Las finanzas públicas
| Autor | Hilario Barcelata Chávez |
| Páginas | 195-250 |
La Economía Veracruzana. Retrovisión y realidades Hilario Barcelata Chávez
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LAS FINANZAS PÚBLICAS
La Economía Veracruzana. Retrovisión y realidades Hilario Barcelata Chávez
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Agosto, 1996
Muchas cosas no se saben todavía acerca de la inminente quiebra del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz,
pero una cosa sí es cierta: la ineficiencia administrativa, la corrupción y la desviación de recursos son factores
fundamentales para entender su quebranto financi ero. No puede explicarse de otra manera que una institución de esta
naturaleza, que se nutre financieramente de las aportaciones de los tra bajadores y del propio gobierno no pueda hoy
seguir cumpliendo con las tareas que le fueron encomendadas.
Uno no puede resistirse a preguntar ¿cuánto recibe el IPE por aportaciones de los trabajadores quincenalmente,
considerando que a cada trabajador o empleado se le descuenta el 7 por ciento de su sueldo. Además, hay que
considerar que el gobierno del Estado aporta (o debe aportar) una cantidad igual a este 7 por ciento. ¿En qué pudo
haberse gastado e sa cantidad de dinero como para que hoy el IPE no sólo no tenga recursos, sino que, acumule,
además, una deuda que se hace cada día más grande? Y lo más grave ¿cuál es el futuro de miles de trabajadores que
están viendo llegar el momento de su jubilación? ¿Quién o cómo se les cubrirá su fondo de retiro a que tienen derecho?
A los trabajadores en activo y a los pensionados podría interesarles saber cómo se ha manejado el fondo creado con sus
aportaciones, cómo y en qué se ha gastado. Y si algún funcionario público se benefició de manera personal o actuó
ineficientemente, saber su nombre y qué acciones legales se ejercerán en su contra. Porque decir que el IPE está al
borde de la quiebra exige una investigación profunda que permita conocer las causas reales de esa quiebra y los
causantes también. No es justo para esos miles de trabajadores, que permanezcan en el anonimato los nombres de
quienes han lucrado con su dinero. No es justo, tampoco, que permanezca oculto que las empresas productivas del IPE
han servido para financiar, campañas políticas, o brindar cortesías en viajes o visitas de placer u oficiales a funcionarios
públicos. Por eso se convirtieron en una pesada carga para la institución. Por eso en lugar de darle le q uitaban. No es
justo, tampoco, que vaya a desaparecer esta institución porque ¿dónde está to do el dinero que se supone debería
tener? Tampoco es justo que para reparar el daño que le han causado los ineficientes o corruptos funcionarios públicos
que lo han dirigido, se pretendan incrementar las aportaciones de los trabajadores. Creo que a ningún trabajador le
agradaría que en lugar de contribuir con un 7 por ciento, ahora t uviera que hacerlo con un 10 o un 14 por ciento, como
se ha venido especulando desde meses atrás. Y esto no sólo no es justo porque los trabajadores no tienen la culpa de los
malos manejos, sino porque, además, significaría un verdadero atropello dada la gravísima situación económica de
pobreza generalizada en nuestro estado.
Las soluciones no son fáciles. Una cosa es cierta: el IPE no debe desaparecer. Otra cosa es verdad: los culpables deben
pagar por sus errores y sus deshonestidades. ¿Será muy difícil detectar a dónde fue a parar el dinero del IPE? ¿Será muy
difícil recuperarlo si es que fue usado para incrementar el patrimonio de algunos funcionarios públicos? ¿Será posible
confiscar esos patrimonios y devolverlos a sus legítimos dueños? Tanto dinero no puede haber desaparecido y si en
alguna parte está debe hacerse que se devuelva para salvar al IPE, antes de pensar que sean los trabajadores los que lo
salven o el propio gobierno con recursos que, al fin y al cabo, también son de la sociedad y no deberían usarse para eso.
Otra cosa es cierta, también, puede ser que no sepamos nunca qué pasó, quiénes son los responsables y terminemos
pagando todos los platos rotos. Sólo la voluntad política del actual gobernador del estado podrá decidir el rumbo que
tomarán las cosas. Esperemos que tome la mejor decisión.
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Septiembre, 1996
Cuando Manuel León de la Maza llegó a hacerse cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) declaró a la prensa
local que había encontrado un IPE descapitalizado, a tal extremo que se vería obligado a vender sus empresas
productivas y a dejar de construir casas. En aquel entonces, (primeros meses de 1993) el director de esta institución
reconoció que existía una deuda con la banca por 159 millones de nuevos pesos. En el mes de agosto pasado, el Sr. León
de la Maza compareció ante la Legislatura Local, ante la cual reconoció (según consigna la prensa local) que al recibir la
administración del IPE encontró un déficit de 14 millones de pesos, pero que en la actualidad dicho déficit asciende a
140 millones de pesos. De igual forma según la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado el Instituto
de Pensiones del Estado (IPE) tiene, en la actualidad un adeudo de 250 millones de pesos contraído con esta Secretar ía,
mismo que crece a un ritmo de 10 millones de pesos mensuales. Aunque no se puede precisar con exactitud la gravedad
del problema financiero, debido al manejo oficial de la información, es posible calcular la magnitud del daño económico
que enfrenta esta institución, a partir del reconocimiento de que su reserva técnica (co nformado por: bienes
inmobiliarios, reserva líquida y cartera de préstamos) está prácticamente agotada y que los recursos que se captan
(alrededor de 4 millones 500 pesos mensuales) por concepto de pagos de cuotas de los trabajadores, no son suficientes
para cubrir sus necesidades financieras.
El propio León de la Maza declaró a los legisladores que el déficit que enfrenta el IPE es producto del mal manejo de la
reserva técnica del Instituto, aunque estableció, también, que cuando tomó el Instituto en sus manos no encontró
elementos sólidos para actuar contra ningún funcionario de administraciones anteriores. Uno podría preguntarse ¿quién
es entonces, el causante de la quiebra del IPE? ¿Los que se fueron o los que aún están ahí?
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La líder del Setse Acela Servín declaró recientemente que la administración anterior a la actua l cometió una serie de
irregularidades que agudizaron la problemática del IPE y agotaron su reserva técnica y aseveró que demandará a la
presente administración para que rinda cuentas y se le finque responsabilidades que tiene (Diario de Xalapa, 09 -08-96).
El mismo León de la Maza, declaró en rueda de prensa (septiembre de 1996) que los responsables de la quiebra eran los
consejeros miembros del Consejo Directivo del IPE y -sorpréndanse todos- los derechohabientes porque reciben más de
lo que pagan. ¿A qué se referirá el Sr. León cuando afirma tal cosa? ¿Quiénes son esos que reciben más de lo que pagan?
¿El trabajador común y corriente o aquel que recibe préstamos especiales, que normalmente se otorgan a funcionarios
de alto nivel según el exdirector del IPE Sabino Huitrón?
La representación del SNTE afirma que los problemas de la institución se deben a la corrupción y al hecho de que los
fondos del IPE se han utilizado para financiar campañas políticas. Sabino Huitrón , exdirector del IPE, declara que la
quiebra se debe a la mala administración del Instituto y de sus empresas productivas. Los trabajadores del Hotel Xalapa,
(empresa propiedad del IPE) afirman que existe una nómina confidencial en donde consta el pago de elevadísimos
sueldos a personal de confianza y que existen dos habitaciones ocupadas por personal de gobierno del estado y del PRI
contando con servicios de alimentos y bebidas, cuyo costo no es cubierto al hotel.
La verdad es que es posible que la quiebra se deba a corrupción, mala administración y al uso indebido del patrimonio
público, pero hay que precisar quién y cuando se incurrió en esa responsabilidad, porque en 1991, el entonces director
del IPE, Manuel Ramos Gurrión, externó que las empresas del IPE si obtenían utilidades y que ello redundaba en
beneficio de los derechohabientes. O sea que la anterior administración no tenía las empresas quebradas ¿cu ando
empezó el desorden financiero entonces?
Poco después de la venta del Ho tel Veracruz (que era propiedad del IPE) un periódico local reco gió las declaraciones del
Secretario de Finanzas, Guillermo Rivera en entrevista donde se le cuestionó sobre el uso de los 20 millones de pesos
que resultaron de la venta de dicho inmueble. A este respecto el Sr. Rivera declaró que “puede ayudar por ejemplo para
canchas deportivas para actividades deportivas para todo el estado”. Uno podría preguntarse ¿ por qué no utilizarlo para
mejorar la situación financiera del instituto? ¿o es que en aquella época (noviembre de 1995) no existían todavía
problemas financieros? y si no existían entonces ¿por qué vender uno de sus activos? Finalmente ¿en qué se utilizó ese
dinero?
Preguntas van y vienen, pero la ciudadanía, los trabajadores aún no saben a ciencia cierta a dónde han ido a parar sus
aportaciones mensuales y, lo que es peor, se les acusa de ser ellos los causantes de la quiebra del IPE por “recibir más de
lo que pagan”. Es necesario y urgente que se lleve a cabo una profunda investigación para determinar cuál es la c ausa
fundamental de la quiebra del IPE, por varias razones:
Primero porque los responsables deben asumir su responsabilidad,
Segundo porque existen demasiadas sospechas de que ha habido corrupción y mala administración,
Tercero porque se quiere resolver el problema incrementando las cuotas que los trabajadores aportan
mensualmente. Y esto último por sí mismo es ya i njusto dado el impresionante deterioro de los salarios, pero
lo es más porque los trabajadores no tienen la culpa de que el IPE se encuentre en condiciones de bancarrota y
ahora se pretende que sean ellos los que cubran los daños que otros ocasionaron.
Es cierto que los más perjudicados con la quiebra del IPE serán los trabajadores, dado el caso de que éste, por
insolvencia financiera, ya no pudiera cumplir con las prestaciones que otorga. Pero también es cierto que los
trabajadores han cumplido con la parte que les corresponde al cubrir sus cuotas y son otros los que han dejado de
cumplir con sus obligaciones.
Definitivamente el incremento a las cuotas de los trabajadores no puede ser la solución al problema. No, por un
principio de justicia. No, porque son ellos los que han sido defraudados. No, porque sería la medida más antipopular que
podrían tomar los legisladores si modifican la Ley para que esto sea posible. No, porque el gobierno del estado tienen la
obligación de reparar el daño y castigar a los culpables. No, y mucho menos sin siquiera sa ber quiénes son los
responsables. No y mucho menos condicionar la investigación y el castigo al hecho de que los trabajadores acepten el
incremento, no pues la procuración de justicia a la sociedad no es un asunto que se negocie sino una obligación del
gobierno estatal.
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Junio, 1995
El anuncio de la venta de las empresas propiedad del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) –es decir, del Gobierno del
estado- llama a una profunda reflexión sobre el papel de la empresa pública en el financiamiento del desarrollo.
Conocida es la profunda dificultad que enfrenta el Estado mexicano para financiar un proyecto de desarrollo que
permita reactivar la economía nacional y propiciar un proceso de redistribución de l ingreso. La misma dificultad la
enfrentan los gobiernos de los estados. Y el estado de Veracruz no es la excepción. De hecho, entre los estados de la
República, el nuestro es de los que más urge la implementación de medidas tales que saquen de su postración a
millones de veracruzanos. Alguno s de los cuales se cuentan entre los grupos sociales más pobres y marginados de todo
el país.
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