Los derechos en los hechos de 2016-2018
| Autor | Jorge Alberto González Galván |
| Páginas | 174-205 |
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CAPÍTULO SÉPTIMO
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2016-2018
I.
VOCES INDÍGENAS PARA EL CONSTITUY ENTE
ORIGINARIO DE LA CDMX
No estoy pensando necesariamente en los posibles representantes
o asambleístas de origen indígena en la integración próxima del
poder constituyente originario de la Ciudad de México (CDMX),
sino en las demandas de derechos de los pueblos indígenas de y en
la CDMX.
Viviremos los capitalinos de este país el escenario marcado
ya desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional en 1994: refundar nuestras relaciones políticas y sociales a
través de nuevas Constituciones. Por ello, me permitiré hacer las
siguientes propuestas (haya o no, en el Constituyente, asambleís-
tas indígenas):
1. Sobre el derecho a la libre determinación. Las alcaldías de
Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan deberán ser reconocidas
como alcaldías indígenas regidas por su derecho propio (o
al menos tener representación directa en los cabildos y en
el Congreso local).
2. Sobre el derecho a los sistemas normativos propios. Las al-
caldías mencionadas deberán tener tribunales y ministerios
públicos especializados en derechos indígenas que conoz-
can sus idiomas.
3. Sobre los derechos culturales. La educación que se imparta
en la CDMX deberá ser en todos sus niveles, no sólo gratui-
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ta, científica y laica, como lo establece el artículo 3o. consti-
tucional, sino también intercultural, con base en el artículo
2o. Los pueblos indígenas deberán tener medios de comu-
nicación masiva propios para difundir y defender sus cul-
turas y derechos. Se deberá aprobar una Ley de Memoria
Histórica para sustituir los nombres de calles y plazas que
representen a los colonizadores aztecas y españoles (Cuau-
htémoc, Colón, Isabel la Católica, etcétera), así como quitar
de los espacios públicos las estatuas de los mismos.
4. Sobre el derecho al desarrollo, se destinará el diez(mo) por
ciento del impuesto predial de los inmuebles del Centro
Histórico para un Fondo de Desarrollo de los Pueblos in-
dígenas.
Soñar no cuesta nada. Y, sin embargo, contra todo pronósti-
co historicista de que sólo una revolución hace posible una nueva
Constitución, la CDMX tendrá la suya sin haber disparado un
solo tiro. La experiencia será un poderoso evento pedagógico de
participación política que, si se lleva a cabo lo mejor posible, ser-
virá de inspiración a otras entidades federativas, incluso a la Fe-
deración, para convocar en 2017, centenario de la Constitución,
a un nuevo Constituyente… soñar no cuesta nada.
II.
NUEVOS PRESUPUESTOS,
PARA NUEVOS TRIBUNALES LOCALES
Cuando el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto,
presentaba el libro que coordinó sobre el trabajo jurisdiccional
en su entidad, mencionó que la satisfacción de las necesidades
presupuestales en los poderes judiciales locales no es suficiente
para cumplir con sus funciones correspondientes. Dijo que el pre-
supuesto que recibe el Poder Judicial de la Federación es para
atender el 20% de las controversias que se presentan en el país,
LOS DERECHOS EN LOS HECHOS DE 2016-2018
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en tanto que el 80% de las mismas se presentan ante los tribuna-
les de cercanía; es decir, los locales.
La demanda es nacional, lo mismo escuché decir a mis jue-
ces-alumnos de Guanajuato. Es lógico que para garantizar el de-
recho al acceso a la justicia se otorgue un presupuesto suficiente
no sólo a los tribunales federales, sino también a los locales. La
decisión final pasa por considerar, primero, que no se trata de un
pleito de dinero entre poderes, sino de la garantía de un derecho
humano a un servicio público indispensable. Y segundo, que es
una señal de fortaleza institucional que el principio de separación
de poderes se refleje en la independencia de los poderes judiciales
locales. Por ello, me parece necesario que la Ley de Egresos fe-
deral señale el presupuesto correspondiente a cada Poder Judicial
local, puesto que el dinero lo otorga la Federación y es el Ejecuti-
vo local quien lo distribuye (hasta ahora).
Unidos todos los poderes judiciales locales podrán lograr
esta reforma a nivel federal. Mi recomendación para que suceda
en el menor lapso posible es que su solicitud vaya acompañada
de propuestas de actualización normativa en cuanto a funciona-
miento interno sobre transparencia, rendición de cuentas, servi-
cio civil y carrera judicial.
No se puede pedir en tiempos de crisis económica más presu-
puesto sin que la sociedad tenga la garantía de que su dinero será
utilizado de manera responsable, honesta, eficaz y profesional.
El aumento presupuestal correspondiente no debe ser el botín
para autoasignarse discrecionalmente aumentos salariales, bonos
y prestaciones de los magistrados, tampoco debe ser para que
las plazas se asignen arbitrariamente a sus amigos, familiares o
clientela política.
Los ciudadanos necesitamos confiar y estar orgullosos de
nuestros jueces, federales y locales; para ello se necesita, cierta-
mente, que tengan los recursos económicos y materiales dignos
que faciliten su desempeño profesional y desarrollo humano.
Ojalá esta justa demanda de aumento presupuestal de los po-
deres judiciales sea atendida y apoyada por los poderes ejecutivos
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