Editorial

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EDITORIAL
E
n días pasados, la SHCP precisó que el Decreto de reformas a
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Segu-
ridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el
Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, conocido
como “reforma penal-f‌i scal o ley antifactureras”, el cual equipara la
defraudación f‌i scal con la delincuencia organizada y que busca aca-
bar con las empresas fantasma, dejó en diciembre último recursos al
erario de alrededor de 2,000 millones de pesos.
Comentó que dichas reformas empezaron a contribuir en la recau-
dación aun sin haber entrado en vigor (entraron en vigor el 1o. de
enero pasado) y aseveró que ello es lo opuesto al terrorismo f‌i scal,
pues con la pura publicación en el DOF de las reformas las empresas
se acercaron al SAT y a la Procuraduría Fiscal de la Federación para
arreglar su situación; explicó que fueron siete las empresas las que
se acercaron a las autoridades, mismas que habían comprado factu-
ras apócrifas, y sabiendo los efectos de la ley decidieron corregir su
situación f‌i scal, pagaron el impuesto omitido, la actualización y los
recargos respectivos.
Con lo anterior, la SHCP indicó que con la reforma penal-f‌i scal es-
peran dos efectos: recuperar los ingresos perdidos por este tipo de
acciones fraudulentas, y que ello abone en la recaudación de im-
puestos.

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