La focalización de los derechos sociales

AutorMiguel Ángel Vite Pérez
Páginas79-96
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La focalización de los derechos sociales
EN LA DÉCADA de los noventa, teniendo como causa la crisis de la
representación social corporativa, se estableció en México
una lucha por el control de las masas, de sus militantes y organi-
zaciones, entre las agrupaciones gubernamentales y las de oposi-
ción, buscando articular las demandas sociales acotadas por los
límites de la organización a un proyecto más amplio de gobierno
donde se pusiera en práctica una política que favoreciera a una
parte de sus intereses particulares. De esta manera el partido polí-
tico aseguraba los votos requeridos para mantener su presencia en
el sistema de representación parlamentaria. Y esto solamente lo
podían realizar los diferentes partidos políticos cuando amplia-
ran sus programas y plataformas para atender a un número mayor
de intereses, lo que podía provocar conflictos en la medida en que
los intereses de la organización social encontraran su satisfacción
en el momento de la distribución de las cuotas de poder (Durand
y Smith, 1995: 313-315).
La articulación de lo social con los intereses partidistas privi-
legiaba la lógica de la democracia formal (la búsqueda del voto),
pero otras organizaciones sociales encontraron en las ONG el mejor
canal para resolver sus demandas frente a las ausencias u omisiones
de la autoridad, transformándose en ejecutoras de determinadas
políticas públicas (Ramírez, 1999: 140-141) e incluso mostrando
su utilidad para la defensa de los derechos civiles. La relación con
las autoridades, en caso de que exista, depende del cumplimiento
de los acuerdos y están en una posición vulnerable, porque si
se cambia el funcionario o la misma organización demandante se
debilita, entonces se regresa a la situación anterior o se busca que
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el sitio sea ocupado por organizaciones más afines a los intereses
de las autoridades. Así, por esta vía, se provoca que la acción
social siga reproduciendo las reglas autoritarias cercanas al patri-
monialismo o al clientelismo.66
Empero, el debilitamiento de la estructura corporativa obligó
a la presidencia a realizar tareas que al final la colocaron en una
posición precaria, asumiendo funciones que las instituciones ya no
realizaban, además de seguir cumpliendo con su papel de factor de
equilibrio entre los diferentes grupos políticos locales y estatales
de México. Esta dinámica alcanzó su mayor expresión durante la
presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
quien no sólo sustituyó a las instituciones en desgaste con su
persona, a la manera de los tres presidentes que le antecedie-
ron, sino que asumió la destrucción de estas mismas institucio-
nes con objeto de construir un Estado clientelar que lo tuviera
a él en su centro (Bizberg, 1999: 149).
Por otro lado, era una señal de que las fuerzas políticas que
estuvieron bajo el control de la presidencia ya no lo estaban, e inclu
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so su capacidad para servir de árbitro entre las nuevas fuerzas era
casi nulo.67 En este sentido, la presidencia perdió fuerza y dejó de
ser el centro de la vida política mexicana, lo que se prolongó en el
sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), donde se mostraron las
limitaciones para que desde la presidencia se edificaran institucio-
nes que consolidaran los derechos ciudadanos (Meyer, 1998: 73).
La presidencia neoliberal intentó restaurar su autoridad me-
diante canales no institucionales para poner en marcha soluciones
de emergencia con respecto a los grupos sociales empobrecidos.
66 Esto indica que la gestión política de los derechos no ha podido encontrar su susti-
tuto eficaz en formas institucionales que no sean las corporativas y clientelistas que, hasta cierto
punto, hacen imposib le la organización individ ualista de la vi da social. También significa
que el arbitraje formal de la legalidad sirve para establecer un marco de negociación de for-
mas de protección que demanda cada grupo (Escalante, 1995: 543).
67 El desgaste de la autoridad presidencial para ejercer su autoridad, ya sea a través de
la represión o de la negociación, quedó de manifiesto en 1994 cuando apareció el movimien-
to armado encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del estado del
sur de México llamado Chiapas (véase Ser rano, 1998).

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