Estándares internacionales para la protección de los periodistas
| Autor | Rodrigo Santiago Juárez |
| Páginas | 24-28 |
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Hace un par de años la Relato-ría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó los Estándares in-teramericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia, relacionados con la violencia cometida contra periodistas y medios.1
En lo que se refiere al deber de prevención, la relatoría destacó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Agregó que esta obligación resulta particularmente importante en países en los que existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben que existe un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos.
Es decir, la relatoría considera que en aquellos países o regiones en los cuales las y los periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra ese grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de protección de sus derechos humanos, por lo que en esas situaciones la ausencia de una política pública general en tal sentido puede resultar en una falta del Estado en el cumplimiento de su deber de prevención.
La Organización de las Naciones Unidas, por su parte, publicó el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, donde se prevé: "La promoción de la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan mecanismos de prevención y medidas para resolver algunas causas profundas de la violencia contra los periodistas".2
En este sentido, los organismos internacionales han reconocido que estos deberes de prevención pueden llevarse a cabo a través de los siguientes cinco estándares.
Una3 de las maneras en que la violencia puede ser prevenida es que las autoridades asuman como una responsabilidad y un compromiso el respeto de los periodistas y los medios de comunicación, por lo que además de expresar públicamente que su trabajo es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, deben abstenerse de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios a un mayor riesgo de actos de violencia.
Este primer deber de prevención fue analizado por la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH) al resolver el caso Perozo y otros vs. Venezuela, donde analizó una serie de actos violentos de particulares contra el canal de televisión Globovisión que incluyeron agresiones físicas contra reporteros que cubrían eventos públicos, daños a equipos del canal y ataques contra sus instalaciones mediante granadas de fragmentación.
Los ataques a ese medio se dieron en un contexto en que altos funcionarios del gobierno se refirieron a los trabajadores de Globovisión como "enemigos del pueblo", "fascistas" o "traidores". Al respecto, la CIDH señaló que el Estado vulneró los artículos 5 y 13 de la Convención Americana, relacionados con la integridad personal y la libertad de expresión, pues las declaraciones de los funcionarios situaron a los empleados de Globovisión en una posición de mayor vulnerabilidad frente al Estado y a ciertos sectores de la sociedad.4
Es decir, señaló que las declaraciones públicas contribuyeron a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión por parte de ciertos sectores de la población frente a las víctimas, por lo que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión, la misma está sujeta a ciertas connotaciones con el objetivo de evitar que sus declaraciones expongan a los periodistas a un mayor riesgo de violencia.
En su sentencia, la CIDH también declaró al Estado responsable por el incumplimiento de su deber de garantizar la protección de los derechos humanos, ya que si bien no fue el responsable directo de las agresiones...
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