¿Endurecer o democratizar la política de seguridad pública?

AutorBeatriz Eugenia Ramírez Saavedra
CargoLicenciada en Sociología. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Páginas169-179

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Ante la crisis de seguridad pública1 por la que atraviesa el país, caracterizada por el incremento en los niveles de violencia y, sobre todo, por el surgimiento de formas orientadas a generar temor entre la población, se han vuelto una constante los reclamos por la instrumentación de medidas que produzcan resultados efectivos, sin precisar qué se entiende por ello y cuál sería la vía adecuada para lograrlos. Las opiniones al respecto parecieran agruparse en dos grandes categorías, por un lado, quienes reclaman el endurecimiento de las acciones en contra de la delincuencia, en una suerte de lucha declarada contra los transgresores de la ley, y, por el otro, quienes hablan de la conveniencia de “democratizar” las políticas de seguridad pública.

La vehemencia de las opiniones en uno y otro sentido no han ido acompañados, en la mayoría de los casos, por análisis diagnósticos sobre la situación por la que atravesamos en la materia que sustenten la elaboración de soluciones efectivas. Baste preguntarse, por ejemplo, ¿cuáles son los costos y efectos no deseados del endurecimiento de las políticas y acciones en materia de seguridad pública?, con mayor precisión, ¿cuánta de la violencia recientemente desplegada por miembros del crimen organizado en contra de agentes de la fuerzas del orden público no ha sido, en mucho, una reacción motivada por el endurecimiento de las “medidas de policía” efectuadas, muchas de ellas con la participación dePage 170 las Fuerzas Armadas?, o bien, ¿cómo entender, en cuanto a contenido y detalles, la demanda de “democratizar” la seguridad pública?

La situación de emergencia que prevalece en torno a la seguridad pública no debiera hacer que las autoridades gubernamentales olviden la necesidad de un enfoque adecuado y de profundidad en el análisis para estimar los riesgos, los costos y los efectos no deseados que genera la aplicación de cualquier tipo de política para tratar de contener los fenómenos delictivos, y que es, por lo mismo, conveniente tener en cuenta para no generar hoy expectativas infundadas y mañana reclamos desmedidos. En otros términos, distinguir lo “urgente” de lo “importante” y tener clara conciencia de que la atención de lo primero está orientada a evitar que el presente se complique, en mucho por lo que no se hizo o se hizo mal en el pasado, pero que difícilmente se construyen con ese tipo de acciones condiciones para transitar hacia un futuro deseable. La pregunta es, entonces, ¿cómo atender lo urgente sin perder el sentido de lo importante?

La opción por lo que podríamos llamar “línea dura” se decidió desde finales del sexenio 2000-2006 con la instrumentación del programa “México Seguro”, mismo que no produjo resultados cercanos a lo esperado, y se ha continuado a lo largo del actual, con una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el estrechamiento de esfuerzos con el gobierno de los Estados Unidos de América, donde destaca la eventual instrumentación de la llamada Iniciativa Mérida y recientemente las acciones en la frontera norte en contra de los “zetas”, el brazo armado del Cártel del Golfo, cuyos miembros son desertores en un número importante de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes) de las Fuerzas Armadas.

¿En qué medida los “zetas” son, en parte, un efecto no deseado de medidas contra la delincuencia llevadas a cabo por el gobierno de México? Se dice que el grupo de sicarios del Cártel del Golfo se salió del control de éste, luego de que Osiel Cárdenas Guillén, su líder, fuera extraditado a los Estados Unidos. La independencia de los “zetas” es una consecuencia no deseada de acciones instrumentadas por el gobierno de México en contra del Cártel del Golfo, mismas que generaron un escenario de mayor peligrosidad y violencia al que existía previamente. Sin quererlo, obviamente, las autoridades mexicanas encargadas de la seguridad pública habrían generado condiciones que propiciaron el rompimiento de la “gobernabilidad” al interior del Cártel del Golfo y en sus relaciones con los otros grandes grupos de narcotraficantes. Este vacío fue aprovechado por los “zetas” para rebasar su papel como sicarios y tratar dePage 171 apoderarse de una parte del mercado ilegal de narcóticos y de otros nichos igualmente rentables ¿Qué tan fuerte es esa organización hoy en día para resistir el embate que han lanzado las autoridades de México y Estados Unidos en su contra y qué riesgos y efectos no deseados es conveniente considerar y prepararse para afrontar? Preguntas como ésta es obligado plantear y responder antes de hacer frente a una situación considerada de “emergencia”, lo urgente no puede anular el sentido de lo importante y la adopción de un enfoque analítico donde se privilegie éste. De otro modo, la emergencia se eterniza y lo urgente se vuelve una constante.

Si lo que priva en materia de seguridad pública es la sensación de emergencia, es previsible que se privilegie el uso de la fuerza como el más importante o único recurso y que la legitimidad de las acciones llevadas a cabo pase a segundo término, lo cual nos remite a la relación entre fuerza y legitimidad.

¿La fuerza de la legitimidad o la legitimidad de la fuerza?

Para Max Weber el rasgo característico del Estado, como forma de organización y activación de la cooperación social dentro de un territorio determinado, es el monopolio de la violencia física legítima.2 Se trata de un poder autónomo que puede hacer uso de la fuerza en forma legitima y, en eso, en la legitimidad, reside, precisamente, su efectividad, con lo cual se acepta que el poderío de la fuerza no reside en su capacidad de destrucción, sino en el sentido de uso, en la finalidad que persigue. Ejemplos históricos de lo anterior hay muchos, pero baste señalar a los pilotos suicidas japoneses que usaron durante la Segunda Guerra Mundial a sus aviones como proyectiles en contra del enemigo, los llamados kamikazes.3 ¿Cómo fue posible que antepusieran el objetivo de dar en el blanco a la preservación de su propia vida?, al poner por encima de su vida a un valor considerado superior, como el servir al emperador y a través de éste a Dios. Algo similar ocurrió el famoso 11 de septiembre del 2001 durante los ataques suicidas en contra de edificios emblemáticos en Estados Unidos realizados por miembros de la red terrorista Alqaeda, que lograron convertir en armas letales muy eficaces a aviones de líneas comerciales. Los directamente involucrados están muertos, fue, precisamente, su decisión dePage 172 morir lo que potenció la fuerza de su actuar, mientras que su líder y autor intelectual de esos sucesos, Osama Bin Laden, sigue todavía libre de los esfuerzos de la justicia norteamericana por obligarlo a dar cuenta de sus actos en contra del país con mayor poderío militar y económico en la actualidad. Cabe preguntarse, ¿en los resultados de los esfuerzos realizados por un bando y otro, dónde ha estado mayormente la efectividad de la fuerza?

Las acciones en contra de la criminalidad deben dejar el uso de la fuerza a través de la aplicación del Derecho Penal como el último recurso, como última ratio. Este debe ser proporcional y apegado a reglas jurídicamente establecidas, y aquí vale la pena resaltar la diferencia entre la “mera legalidad” y la “estricta legalidad”. “La sujeción de los órganos...

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