¿Cuántos agravios más en contra de la libertad de expresión?

AutorLic. Luis Raúl González Pérez
CargoAbogado General de la UNAM
Páginas14-17

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Pero ese hecho no es sino la culminación de la larga cadena de agravios que, al menos desde hace una década, ocurren contra periodistas y medios de comunicación y que, entre otros, han venido documentando la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin fronteras, Artículo-19, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, el Comité de Protección de Periodistas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Según datos de esta última institución, en el año 2000 se radicaron 13 expedientes de queja relacionadas con agresiones a los derechos humanos de los periodistas; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en 2007, 84; en 2008, 80; en 2009, 83 y en lo que va del presente año, 30. Además, se tienen documentados los casos de 64 homicidios de periodistas del año 2000 a la fecha y la desaparición de 11 comunicadores de 2006 a 2010.

Todo lo anterior no es sino la demostración de la grave crisis de inseguridad que se vive en el país y que permea en todos los ámbitos sociales; y, en el caso particular del periodismo, es también indicativo de que las medidas de prevención y protección adoptadas hasta el momento, entre otras la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, ahora Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, han resultado insuficientes, en parte porque que la mayoría de los agravios cometidos en contra de comunicadores y medios de comunicación, son más bien competencia de los Estados.

La pronta respuesta federal en el caso de los comunicadores plagiados y la igualmente eficaz detención de sus captores, es la excepción en un país donde la regla se determina por las altas tasas de impunidad, pues según datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), de cada 1,000 delitos cometidos, sólo en 7 se llega a sentencia, lo que equivale a una eficacia del 0.7%. De ahí la necesidad de establecer acciones programáticas y planificadas y no sólo mediáticas o “quirúrgicas”, para atender este problema.

No es posible tolerar la existencia de nuevos censores surgidos del crimen organizado, sin que las autoridades obligadas a vigilar el respeto de los derechos cumplan con su obligación. Estos grupos han impuesto un clima de terror y desaliento en algunos Estados del país estableciendo con el poder de la fuerzaPage 16 los límites del ejercicio de...

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