Editorial

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EDITORIAL
Dos temas ocupan la atención de los integrantes del equipo editorial de la revista
Letras Jurídicas. El primero que representa la actividad propia de nuestra
responsabilidad es el proceso de edición digital de la Revista que significa un trabajo
colaborativo, constante y demandante tanto para el equipo de referencia como para
el Centro de estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad
Veracruzana. El segundo es la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de nuestra
Universidad que ha significado un reto y una prueba para la vida democrática,
inclusiva y responsable de la comunidad académica.
Me ocuparé sobre todo del primero. Hoy en día la edición de revistas científicas
debe ser digital y para las publicaciones que, como la nuestra, han nacido en la forma
impresa (ya casi 20 años atrás), la transformación no es sencilla porque además de
la edición digital existen un sinnúmero de requerimientos para que sean posibles
mediciones del factor de impacto, relevancia e importancia de nuestra publicación,
todo lo cual es necesario para ser tomados en cuenta en las evaluaciones de
publicaciones científicas.
Un problema sustancial es que actualmente estamos más preocupados por
cumplir esos requerimientos institucionales nacionales e internacionales, algunos de
ellos excesivamente técnicos que por divulgar el avance científico o, en última
instancia, lograr un impacto en la vida de las personas y el entorno. Con ello, poco a
poco, vamos perdiendo la esencia de la labor científica y académica porque, además,
para incursionar en este ambiente digital debemos acudir a “empresas” que lucran
desmedidamente con nuestro afán de “puntuar” en las evaluaciones académicas.
En la Revista Letras Jurídicas seguimos convencidos de que lo importante es la
divulgación del conocimiento, el intercambio de experiencias y la oportunidad de
discutir los temas relevantes tanto del conocimiento jurídico como de cualquier otra
disciplina que sea necesaria para acercarnos a la complejidad de las relaciones
sociales y el papel del Derecho como mediador en las mismas.
Un obstáculo hasta ahora insalvable para entrar plenamente a la era digital, lo
constituye la falta de coherencia de las políticas institucionales de nuestra
universidad con los fines y gestiones académicos; los esfuerzos son múltiples pero
son demasiado pausados, ojalá que en los próximos números podamos compartir
avances significativos.
El otro tema es la reciente propuesta de modificar la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana que representa una oportunidad para consolidar la vida
democrática de nuestra Universidad y que, sin embargo, ha despertado viejas
prácticas y nuevos reclamos (algunos excesivamente apasionados) que deben ser
erradicadas las primeras y escuchados los segundos porque la redacción de la Ley
es tarea de todos, no sólo de los expertos jurídicos, pues somos todos los que
viviremos bajo la sombra o el amparo de dicha legislación.
La Ley Orgánica debe contener los lineamientos de organización, funcionamiento
y estructura de la Universidad para que, a partir de ellos, la normativa específica

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