Cultura política Referente de la cultura de la legalidad
| Autor | Julio César Kala |
| Páginas | 187-210 |
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Sin embargo de la alternancia partidista al frente del ejecutivo, en cualquiera de los ámbitos de la administración pública; de la conformación de los congresos locales o federal, y de la integración del poder judicial, estatal o nacional, la seguridad pública continúa, siendo una de las demandas ciudadanas más importantes. La delincuencia ha trastocado la dinámica de las relaciones sociales; la tranquilidad de las personas se ha afectado alterando la dinámica de las relaciones sociales.
La respuesta institucional, desde hace más de tres lustros sigue centrada en el endurecimiento del sistema de justicia penal, preponderantemente en la reacción punitiva, cada vez más exacerbada, no obstante de sus magros resultados, por ello, el papel del ciudadano en el terreno de la prevención, con su intervención activa y comprometida representa una aporte fundamental en el desarrollo y consolidación de la democracia, en la reconfiguración de los compromisos del pacto social.
La reforma del Estado es una preocupación mundial desde finales del siglo pasado, la crisis económica de los países en desarrollo y los graves problemas financieros y políticos de los países emergentes hacen patente su necesidad.2 La construcción de escenarios que fortalezcan la gobernabilidad, […] creación de estructuras de autoridad en distintos niveles de la so-
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ciedad […]3y propicien el desarrollo democrático constituyen condiciones indispensables para perfilar la reconfiguración del estado contemporáneo.4
La complejidad del escenario social contemporáneo y el desarrollo de la democracia han modificado las relaciones entre mercado, sociedad y gobierno. gobernabilidad ahora no se define sólo como Estado —administración pública— o como mercado, tampoco es posible identificarla exclusivamente como sociedad, es necesario construir y promover una nueva cultura política que oriente la agenda pública en el marco de las democracias constitucionales. La reconfiguración del pacto y los nuevos acuerdos que se realicen han de incorporar garantías de previsibilidad y de compromiso de los actores.5Al margen de las diferencias en torno a la definición de cultura política,6 es posible identificarla como “el conjunto de ideas y valores capaces de de-
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terminar los límites, las mediaciones, las posibilidades y los intercambios entre el gobierno, el mercado y la sociedad civil”7 en las que los valores democráticos: libertad, tolerancia y respeto entre otros, oriente las relaciones entre los actores sociales.
En la conformación de una cultura política que fortalezca el desarrollo democrático es posible distinguir cinco principios: i) relación compleja entre gobernabilidad y democracia; ii) compromiso estatal; iii) aldea global;
iv) responsabilidad ciudadana e; v) integración de valores.8
El primer principio, relación compleja entre gobernabilidad y democracia, establece que por sí mismas las instituciones democráticas no resuelven los problemas de gobernabilidad. Es necesario distinguir la eficacia gubernamental —sobre actores clave: empresarios y líderes de opinión entre otros—, y los acontecimientos cruciales —por ejemplo devaluación y seguridad pública— de la forma de gobierno.
El segundo principio, compromiso estatal, está referido al gobierno del Estado, su cumplimiento requiere de una administración pública eficiente, eficaz y transparente, cuyos límites de actuación sean los derechos fundamentales.
En tercer lugar, el principio de globalización atiende a la estrecha interrelación entre los Estados contemporáneos, producto de la ampliación de los mercados y del desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones. La vida interna de un Estado, las prácticas sociales a su interior y el diseño de la política pública no puede estar al margen del compromiso de ésta con la comunidad internacional, en el que es preciso preservar la identidad propia en marco de la diversidad y la multiculturalidad.
La Responsabilidad ciudadana, como principio de la cultura política subraya la responsabilidad plena, en el ámbito de su competencia, del ciudadano en dos sentidos, por un lado en la racionalidad de sus demandas y, por
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otro, en el cumplimiento de sus compromisos, por ejemplo lo que respecta a la cultura de la legalidad.
El último principio, integración de valores, atiende a la multiculturalidad, por ello a la diversidad, al respeto y a la inclusión.
Una cultura política delineada así, forja ciudadanos proactivos, responsables y comprometido capaces de nombrar a sus representantes, de organizarse para defender sus derechos, de influir en el rumbo político del Estado; atentos y vigilantes de la actuación gubernamental.
En este contexto, gobierno, sociedad y ciudadanos se encuentran comprometidos con la dirección de la política pública; son corresponsables de sus consecuencias. Por un lado, la administración pública es responsable por diseñarla y operarla. Por otra parte, la ciudadanía es responsable por avalar la política pública, por oponerse a ella o por su indiferencia y de conducirse conforme a la norma.
La seguridad pública9 constituye uno de los cometidos ineludibles del Estado contemporáneo, por ello la política pública orientada a garantizarla tiene que comprometer la acción estatal integralmente: a la administración pública y a la sociedad; no deben responder a coyunturas políticas, ha de tener objetivos claros y precisos, metas referidas preponderantemente al incremento de las condiciones reales de espacios sociales que posibiliten una convivencia social en el marco de los derechos fundamentales, antes que a criterios programáticos; su verificabilidad ha de realizarse en el corto, mediano y largo plazo.10Por ello, la estructuración, la construcción, la operación y la evaluación de estas políticas públicas están destinadas a impactar, visiblemente, en la problemática social o, en su caso, a incrementar los estándares de bienestar y de seguridad en los escenarios sociales para promover mejores condiciones de convivencia social de los habitantes.
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En el ámbito de la seguridad pública, excepcionalmente se ha avanzado en el diseño exitoso de planes de acción interinstitucionales e interdisciplinarios de políticas públicas integrales que incidan en la reducción del delito y en los niveles de inseguridad.
La implementación y el diseño de políticas integrales en materia de seguridad no ha dado los resultados esperados, el incremento de la espiral de violencia es su resultado más notorio, no sólo por el incremento de muertes y desaparecidos, sino por el deterioro del marco democrático, a pesar de las reiteradas recomendaciones realizadas por organismos internacionales, entre otros, por el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC), el international Center for the Prevention of Crime, o el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Por ello es necesario insistir desde los derechos humanos, la teoría constitucional, el derecho penal, la criminología y la victimología, entre otros espacios de reflexión, en la generación de propuestas de políticas públicas dirigidas a disminuir los impactos y la frecuencia de la violencia y de la delincuencia.
México, en los últimos años ha vivido en un ambiente altamente polarizado por la violencia, en el que el temor de ser víctima de la delincuencia es una constante y en donde la policía, las instituciones gubernamentales y la sociedad juegan un papel fundamental, sin que hasta el momento se haya logrado disminuir la violencia ni la inseguridad de los habitantes.
Describir la criminalidad significa, en primer lugar, aludir al cuerpo legislativo y a las instituciones responsables de aplicar la ley. Si el crimen es considerado como la transgresión de un valor unánimemente compartido y traducido en una prohibición legal; dichos valores están lejos de ser universales y sobre todo su jerarquización como lo demuestra no sólo la actividad de la denominada delincuencia organizada, sino también el desapego a la norma en muchas de las conductas sociales cotidianas de las personas.
México no es distante de contextos claramente afectados por la corrupción, la delincuencia y la violencia, como en su momento Palermo y Bogotá, entre otras ciudades, en las que a diferencia de México, ha surgido un enfoque centrado en el valor integrador de la legalidad y de la disminución de la violencia, enmarcado en la necesidad de aproximarse a estos problemas desde un punto de vista más allá de paliativos, centrado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, en la ampliación del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, en el que la seguridad pública sea descrita como el escenario social en que las personas ejercen sus libertades sin temor a sufrir menoscabo en su patrimonio, lesiones en su persona o limitación de sus expectativas de crecimiento y desarrollo.
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Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la cultura de la legalidad requiere de la comprensión cabal de la sociedad en su totalidad, de las implicaciones del Estado de Derecho como medio para propiciar las mejores condiciones sociales de bienestar y seguridad para todos, dónde la producción legislativa y la aplicación de la norma promuevan la ampliación de derechos de las personas y la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales, y los habitantes, a partir de la participación responsable en la vida pública y social, se conduzcan a asimismo, en sus actividades cotidianas apegándose a la...
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