El financiamiento electoral: subvenciones y gastos
| Autor | Daniel Zovatto |
| Cargo del Autor | Politólogo y doctor en derecho. Director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IIDEA), Estocolmo/San José |
| Páginas | 744-794 |
XXIX. EL FINANCIAMIENTO ELECTORAL:
SUBVENCIONES Y GASTOS*
DANIEL ZOVATTO
1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es analizar, desde una perspectiva comparada, las
características jurídicas y prácticas de la ecuación “dinero-política”. Antes de
iniciar el análisis es preciso señalar que el esfuerzo por realizar un estudio
comparado sobre el financiamiento de la política en América Latina enfren-
ta una serie de limitaciones tanto metodológicas como prácticas. Específi-
camente, tropieza con barreras generadas en gran parte por el hecho de ser
un tema relativamente nuevo dentro de la agenda política de la región. En
efecto, no es sino hasta años recientes cuando en la mayor parte de los países
latinoamericanos se ha planteado, como parte del proceso de profundización
de la democracia y de cara a una multiplicidad de escándalos de corrupción,
la necesidad de reformas político-electorales tendientes a garantizar una ma-
yor transparencia y equidad en el financiamiento de la política.
Lo anterior conlleva, en primer lugar, disponer de escasa información
acerca de los movimientos financieros de los partidos políticos, puesto que
la cultura de la transparencia y la obligación de dichas fuerzas de rendir
cuentas al Estado y a la sociedad civil han estado por lo general ausentes en
la escena político-partidaria latinoamericana. En segundo lugar, y a pesar
de regulaciones en la mayor parte de los países de la región que imponen a
los partidos la obligación de transparentar sus finanzas, hoy en día ni los
partidos ni los órganos de control cuentan con la experiencia necesaria en
este ámbito que garantice que los datos brindados sean exactos y confia-
bles. A esto se suma la circunstancia agravante de regímenes de sanciones
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* La información contenida en este capítulo ha sido actualizada al 31 de diciembre de
2004. El autor agradece los aportes de Xiomara Navas, autora del artículo sobre esta materia
contenido en la primera edición del Tratado de derecho electoral comparado de América Latina.
Asimismo, mi agradecimiento para Ileana Aguilar y a los diferentes expertos en cada país que
ayudaron en la actualización de la información.
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que en algunos casos son inexistentes y en otros no se aplican, lo que con-
duce a que haya generalmente un débil compromiso por parte de los parti-
dos para reportar información precisa. En tercer lugar, en aquellos casos
en que se cuenta con información sobre la materia, ésta muchas veces se
compone de datos heterogéneos y dispersos que dificultan la comparación,
ya sea por las diferencias en la periodicidad del rendimiento de cuentas, en
el contenido de los informes o balances, en las características propias de
los sistemas de financiamiento, o bien en las regulaciones específicas sobre
qué deben incluir o cómo deben los partidos reportar sus movimientos fi-
nancieros.
No obstante las limitaciones analizadas, la ausencia de trabajos com-
parados se ha ido superando en los últimos años con algunos estudios pio-
neros en la materia que han dado un primer paso en el análisis de las regu-
laciones sobre el financiamiento en la región.1En esta línea, y con el afán
de profundizar el análisis de este tema, el estudio que ahora presentamos
contiene un análisis comparado de las principales características, tanto
formales como reales, de los sistemas de financiamiento de los partidos y
de las campañas electorales en los 18 países considerados. Nuestro enfoque
analiza el papel del Estado, de los partidos políticos y de la sociedad civil
en la aplicabilidad de las regulaciones sobre financiamiento y sus implica-
ciones en la arena político-electoral y en el proceso de profundización de la
democracia que vive la región. Este estudio, empero, no pretende resolver
la interrogante sobre los costos financieros de la política en el área, lo que
queda pendiente para los años venideros, según se desarrolle y fortalezca
el hábito de la transparencia en la actividad económica partidaria y se dis-
ponga por consiguiente de una mayor y más confiable información. Por to-
do ello la pregunta: ¿cuánto se gasta en la política partidaria y electoral en
América Latina?, continúa a la fecha sin respuesta.
2. DEMOCRATIZACIÓN,DINERO Y POLÍTICA
El (r)establecimiento de la democracia a lo largo y ancho de América Lati-
na, con la única excepción de Cuba, unido a la consiguiente rehabilitación
de los procesos electorales como elemento central de la competencia por el
1Entre estos estudios podemos citar: Alcántara y Montero, 1992; Instituto Federal Electo-
ral de México (IFE) 1994; Navas, 1998; Alcántara y Barahona, 2003; Carrillo, Lujambio, Navarro
y Zovatto, 2003; Griner y Zovatto, 2004.
poder político llevó a los partidos a recuperar su papel de actores principa-
les de la escena política.
Este proceso ha permitido a las organizaciones partidarias legitimarse
progresivamente como entidades autónomas, provistas de personalidad
jurídica plena, mediante su constitucionalización y con funciones de carác-
ter general e interés colectivo. Consecuencia de ello, así como debido al pro-
gresivo encarecimiento de las campañas electorales, cada vez más apoyadas
en la mercadotecnia, asesores extranjeros, encuestas y focus groups, los
gastos político-electorales han experimentado un crecimiento exponencial.
Asimismo, la necesidad no sólo de mantener aparatos partidarios en
funcionamiento permanente sino, además, la de llevar a cabo campañas
electorales crecientemente costosas, ha colocado a los partidos frente al
problema de tener que recaudar grandes sumas sin indagar muchas veces
el origen de esos dineros o, incluso, cerrando los ojos ante lo obvio de los
hechos. Se ha ido abriendo así, paulatinamente, la puerta al financiamien-
to ilegal, al predominio cada vez mayor de fuertes grupos económicos, al
tráfico de influencias y al flagelo del narcofinanciamiento.
Frente a este complejo escenario, y en forma similar a lo ocurrido en
Europa continental, en la gran mayoría de los países latinoamericanos se
introdujo por ley, durante las últimas décadas, bajo distintas modalidades,
la figura de la subvención pública dirigida a ayudar a los partidos políticos
a hacer frente a sus gastos propagandísticos y —en ciertos casos— a sus
actividades permanentes (Alcocer, 1993: 15-25). Junto a estas normas se
elaboraron también otras tendientes a regular lo relativo a las contribucio-
nes de origen privado, y se introdujeron mecanismos para ejercer un mayor
control público sobre las transacciones financieras de los partidos.
Sin embargo, pese a estas medidas, la independencia partidaria res-
pecto de los intereses particulares se encuentra hoy amenazada como con-
secuencia de la creciente necesidad que tienen los partidos políticos de
contar cada vez con mayores sumas de dinero. De esta manera, el tema del
“financiamiento político” —entendiendo por tal la política de ingresos y
egresos de los partidos tanto para sus actividades electorales como per-
manentes—, ha venido cobrando importancia creciente, al igual que en
otras partes del mundo. Lo anterior es consecuencia, entre otras razones,
de la proliferación de escándalos que han puesto al descubierto las prác-
ticas ilegales de recaudación y contribución contrarias a los fundamentos de
una doctrina democrática y que evidencian, al mismo tiempo, las graves
debilidades que existen actualmente en relación con los mecanismos de
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