La FEPADE de cara a los procesos electorales de 2016
| Autor | Santiago Nieto Castillo |
| Páginas | 8-13 |
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Para entender correctamente la democracia hay que considerarla como un principio (mandato de optimización en los términos de Alexy) y, por tanto, algo progresivo y perfectible. El sistema formal de quién toma las decisiones y mediante qué procedimientos se mejora gradualmente (sin dejar de reconocer los saltos cuánticos que representaron las dos primeras generaciones de reformas electorales), lo mismo que el sistema sustancial de protección de los derechos fundamentales. Cada generación enfrenta distintos problemas para la persistencia, mejora y consolidación del diseño democrático.
Es importante preguntarnos qué retos enfrenta la generación actual y sus expresiones institucionales de cara a los procesos electorales locales del año en curso. Para ello es indispensable retroceder en el pasado inmediato y analizar el contexto del proceso electoral federal y los locales de 2015, para entender el contexto social y proyectar el futuro respecto de las elecciones del presente año. Durante el proceso 2015 se presentaron buenas y malas experiencias electorales sobre las que es necesario reflexionar. No me referiré a las positivas; se ha escrito bastante y no es el motivo central del presente artículo sobre los retos para las instituciones en el actual proceso. Sólo baste decir que, frente al cúmulo de dificultades —la presión social, la necesidad de aplicar nue-
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vas reglas electorales, la necesidad de vincular autoridades electorales federales y locales—, el proceso electoral fue exitoso.
Entre los aspectos positivos podemos enlistar los alcances de la paridad de género como principio constitucional, con la integración de la LXIII Legislatura, que tiene 212 diputadas, equivalentes a 42.4 por ciento de la conformación total de la Cámara de Diputados; gracias a ello México ocupa hoy el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a la proporción de mujeres en el Congreso.1
Se rompió el techo de cristal; ahora son importantes los resultados legislativos a favor del género. Se suma a la lista de aspectos positivos la participación y la obtención de triunfos electorales de la figura constitucional de las candidaturas independientes, con la ocupación de la gubernatura en Nuevo León, una diputación federal en Sinaloa, otra local en Zapopan y tres alcaldías, una en Nuevo León, otra en Guanajuato y la tercera en la capital de Michoacán, en este caso, a partir de la integración de un grupo plural de ciudadanos y ciudadanas provenientes de distintas corrientes políticas.
En efecto, el proceso electoral y el diseño constitucional de 2014 operaron con resultados favorables a la sociedad. Sin embargo, es necesario recordar que la autoridad electoral, por lo menos a nivel administrativo y de procuración de justicia, tuvimos que librar una serie de retos prove-nientes de actitudes no necesariamente congruentes con el sistema democrático, en hechos marcados por la violencia, como la destrucción de material electoral y ataques a las instalaciones electorales, en diversas entidades, como Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Se enfrentaron problemas serios de violación de derechos políticos de las mujeres: candidatas, capacitadoras, asistentes electorales, vocales ejecutivas, auditoras del INE y ciudadanas, en lo que se ha denominado violencia política de género, así como un lamentable fraude electoral proveniente de la generación y uso ilícitos del listado nominal de electores residentes en el extranjero, como se ha reportado en el caso de Chiapas.
Los problemas anteriores y otros relacionados con el uso de recursos públicos en las campañas, seguridad, errores en la cadena de custodia de los paquetes electorales, entre otros, derivaron en una serie de nulidades determinadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los tribunales electorales locales, que a su vez motivaron elecciones extraordinarias como en el distrito uno federal de Aguascalientes; en el distrito electoral local de Ciudad Hidalgo; en los ayuntamientos de Sahuayo, Tapilula, Tixtla y Huimilpan; en el gobierno del estado de Colima, y, finalmente, en marzo del presente año, en los ayuntamiento de Chiautla y Centro, Tabasco. Para atender los problemas derivados de las elecciones extraordinarias, las autoridades electorales, particularmente el INE y la FEPADE, desarrollamos nuevas estrategias de coordinación, entre ellas un nuevo tipo de despliegue ministerial más cercano a la ciudadanía y más coordinado con las auto-ridades electorales y de seguridad federales y locales. El objetivo fue salvaguardar los derechos políticoelectorales de los ciudadanos al inhibir conductas...
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