¿Fiscalía autónoma?
| Autor | Gerardo Laveaga |
| Páginas | 34-35 |
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Nadie discute que los políticos o servidores públicos que cometan un delito deban ser castigados. Cómo acabar con la impunidad, es otro tema. Algunas OSC’s proponen que, al efecto, se cree una Fiscalía General de la República autónoma.
El artículo 102 de la Constitución ya la contempla, pero estas OSC’s consideran que el hecho de que el presidente puede nombrar y remover a su titular a voluntad, cubriendo requisitos insignificantes, es una simulación. Peor que eso: una burla.
“Hay que reformar el 102”, claman. “Hay que impedir que el proyecto de ley reglamentaria sea aprobada en el Senado”, vociferan. Exigen “una fiscalía que sirva”, que se evite la llegada de un “fiscal carnal” al cargo y que se les consulte cada movimiento.
Es cierto que el modelo napoleónico —el que hace depender la procuración de justicia del jefe de un gobierno— está en crisis. Los abusos que se han cometido en todo el mundo la explican: se imputan cargos a los enemigos del régimen y a los amigos no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
El problema es que una fiscalía general está diseñada para perseguir toda clase de delitos de índole federal. Debe perseguir ante los tribunales a narcotraficantes, contrabandistas y tratantes de personas. La corrupción es sólo uno de estos delitos. Y dado que no existe capacidad para perseguirlos todos, alguien debe elegir a cuáles dar prioridad.
A diferencia del Poder Judicial, cuya independencia es reactiva —resuelve exclusivamente lo que se le presenta—, la fiscalía necesita independencia para decidir qué perseguir y qué no. Si algo define al Estado es el —el derecho a castigar— y éste es el último recurso del que se debe echar mano para hacer cumplir la ley. ¿Lo que proponen estas OSC’s es que el Estado renuncie a su esencia? No lo hará.
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Imaginemos a un presidente decidido a castigar a quienes evaden impuestos: ¿tendría que apelar a la buena voluntad del fiscal? ¿Qué sucedería si éste se rehusara a ejercer la acción penal? ¿Qué ocurriría, por otra parte, si el fiscal decidiera perseguir a quienes falsifican dinero y el presidente se opusiera a la intervención de la policía?
Nuestro sistema presidencial fue diseñado para que el presidente fuera el eje del sistema político. Él tiene el bono democrático. Se vota por él y no por el fiscal. En Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros países...
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