y urge un Código Penal Úni-
co —temas que empezarán a
discutirse en las Cámaras y en
la sociedad civil a partir de este
mes de febrero—, pero estas
reformas deben implicar un diá-
logo con la sociedad y respetar
los derechos humanos. Espere-
mos que así suceda. Evitemos
que el remedio resulte peor que
la enfermedad.
Ángel M. Junquera Sepúlveda
Director

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR