La experiencia de Nuevo León en el combate a la corrupción

AutorErnesto Canales Santos
Páginas32-33

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La campaña del actual gobernador en el combate a los delitos que dañan el patrimonio público se basó en gran medida en que, en su calidad de candidato independiente, podía “meter a la cárcel a los corruptos”, con especial énfasis en Rodrigo Medina. La abrumadora mayoría con la que fue electo le otorgó legitimidad a esta promesa.

México no ha tenido una política de Estado contra la corrupción. Al contrario, ésta ha permeado todo nuestro sistema de gobierno, precisamente por la impunidad que la ha acompañado a lo largo de la historia.

La regla vigente ha sido que los funcionarios que roban al erario del Estado no sean castigados, salvo contadas excepciones, más como consecuencia de desgracias políticas, que como una política de preservar el Estado de Derecho.

En respuesta a su promesa, el gobernador Bronco creó, por primera vez en la República, una fiscalía con el propósito de castigar a los culpables de desfalcos públicos, que ha operado con las mismas reglas que ampararon la “asentada” impunidad: por la falta de apoyo de nuevas leyes “capturadas” por PRI y PAN.

“Haciendo de cenar con lo que hay en el refrigerador”, la fiscalía ha conseguido vincular a proceso penal hasta ahora a más de 40 personas, entre ex funcionarios de varios partidos y particulares, por delitos que, se estima, han mermado el erario público en cientos de millones de pesos.

Con esto queda demostrado que México no tiene que vivir, por siempre, con la corrupción, que no está en nuestra “naturaleza”, que se puede acabar con ella con voluntad política, sin necesidad de grandes reformas como las del Sistema Nacional Anticorrupción.

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En Nuevo León se puede decir válidamente que ya no existe impunidad para los que abusan de sus funciones como empleados estatales o se benefician ilícitamente como gente privada. Los cuarenta y pico procesos penales significan que los acusados y sus cómplices no se liberaron de sufrir pena, pues enfrentar juicio penal, aun en libertad, conlleva trastornos por tratarse de procesos públicos, amén de costos y graves molestias.

Seria responsabilidad para la fiscalía significaría no infligir estos daños sin una convicción jurídica de que existen indicios bien fundados de conductas delictivas. Todas las imputaciones de delitos han pasado por el tamiz judicial de la audiencia inicial, pública, de vinculación a proceso penal, presidida por un juez de control.

Quiero dejar constancia de los obstáculos que se han erigido con el tiempo...

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