Crónicas de una muerte anunciada. (La obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho) - Núm. 38, Diciembre 2014 - Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Libros y Revistas - VLEX 575662450

Crónicas de una muerte anunciada. (La obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho)

Autor:María Amparo Hernández Chong Cuy
Cargo:Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la V Circunscripción
Páginas:81-106
 
CONTENIDO
81
Crónicas de una muerte anunciada. (La
obligatoriedad de la jurisprudencia en
entredicho)
María Amparo Hernández Chong Cuy
SUMARIO:I. El inicio. II. Primera evidencia. III. Segunda
evidencia. IV. Tercera evidencia. V. Un camino cerrado.
VI. Y otros abiertos. VII. Más pistas. VIII. Crónicas
paralelas. IX. ¿El final?.
I. El inicio
El 4 de octubre de 2011 fue decretado el fin de la llamada Novena
Época de la jurisprudencia y el inicio de la Décima. Se trató del
Acuerdo General 9/2011 tomado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (en lo sucesivo SCJN) en que se adujo que la
entrada en vigor de las reformas constitucionales de derechos humanos
y juicio de amparo de junio de 2011 llevaban una nueva época del
sistema jurídico mexicano. A este importante parteaguas se sumó la
resolución dictada por la SCJN en el Varios 912/2010 (asunto en el
que, en su calidad de Máximo Tribunal, se posicionó en torno a la
condena interamericana a México dictada en el Caso Radilla;
particularmente, en torno al deber de control convencional ex officio
que en tal sentencia se mandaba realizar a todo juez mexicano).
Esa fecha marcaría el principio del fin o el fin mismo de un sistema
de revisión judicial de leyes sumamente concentrado en el Poder
Judicial de la Federación también, su transformación en un sistema
difuso, a través del control de convencionalidad y la desconcentración
Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Po der Judicial de la Federación de
la V Circunscripción.
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del control de la constitucionalidad de leyes, así sea con sus propios
matices.
Esta importante muta ción no fue una consecuencia impensada de la
decisión tomada por la SCJN de aceptar el deber de control convencional
difuso que imponía la sentencia interamericana que se comenta. Tan es así
que l a propia resolución Varios 912/2010 abordó cu áles serían las
consecuencias de este tipo de ejercicios, s egún se realizaran por jueces de
amparo (o vías dire ctas, según dijo) o por jueces ordinarios o vías
indirectas, trazando la línea distintiva —en mu y resumidas cuentas— en
que unos podrían, en su caso, declarar abiertamente la invali dez de las
normas que consideraran inconvencionales e inconstitucionales,
mientr as qu e los otros podrían inaplicarlas en el caso concreto que se
conociera, mas no declarar su i nvalidez, menos aún tener poder para
expulsarlas del sistema normativo.
Una revolución empezó entonces. Una revolución en el sistema
jurídico, particularmente en la forma de ejercer la función judicial y
en la relación entre los jueces y la ley. Empezaba así algo que
durante años fue indeseado por la propia SCJN, porque se veía
como el principio del caos: todos los jueces facultados para dejar
de aplicar leyes a su criterio. Muchas de las variables que habrían
de influir el curso que esta mutación conlleva se avizoraban; y
otras tantas, poco a poco, se han venido evidenciando.
Gradualmente se han venido disipando otros problemas no menos
importantes que han surgido junto con ello, e igualmente poco a
poco se va asimilando —no sin un grado de confusión y
claroscuros— hacia dónde se transita y cómo será o idealmente sería el
punto de llegada. Especialmente clarificadoras han sido las decisiones
tomadas por la SCJN en la Contradicción de Tesis 293/2011.
Al tiempo, otra revolución, quizá ésta no del todo esperada,
empezó a gestarse en el sistema de jurisprudencia y en la relación entre
los jueces y sus superiores. Aquí una crónica de pequeñas y no tan
pequeñas evidencias.
II. Primera evidencia
Era 2011 cuando, al resolver un amparo directo, el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo la procedencia
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del amparo directo interpuesto por la víctima u ofendido del delito en
contra de una sentencia penal absolutoria. Quizá ahora ya no lo
parezca, pero en su momento se trató de un criterio inédito que,
además, se apartaba de lo sostenido por la Primera Sala en su tesis de
jurisprudencia 1a./J. 90/20081, criterio que categóricamente establecía
la falta de legitimación para que las víctimas pudieran acudir al juicio
de amparo a impugnar las sentencias que absolvían a quienes
consideraban sus victimarios.
El Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) explicó por qué no
observaba tal jurisprudencia: su vía argumentativa consistió en
explicar que la improcedencia del amparo directo en contra de las
sentencias absolutorias no derivaba de ningún texto normativo, sino
que había sido construida de manera pretoriana por la SCJN; y que la
propia Primera Sala, en posteriores criterios jurisprudenciales dictados
luego de 2008, había venido desandando el camino marcado por la
jurisprudencia 90/2008 y empezado a construir otro, en sentido
contrario, de donde el TCC derivaba que aquel criterio debía
considerarse superado. Con base en esto, al final, sostuvo la
procedencia del amparo directo en el supuesto descrito.
El fallo pues no se trató de un posicionamiento confrontativo con
la obligatoriedad de la jurisprudencia de la SCJN hacia el tribunal, ni
medió explícita o implícitamente algún pronunciamiento en torno a si
los TCC podrían dejar de observar la jurisprudencia de sus superiores.
Se trató, simplemente, de un caso en el que el TCC explicó por qué y
cómo la propia Primera Sala había interrumpido y/o dejado sin efectos
su propio criterio; pero aún así fue un criterio que se aventuró en dejar
de aplicar algo que, en apariencia, le resultaba un criterio obligatorio.
Con todo, hubo TCC que no compartieron el criterio de
procedencia en comentario. De modo que fue contradicho en poco
tiempo por el Cuarto TCC de la misma materia del mismo circuito.
Este último TCC dialogó directamente con la sentencia del Primer
TCC negando lo que éste afirmaba, aun cuando no dijo prácticamente
nada acerca de si la jurisprudencia de la Primera Sala SCJN había
1Tesis 1a./J.90/2008: LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO.EL OFENDIDO CARECE DE ELLA
PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA SITUACIÓN DEL MENOR INFRACTOR
CON SU ABSOLUCIÓN.
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perdido o no obligatoriedad; concretándose a aplicar y sostener ese
criterio de que las víctimas no podrían acudir al juicio de amparo.
La Contradicción de Tesis 229/2011 fue resuelta por la Primera
Sala el 7 de diciembre de 20112. La Sala resolvió que, efectivamente,
el criterio contenido en la jurisprudencia 90/2008 debía dejarse atrás, a
la luz de más recientes desarrollos jurisprudenciales y normativos en
materia de derechos de la víctima; y resolvió que, en su lugar, dea
tener el carácter de vinculante un nuevo criterio que admitiera la
procedencia del juicio. El criterio nuevo fue aprobado como tesis de
jurisprudencia de clave 1a./J.21/2012 (10a.)3.
La Primera Sala de la SCJN no discutió —y creo que no era el caso
por la forma en que se había presentado la problemática—, si los TCC
estaban autorizados o no para dejar de observar sus criterios
publicados como “tesis de jurisprudencia”. Sentaba así nuevo criterio
que afirmaba un importante derecho de las víctimas en los albores de
la Décima Época.
III. Segunda evidencia
Mientras este debate tomaba forma en la SCJN, otro empezaba a surgir
en los TCC. Recién estrenada la Décima Época, el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito acordó y publicó como
tesis de jurisprudencia por reiteración la de clave: I.9o.P. J/1 (10a.) 4
Como se aprecia de la sola lectura del rubro de esta tesis, el TCC
decidió —por y ante mismo— “inaplicar” una tesis de
jurisprudencia de la Primera Sala y una diversa aislada de la Segunda
Sala, bajo la consideración de que tanto el precepto como las tesis
debían ser inaplicadas porque resultaban inconvencionales, atentatorias
contra la igualdad procesal e igual protección de la víctima y el
acusado, ya que sólo a este último le pudiera asistir la figura de la
suplencia de la queja.
2Mayoría de cuatro votos, votó en contra el Ministro Pardo Rebolledo.
31a./J.21/2012 VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO.ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE
AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE ABSUELVE AL ACUSADO.
4I.9o.P. J/1 (10a.) SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS D E VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA
VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.OPERA CONFORME AL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS,FRACCIÓN II,DE LA
LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2A.CXXXVII/2002 Y1A./J. 26/2003
)
.
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La dinámica del asunto antes narrado se repitió. Contrario a lo
sostenido por este TCC, otros TCCs continuaron sosteniendo el criterio
de que no procedía la suplencia de la queja a favor de la víctima u
ofendido, de modo que en poco tiempo se denunció la contradicción
entre ellos. Se formó la CT 163/2012 en la Primera Sala y el 28 de
noviembre de 2012 la Sala resolvió, coincidiendo con el TCC primero
mencionado, que sí procedía suplir la queja y que era el caso dejar sin
efectos su anterior tesis jurisprudencial 26/2003.
La Sala no hizo ningún pronunciamiento en torno a la
inaplicación que de su criterio jurisprudencial había afirmado el
TCC, quizá porque no veía problemas en que se inaplicara su
jurisprudencia; quizá porque se trataba de una jurisprudencia datada
mucho tiempo antes de la reforma constitucional en derechos humanos
y coincidió en que estaba por ésta superada. El Noveno TCC, tal como
sucedió con el Primer TCC antes mencionado, se aventuró en dejar de
aplicar algo que, en apariencia, le resultaba un criterio obligatorio, y
eso no es cualquier cosa. En otros tiempos eran actitudes o
posicionamientos totalmente impensables.
IV. Tercera evidencia
Más o menos en esas mismas fechas, algo similar ocurría en lo que es
del resorte de la Segunda Sala de la SCJN. Pero narrar este caso no
será tan fácil como narrar los anteriores porque —para bien
entenderlo— hay que especificar más detalles del mismo.
En mayo de 2012, el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Cuarto Circuito conoció de un amparo directo (AD
76/2012) que versaba sobre la posibilidad de reinstalar en su cargo a
un funcionario del Ministerio Público del Estado de Nuevo León que
había sido separado injustificadamente de su cargo, así como sobre los
parámetros bajo los que debía integrarse y cuantificarse la
indemnización que le correspondería a tal quejoso. El TCC sostuvo
que el quejoso no podía ser reinstalado toda vez que se trataba de un
elemento del Ministerio Público y por ello operaba la pérdida de
confianza en términos del artículo 123, apartado b), fracción XIII,
segundo párrafo constitucional. Con base en ello, sostuvo que lo
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procedente era que le fuera pagada su correspondiente indemnización
y demás prestaciones.
Precisamente en torno a cómo debía integrarse tal indemnización,
la Segunda Sala de la SCJN poco antes había publicado la tesis
jurisprudencial 119/2011.5
Pero el TCC no compartía dicho criterio y decidió no observarlo al
resolver el amparo directo. El TCC sostuvo —contrario a lo que había
dicho la Segunda Sala— que, para el caso de separación injustificada
de los elementos de las instituciones del Ministerio Público, en el
cálculo de la indemnización correspondiente se debían considerar los
mismos conceptos con que se integra la indemnización en tratándose
de un empleado de los comprendidos en el apartado A del precepto
123 constitucional. Lo anterior, según señala, pues, de lo contrario se
da un trato desigual e injustificado entre ambos tipos de trabajadores y
eso era violatorio de los artículos 1° y 2° del Convenio Relativo a la
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1962) además de ser
violatorio también del principio pro persona contenido en el artículo 1
constitucional.
La sentencia de amparo llegó en revisión a la Segunda Sala de la
SCJN y fue resuelta el 21 de noviembre de 2012 (ADR 2126/2012).
La Segunda Sala abordó destacadamente el tema de la inaplicación de
su jurisprudencia y señaló que resultaba contraria al artículo 192 de la
Ley de Amparo, pues el criterio era vinculante para el tribunal. Dijo
que la inaplicación no era susceptible de examinarse sin agravio de
parte interesada y que, por lo tanto, no era el caso de emitir
pronunciamiento alguno sobre tal cuestión. Aun así, la Segunda Sala
hizo una serie de consideraciones en torno a que la práctica de
inaplicar jurisprudencia no está autorizada en ninguna disposición
legal y afirmó que hacerlo constituye una violación a la garantía de
seguridad jurídica que proporcionan los criterios vinculantes.
Sostuvo que el artículo 1 constitucional vigente después de las
reformas de derechos humanos:
5J.119/2011 SEGURIDAD PÚBLICA.PARA DETERM INAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR
LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B,FRACCIÓN XIII,DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,NO ES APLICABLE,NI AÚN
SUPLETORIAMENTE,LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
87María Amparo Hernández Chong Cuy
“[…] solamente instituyó un método hermenéutico para la solución de
conflictos en los que esté bajo examen el alcance de los derechos
humanos, el cual permite acudir a una interpretación extensiva para
reconocer esos derechos, o bien estricta, tratándose de restricciones a los
mismos, pero siempre teniendo como límite, en uno y otro caso, el texto
constitucional y las leyes coincidentes con ella…6. Así, dijo, “[…] si
existe jurisprudencia del Máximo Tribunal exactamente aplicable al caso,
los órganos jurisdiccionales obligados a cumplir con ella carecen de
atribuciones para reinterpretar su contenido, pues uno de los derechos
fundamentales que ante todo debe observar el juzgador es precisamente la
seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, la cual
se haría nugatoria si la obligatoriedad de la jurisprudencia dependiera de
lo que en cada caso determinaran los órganos jurisdiccionales que por
disposición legal tienen el deber de acatarla.”7
La Sala destacó también que el mecanismo que debía seguirse para
superar criterios jurisprudenciales sobre los que hubiera dudas respecto
su eficacia era el de la Solicitud de Modificación de Jurisprudencia
(SMJ) previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo.
A juicio de la Sala, la inaplicación hecha por el TCC era
inaceptable pues, en lugar de preservar la unidad de la interpretación
de las normas, desconoció su contenido. Sostuvo también que con tal
inaplicación el TCC defraudó la confianza que el más Alto Tribunal les
otorgó a los TCC con la competencia originaria que les delegó, la cual
implicó, desde un inicio, que agilizarían la impartición de justicia
conforme a los criterios jurisprudenciales vinculantes sin poner en
duda el apego de estos últimos a la Constitución, las leyes o tratados,
suscitando contradicciones de tesis con el Máximo Tribunal.
La inaplicación de la jurisprudencia en este caso específico
resultaba mucho más grave, dijo, pues apenas el 22 de junio de 2011
había sustentado el criterio que fue inaplicado. Esto es, lo había
sustentado bajo la vigencia del Decreto que reformó la Constitución
Federal en materia de derechos humanos, de ahí que no había motivo
para pretender que el criterio en cuestión pudo estar superado por
dicha reforma constitucional o que la Segunda Sala la hubiese
indebidamente soslayado.
6Amparo Directo en Revisión 2126/2012 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, p. 50 d e la sentencia.
7Ídem.
88 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
Finalmente, la Segunda Sala determinó que, con fundamento en el
artículo 3 del Título Cuarto del Acuerdo 5/2003 del Tribunal Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación8, y con el objeto de evitar
la inseguridad jurídica que derivaría de la inaplicación citada, aunado
a la circunstancia de que en la sentencia recurrida se daba cuenta de la
existencia de cinco precedentes más en los que se había desobedecido
dicho criterio jurisprudencial, procedía ordenar a la Dirección General
de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis
la supresión de la publicación de las tesis derivadas de la sentencia en
revisión.
Al tenor de estas consideraciones, incluyó también un resolutivo en
el que ordenó dar vista de la ejecutoria de amparo también al Consejo
de la Judicatura Federal (se entiende, para que la inaplicación de
jurisprudencia se tratara, en todo caso, por la vía disciplinaria).
Al final, el recurso de revisión intentado fue desechado bajo el
argumento de que los agravios del recurrente se referían a aspectos de
legalidad (siendo que el recurso de revisión en amparo directo es
exclusivamente para cuestiones de constitucionalidad). Sin embargo, al
margen del desechamiento, lo importante de la decisión judicial que se
comenta es que todo lo antes mencionado, fue aprobado por
unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros.9
Este caso, como se ve, no se parece casi en nada a los antes
allegados a la Primera Sala en vía de CT. Los casos de “inaplicación”
que habían llegado a la Primera Sala eran casos en los que podría verse
con más claridad que se trataría de superación de jurisprudencia. En
cambio, el asunto que aquí se comenta era un caso un tanto
confrontativo, en tanto abiertamente sostenía la inconvencionalidad e
inconstitucionalidad de un criterio de la Segunda Sala que —nótese—
era además un criterio que interpretaba la propia Constitución y que
8Dicho precepto señala:
“Cuando la Coordinación detecte que una tesis aislada o de jurisprudencia emitida por un
Tribunal Colegiado de Circuito, en las materias propias de su competencia, sostiene un criterio
distinto al contenido en una tesis de jurisprudencia o aislada de la Suprema Corte, deb erá
informarlo a aquel Tribunal a efecto de que éste determine so bre su publicación”.
9Asunto aprobado con 4 votos a favor, ninguno en contra. Nótese que el asunto se
resolvió antes del cambio de integración ocurrido en tal Sala a finales de 2012 . Votaron
con la propuesta los Ministros: Aguirre Anguiano, Franco González Salas y Aguilar
Morales,
y
la Ministra Luna Ramos; ausente Valls Hernández.
89María Amparo Hernández Chong Cuy
había sido dictado ya bajo la vigencia del nuevo Derecho
Constitucional de los derechos humanos.
El TCC se posicionó en una situación conforme a la cual dejaba en
claro que creía que le asistía autoridad para enjuiciar el criterio de su
superior que formalmente le era obligatorio y que, para el caso de que
no los aprobara o compartiera, creía que le asistía la potestad de
dejarlo de aplicar. Y lo hizo. Lo hizo a pesar de que el criterio que no
compartía era posterior a la reforma constitucional. Y lo hizo a pesar
de que el criterio era en sí mismo uno derivado de la interpretación que
había hecho la Segunda Sala de la propia Constitución.
La sentencia de la Segunda Sala aquí narrada causó en muchos
ámbitos cierto temor porque se percibió —creo que en mucho (por no
decir que en todo) por falta de conocimiento del contexto— como una
desautorización con sabor a amenaza hacia los jueces que realizaran
control convencional ex officio o que hicieran efectivos los derechos
humanos —por el sesgo disciplinario que se le imprimió— cuando, en
realidad, el TCC que había recibido la fuerte reacción de la Sala no había
inaplicado leyes —como autorizaría el criterio de Radilla— sino que
había inaplicado la propia interpretación que de la Constitución había
hecho la Segunda Sala. Y este era otro problema muy distinto, que los
precedentes de Radilla no referían ni resolvían.
Con tan categórica sentencia, la Sala se posicionaba con claridad y
con buenas razones —las compartamos o no— en una nueva discusión
en torno a cómo quedaba o cómo tendría que entenderse el sistema de
jurisprudencia obligatoria en la era post-Radilla. Pero el sesgo
disciplinario que tomó el asunto se llevó la atención pública y el
problema importante sobre el sistema de jurisprudencia palideció
frente a ello, sofocando la posibilidad de la discusión pública del tema.
V. Un camino cerrado
Pero no solo la jurisprudencia obligatoria de las Salas de la SCJN ha
experimentado estos esquivos o confrontaciones, según se quieran ver.
Más o menos en las mismas fechas, también esto ha sucedido con
criterios jurisprudenciales del propio Pleno.
El 17 de enero de 2013, el Pleno de la SCJN resolvió (por mayoría)
la CT 479/2011. En esta, determique el juicio de amparo promovido
90 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
en contra de actos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no podía
considerarse sólo por eso notoriamente improcedente, amén de que el
artículo 100 constitucional estableciera la definitividad e inatacabilidad
de sus actos. En consecuencia, debían admitirse, tramitarse los juicios
que contra éste se promovieran y resolv erse una vez desahogado el juicio
si ese determinado acto impugnado del CJF entraba o no en el al cance
de la inatacabilidad que menciona la Constitución10. El criterio se
publicó como jurisprudencia obligatoria del Pleno con clave
P./J.12/2013 (10a.)11.
En junio de 2013, en algo que se percibió como una reacción ante
el criterio sostenido por la SCJN, la Comisión de Disciplina del CJF
emitió la Circular 2/2013 dirigiéndola a todos los juzgadores
federales, en la que recordaba y (como después señaló el Pleno de la
SCJN) “encaminaba” a que se dejara de aplicar u observar el reciente
criterio de la SCJN que permitía admitir juicios de amparo en contra de
actos del propio CJF. Según sugería la Circular, la jurisprudencia era
contraria al texto de la Nueva Leyde Amparo (vigente a partir de abril
de 2013).
Pero el Pleno de la SCJN no se quedó callado y respondió. Revisó
dicha Circular en ejercicio de la facultad prevista en la fracción IX del
artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación bajo
el número de expediente 1/2013 y el 26 de septiembre de 2013, por
unanimidad de 9 votos, decidió dejarla sin efectos. Dijo que dicha
Circular sugería a los juzgadores la inaplicación de su criterio y
atentaba contra las garantías de independencia e imparcialidad. Afirmó
que la interpretación y aplicación de criterios no debía dar lugar nunca
a procedimientos disciplinarios.
Es importante que apreciemos en toda su dimensión esta decisión
de la SCJN; reacciones así no se presentan con frecuencia. Si nos
fijamos bien, podemos apreciar que ésta revela una autoafirmación de
10 El asunto se resolvió por mayoría de seis votos; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernand o Franco González Salas, Jorg e Mario
Pardo Rebolledo y Sergio A. Valls Hernández.
11 P./J.12/2013 (10a.) CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE
SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN,ADSCR IPCIÓN,
RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO,NO ACTUALIZA
UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
91María Amparo Hernández Chong Cuy
su autoridad frente al CJF o, más bien, de la autoridad de su
jurisprudencia, le guste o no a quienes se trate. A la vez, deja ver cierta
molestia en torno a la invitación a que se deje de observar su criterio.
Y, muy importante, es clara en señalar que ante cuestiones de
interpretación y aplicación de criterios judiciales, la cuerda no es la vía
disciplinaria (aun cuando los Ministros de la Segunda Sala poco antes
habían dicho otra cosa).
VI. Y otros abiertos
Pero no siempre ha reaccionado así el Pleno de la SCJN. Hay otros
casos en los que ha sido inobservado su criterio que no han pasado a
mayores.
En mayo de 2013, la Sala Regional Guadalajara (en lo sucesivo
SRG) resolvió el juicio con clave de identificación SG-JDC-48/2013 y
acumulados. Meses después, la resolución ahí dictada fue acreedora al
reconocimiento AMIJ a sentencias con perspectiva de género y ha sido
ampliamente difundida por el propio TEPJF y bien recibida por
muchos.
En este asunto la SRG se pronunció, entre otras, sobre la
constitucionalidad de la norma establecida en el artículo 131, párrafo 3
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua12, mismo que establecía
una excepción a la aplicación de las cuotas de género en el registro de
candidatos de los partidos políticos para diputaciones locales y
ayuntamientos cuando se tratara de candidaturas que derivasen de
procesos internos de selección democrática.
La SRG, en resumidas cuentas, razonó que dicha porción
normativa era inconstitucional e inconvencional porque configuraba un
supuesto restrictivo carente de justificación y que, en la práctica, hacía
12 Dicho artículo dispone:
“Artículo 131.
1. Corresponde a los partidos políticos y coaliciones el derecho de solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popul ar.
“2. Los partidos políticos promoverán y garantizarán, en los términos del presente
ordenamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género en la vida
política del Estado, a través de la postulación a cargos de elección popular en el Congreso
del Estado y ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional".
“3. Quedan exceptu adas de la disposición anterior las candidaturas que sean resultado de un
p
roceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada
p
artido”.
92 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
nugatorios los derechos de género y de igualdad material que se
pretenden tutelar con la aplicación de la cuota de género. Sostuvo que
esto era así puesto que, considerando la doctrina jurisdiccional
establecida por la Sala Superior, se podría asumir razonablemente que,
en principio, todos los procedimientos para la designación de
candidatos previstos en la normativa interna de los partidos políticos
son democráticos y, consecuentemente, siempre podría actualizarse la
excepción prevista a la cuota de género. Dicho órgano jurisdiccional
afirmó entonces que la norma en comento configuraba una excepción
amplísima y absolutamente restrictiva de los derechos humanos en lisa
que se traducía, prácticamente, en sostener que la cuota de género
como acción afirmativa resultaba innecesaria, pues siempre podía ser
inobservada. Dijo que no resultaba viable cualquier otra interpretación
de la disposición en comento que la tornara armónica o conforme con
las obligaciones que, en materia de igualdad, se contienen en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de la materia, así que, en observancia del
artículo 1 constitucional, debía declararse su inaplicabilidad.
Sin embargo, esa no era la primera vez que llegaba a Tribunales la
duda sobre la constitucionalidad de esa regla-excepción a las cuotas de
género. Esa misma norma había sido impugnada desde su expedición
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acción de
Inconstitucionalidad por las mismas razones y había sido declarada
constitucional.
El Pleno de la SCJN, al resolver Acción de Inconstitucionalidad
63/2009 y acumuladas el 1 de diciembre de 2009 decidió por mayoría
de 8 votos13 —la votación marcada por la Constitución para sentar
criterio obligatorio para todo el sistema jurídico— que esa regla de
excepción a las cuotas de género era válida. El eje rector de las
consideraciones en que sustentó tal criterio fue el de la libertad
configurativa del legislador local: el legislador estaba facultado para
introducir y diseñar cuotas de género, así como los límites que tienen
las acciones afirmativas frente a la autodeterminación partidista, de ahí
que podía hacer tales excepciones. La SCJN señaló que no era
13 En esa ocasión el Pleno estuvo integrado sólo por 9 Ministros, y la Ministra Olga Sánchez
Cordero votó en contra y por la invalidez de dichas excepciones, en tanto diluían el sentido de
la cuota de
g
énero.
93María Amparo Hernández Chong Cuy
constitucionalmente obligatorio para el legislador prever cuotas de
género y que, si lo hacía, tenía libertad configurativa para diseñar los
límites y condiciones de ese sistema, siempre que no contrariara la
autodeterminación y libertad interna de los partidos políticos.
Pero esa ocasión, a su vez, tampoco era la primera en que el Pleno
de la SCJN sostenía este criterio, ni sólo lo sostuvo a propósito de la
legislación de Chihuahua. Cuando lo dijo para el caso de Chihuahua,
se trataba ya de un criterio que había venido reiterando en diversas
ocasiones a propósito de legislación de otros estados en que se habían
emitido normas similares14 que también habían sido impugnadas en
Acción de Inconstitucionalidad.
Es más, genealógicamente podría hasta dudarse si este tipo de
excepciones a las cuotas de género (para el caso de candidatos
surgidos de elecciones interno-partidistas) tenía o no raíces en la
propia jurisprudencia de la Suprema Corte, pues en 2002 15 —primera
ocasión en que la SCJN se posicionó sobre el tema— sostuvo que la
inclusión de las cuotas de género en la legislación electoral local no
transgredía el principio de igualdad, toda vez que se trataba sólo de:
[…] una opción entre varias (lista de preferencias, fórmula de asignación
o ambos en un sistema mixto) que el legislador local previó para que
dichos partidos o coaliciones asignen diputados de representación
proporcional…”, además de que “… aun en este caso existe la excepción
de cumplir con ese porcentaje cuando tales listas de preferencias se hayan
conformado mediante procedimientos democráticos de selección de
candidatos[…].
Este criterio que se plasmó en la jurisprudencia P./J.58/2005.16
Desde esa fecha, había jurisprudencia firme que fue reiterada en una
14 Cfr. Acción de Inconstitucionalidad 2/2002, Acción de Inconstitucionalidad 21/2009,
Acción de Inconstitucionalidad 7/2009 y acumuladas, que si bien no verso expresamente sobre
la constitucionalidad de la excepción a la cuota de género, caminó sobre la preeminencia d e
la libertad de autodeterminación partidista frente a la imposición de cuotas de género; y
57/2012 y sus acumuladas.
15 Cfr. Acción de Inconstitucionalidad 2/2002.
16 P./J.58/2005. INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA.LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFO SEGUNDO,21,PÁRRAFOS CUARTO Y
QUINTO,Y26, FRACCIONES VII Y VIII,DE LA LEY RELATIVA,AL ESTABLECER UN PORCENTAJE
MÁXIMO DE PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE C ANDIDATOS DE UN SO LO GÉNERO EN CARGOS DE
ELECCIÓN POPULAR,NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
94 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
pluralidad de ocasiones sobre este punto, pero esto no fue un
impedimento para que la SRG sostuviera la inconstitucionalidad de la
misma excepción sobre la que ya había juzgado la SCJN.
Sobre el criterio de la SCJN, que en teoría le resultaba obligatorio,
la Sala Regional se limitó a señalar que el marco jurídico que tuvo a su
consideración el Máximo Tribunal al sentarlo fue el vigente en ese
momento (se refería al fallo de la AI 63/2009) y no incluía a los
tratados internacionales como parámetro de validez; que, por eso, era
distinto al que la Sala se veía ahora obligada a aplicar, en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 1° constitucional, máxime que es en los
ordenamientos supranacionales donde se establece específicamente el
deber de garantizar condiciones de igualdad material a través de
mecanismos y acciones afirmativas como las cuotas de género. La
SRG también señaló que, a la fecha, se habían emitido diversas
recomendaciones y observaciones internacionales 17 en contra del
Estado mexicano que versaban justamente sobre la excepción de la
cuota de género y que era necesario observar.
Sin embargo, la SRG no tomó en consideración —o al menos no se
advierte así de la literalidad de su resolución— que apenas unos meses
antes de que ella resolviera, en diciembre de 2012, el Pleno de la SCJN
había vuelto a reiterar el criterio de 2009 que aquí se estaba
considerando superado por reforma constitucional. Y es que en
diciembre de 2012 el Pleno de la SCJN volvió a resolver sobre la
constitucionalidad de cuotas de genero (Acción de
Inconstitucionalidad 57/2012) —ya estando en vigor las reformas
constitucionales y ya emitidas las recomendaciones internacionales
invocadas por la SRG y justo estrenando dos nuevos Ministros— y aun
así no varió en nada su criterio; antes bien, lo reiteró en sus
términos prácticamente sin discusión18. Y, por lo demás, no había
17 Específicamente la recomendación emitida por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en su 52º período de sesiones (9 a 27 de julio de 2012), que
observó para el caso mexicano, que d ebía asegurarse que:
“los Estados part es cumplan con los marcos jurídicos electorales en los planos federal y
estatal, inclusive enmendando o derogando las disposiciones discriminatorias contra la
mujer, como el párrafo 2 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento de los
cupos de género.”
18 Cfr. El voto con currente que formuló en torno a tal temática el M inistro Presidente Silva
Meza.
95María Amparo Hernández Chong Cuy
ocurrido —como sí en los casos penales narrados en un inicio— una
reforma sustantiva en la materia electoral que hiciera cambiar el
entendimiento en la temática.
Que la sentencia de la SRG se haya apartado de la jurisprudencia
sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que formalmente
debía aplicar en nada le ha privado del reconocimiento público del que ha
sido objeto. Muy probablemente, porque más se socializó el sentido de la
decisión que las razones en que descansa, menos aún su corre cción o
incorrección técnica; y porque el cri terio de la Suprema Corte no gozaba
de rec onocimiento o respaldo público o s ocial, especialment e entre
quienes trabajan por avanzar en los derechos de las mujeres; que son
quienes más aplausos y difusión han dado a la misma.
Al margen de la temática de fondo de este caso, creo que esta
sentencia pone en evidencia un debate mucho muy importante que aún
no se ha dado; y es el de si pueden los tribunales inferiores, con base
en la reforma de derechos humanos de 2011, reinterpretar a su
criterio la validez actual de la jurisprudencia obligatoria sentada por
la SCJN o sus superiores, pre-constitucionalmente; y/o, en todo caso,
si pueden hacerlo cuando el propio órgano superior ha reiterado o
sentado ese criterio después de la reforma constitucional. Este es un
tema sumamente importante que creo que la sentencia de la SRG pone
en la escena pública junto con el tema de género que aborda; aunque
los reflectores se han centrado tan sólo en esto último.
Y es que el tema tampoco parecería estar resuelto por la posición
de tolerancia o aceptación asumida por la Primera Sala, porque en los
casos que ha conocido —ya narrados— había además reformas
sustantivas penales de por medio, no sólo la de derechos humanos; esa
Sala no se ha enfrentado, que sepamos, a un caso semejante al que
llegó a la Segunda Sala. Y la reacción que en su momento tuvo la
Segunda Sala tampoco termina de orientar en torno a esto, porque
la Sala insistió en que el criterio que el TCC había sometido a su
propia valoración era un criterio post-constitucional.
VII. Más pistas
Menos confrontativos pero igual de sintomáticos, son los casos en los
que en los otros órganos jurisdiccionales discuten la constitucionalidad
96 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
de normas que la SCJN, en Pleno —órgano cúspide del sistema
jurídico— ya analizó, aun cuando al final no validó ni invalidó. Se
trata de discusiones en las que, parecería, poco o nada importa lo
que en torno a ellos haya discutido la SCJN. Me refiero a casos en
los que una norma ha sido impugnada en Acción de
Inconstitucionalidad y no se ha logrado la votación exigida
constitucionalmente de 8 votos ni para declarar su invalidez ni para
reconocer su validez; pero, precisamente por ello, como consecuencia
de la llamada desestimación, la norma no es expulsada y se mantiene
como válida y eficaz en el sistema jurídico. Esto ocurrió en diversas
ocasiones en 2013 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
La Sala Superior del TEPJF (SS), en el asunto SUP-JRC-39/2013
sostuvo que la legislación de Quintana Roo era constitucional cuando
establecía como requisito para la obtención del registro de candidatos
independientes que éstos debieran reunir un 2% de respaldo ciudadano.
La SS discutió en sesión pública durante varias horas si esa
exigencia era o no constitucional, cual si fuera un punto novedoso;
como si este tema no hubiera sido ya objeto de revisión judicial
—amén de haberse desestimado— por parte de la Suprema Corte de
Justicia en la Acción de Inconstitucionalidad 67/2012 y sus
acumuladas 68/2012 y 69/2012 y, más aún, fue materia de discusión
durante varios días de sesión pública. Resolvió la constitucionalidad de
la norma aduciendo que era proporcional que el legislador local
exigiera ese porcentaje como mínimo de apoyo por parte de la
ciudadanía pues evitaba trastornos al sistema electoral al “…acotar
la posibilidad de que un número indeterminado de ciudadanos acuda
a solicitar el registro respectivo…”, pero —y esto es lo que quiero
destacar— sin entrar a dialogar con las razones que se dieron en la
SCJN en uno u otro sentido, (cuando era sabido que el tema había sido
discutido en la SCJN apenas unos cuantos meses antes). Ciertamente, el
texto de la sentencia ap robada sí hace referencia a l a diversa de l a SCJN,
pero parecería que lo hace porque coincide con lo que la Sala Superior al
final decidió.
Algo similar puede advertirse en algunas sentencias dictadas en
fechas cercanas a las anteriores por la Sala Regional Monterrey (SRM)
en los expedientes SM-JDC-481/2013 y SM-JDC-493/2013. En estos
97María Amparo Hernández Chong Cuy
juicios, la SRM consideró inconstitucional, por excesiva e
injustificada, la exigencia prevista en el artículo 18, párrafo 1, fracción
II de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, (que pedía que para
obtener el registro de una candidatura independiente en municipios con
más de 50,001 electores se acreditara un apoyo ciudadano equivalente
al 5% del padrón electoral). La SRM consideró que se trataba de una
carga mayor a la que se les exigía a los partidos políticos locales para
conservar su registro y tomó en cuenta que los candidatos
independientes no cuentan con un esquema organizacional propio
como los partidos políticos.
Esa legislación había sido ya materia de análisis y discusión por
parte de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 57/2012 y
acumuladas, igualmente resolviéndose sin la votación necesaria, de ahí
que fueran desestimadas las impugnaciones.
Nuevamente, no quiero entrar en polémicas sobre lo acertado o no
de los criterios de fondo recién narrados; más bien, a lo que quiero
enfocar la atención es a que parecería que las discusiones y las
sentencias de estos órganos no están dialogando con las de la SCJN.
Pensaría que primero tendría que haberse discutido, razonado y
resuelto por qué es que estos órganos pueden —allí donde la SCJN no
logró una votación calificada— reabrir las discusiones cual si
estuvieran en ceros. Por qué ahí donde la SCJN no anuló la norma,
íSRUTXHDXQ FXDQGR había una mayoría de votos no era una mayoría
calificadaí SXHGH KDFHUOR XQD 65 FRQ WDQ VROR  YRWRV DVt VHD FRQ
efectos sólo para el caso concreto. Junto con lo que se ha venido
anotando a lo largo del presente trabajo, éste es otro debate que
tampoco hemos tenido y que afecta nuestro entendimiento de la
jurisprudencia y el funcionamiento óptimo de sistema jurídico como
un todo.
No está de más agregar, en contraparte, que escenarios como estos
han llegado a presentarse en el propio seno de la SCJN. Me refiero a
que ha llegado a suceder que en Pleno un tema no ha logrado la
votación calificada necesaria para generar un criterio “obligatorio” (8
votos en AI y en casos de jurisprudencia por reiteración en amparo) en
lo sucesivo, asuntos con la misma problemática se presentan en la
Primera o Segunda Salas. Esos asuntos se deciden en las Salas
considerando el sentido en que el Pleno por mayoría se posicionó en el
98 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
tema, aun cuando eso pase porque los Ministros prescindan en lo
individual de sus personales criterios, pues sólo así se evitan fallos
contradictorios entre las Salas y no se traslada al justiciable la factura
de la imposibilidad de generar esas mayorías19.
VIII. Crónicas paralelas
La jurisprudencia de la SCJN no es la única que ha pasado por estos
embates. La jurisprudencia de la Sala Superior del TEPFJ empieza a
pasar por situaciones semejantes.
En 2013 la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral,
en el juicio SDF-JRC-9/2013 dejo de aplicar la jurisprudencia 31/2010
de la Sala Superior 20. Lo anterior, aun cuando lo hizo tras un
cuidadoso razonamiento en el que, dijo, el caso era distinto y por eso
no debía aplicarse. En realidad, es difícil encontrar diferencias
significativas que desmarquen al caso del precedente del que se quiso
demarcar. De ahí que, aun cuando quedaron esas como razones en la
literalidad de la sentencia, parecería que diferenciar el caso que fallaba
de los diversos de los que resultó la tesis fue la forma que tomó lo que,
en el fondo, era un desacuerdo importante con el criterio sostenido por
su superior. Importante señalar que medió Voto Particular del
Magistrado Héctor Romero Bolaños, integrante de dicha Sala, en el
que señaló, al margen de que compartiese la jurisprudencia 31/2010 de
la Sala Superior, que le resultaba vigente y formalmente obligatoria y
estaba obligado a aplicarla, aun cuando existiesen otras tesis aisladas
que la mayoría citó para reforzar la inaplicación. Para él, puede
19 Por mencionar un ejemplo, así sucedió cuando hace varios años el Pleno abordó el tema de
la jerarquía d e tratados internacionales en materia comercial y fiscal, resolviéndose el criterio
de superioridad de tales tratad os sobre las leyes nacionales en Pleno, por mayoría, y
remitiéndose los mismos asuntos y otros más para ser fallados por las Salas (bajo la
consideración de que aplicarían el criterio que resultó mayoritario en Pleno, aun cuando no
coincidiera con el criterio personal de la mayoría de los integrantes de las Salas). De lo
contrario, el Pleno tendría que haber resuelto todos los asuntos porque la mayoría de los
Ministros p ertenecían a la Segunda Sala, y la minoría a la Primera. Se trató de un grupo de
asuntos encabezados por el Amparo en revisión 120/2002, fallados por mayoría en el Pleno el
13 de febrero de 2007. (Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y
Juan N. Silva Meza).
20J.31/2010 “CONVENIO DE CO ALICIÓN.NO PUEDE SER IMPUGNADO POR UN PARTIDO POLÍTICO
DIVERSO,POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS INTERNAS DE UNO DE LOS COALIGADOS”.
99María Amparo Hernández Chong Cuy
entenderse, sí se trataba de un criterio aplicable al caso que la mayoría
consideró que podía dejarse de aplicar21.
Hasta donde sabemos, la SS no ha comentado al respecto. Como
tampoco ha denunciado, como antes sucedía, contradicciones de
criterios con las Salas de la SCJN, aun cuando sí se han presentado. Un
ejemplo reciente: si la presunción de inocencia regía en los
procedimientos administrativos sancionadores. Desde 2008 la SS
había sostenido el criterio de que tal principio sí regía en tales
procedimientos22, lo que fue negado por la tesis de la Segunda
Sala, de clave 2a. XCI/2012 (10a.)23. Esta contradicción de
criterios no se denunció ante la SCJN (desconozco por qué) aun
cuand o sé que se tuvo noticia de la situación. Estos silencios hacen
parecer que cada aparato de justicia vive, casi casi, como si el otro no
existiera o no hubiese dicho o hecho nada que le afectara o pudiera
afectar. Visto de otro modo, en el fondo es algo muy similar a lo
que subyace en los casos de candidaturas independientes antes
citados: no hay diálogos entre estas dos jurisdicciones.
Con lo anterior, de ninguna manera se quiere revivir la importante
tensión que en los primeros años del milenio se presen entre la
justicia electoral y la Suprema Corte motivada precisamente porque
la SS del TEPJF no compartía, y tampoco consideró obligatorios,
algunos criterios que había sostenido el Pleno de la SCJN (recuérdese
21 El Magistrado Héctor Romero Bolaños ha sido muy consistente en señalar la imposibilidad
de inaplicar jurisprudencia obligatoria, aún y cuando no se comparta el criterio aplicable. En
ese sentido se destaca que en diverso asunto (SDF-JDC-136/2013) la Sala Regional Distrito
Federal aplicó la jurisprudencia 9/2007 de la Sala Superior, de rubro: “PER SALTUM.EL JUICIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO D EBE
PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA
INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL y el magistrado Romero Bolaños voto a favor de la
aplicación de dicho criterio, pero formuló un Voto Razonado en el que señaló que en lo
personal no compartía la jurisprudencia 9/2007 de la Sala Superior porque creía que era
excesivamente restrictiva del derecho al acceso a la justicia; pero, que ésta le resultaba
formalmente obligatoria y estaba obligado a apli carla y a votar con el proyecto; mismo que
finalmente fue aprobado por unanimidad.
22 Véase la tesis por reiteración publicada por la SS con número de jurisprudencia 21/2013 y
rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.DEBE O BSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES. El primer precedente de dicho criterio data de 2008.
23 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. Criterio sostenido en el amparo en revisión 431/2012, fallado
el 29 de agosto de 2012. Dicho criterio fue contradicho también por la P rimera Sala,
g
enerándose la CT 200/2013, resuelta
p
or el Pleno el 28 de enero de 2014.
100 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
la polémica CT 5/2001); pero quizá tampoco sea sano dejar las cosas
como si nada de lo anterior estuviese sucediendo, o hacer de cuenta
como que no está pasando nada.
IX. ¿El final?
Este muestrario de resoluciones (seguramente hay muchas más)
revela un estado de cosas en el que la obligatoriedad formal de la
jurisprudencia empieza a tornarse un bastión vulnerable —ya no
vertebral— del sistema jurídico, y la inseguridad jurídica parece
empezarse a asomar en perjuicio de los justiciables, pues cada quien
aplica los criterios jurisprudenciales que considera (e inaplica los que
no quiere), así sean distintos los argumentos y las aproximaciones
que están siendo empleadas para llegar a la inaplicación de
jurisprudencia que, en teoría, es obligatoria.
En 1988, fecha en que el sistema de justicia sufrió una muy
importante transformación (de ahí que empezará en ese momento la
Octava Época), merced la redistribución que entonces se hizo de las
competencias entre SCJN y TCC (sobre todo en amparo directo), la
importante cesión de facultades que se hacía a favor de los TCC de
asuntos que antes conocían las Salas de la SCJN llevó a que,
previsoramente, los artículos transitorios de dicha reforma y la propia
SCJN reconocieran como potestad de los TCC la posibilidad de
apartarse de la jurisprudencia obligatoria que en las materias que ahora
conocían había sentado la SCJN, porque ahora ellos eran los
competentes y los que estarían imprimiendo al Derecho su dinamismo
a través de sus interpretaciones. Podían, razonándolo, señalar por qué
tal o cual criterio de las anteriores épocas de jurisprudencia debía
replantearse y apartarse del mismo para sostener uno nuevo. Y esa fue
una constante de la jurisprudencia en la Octava Época, fue un
escenario que se manejó con cuidado, en el sentido de que se
verificaba si la tesis obligatoria versaba sobre un tema que había sido
delegado de SCJN a TCC así como la fecha de su emisión y, en esa
medida, si se podía o no dialogar con el criterio o había que aceptarlo
sin más, y se razonaban y explicitaban tales discusiones24.
24 Véase el artículo 6 transitorio del Decreto de Reformas a la Ley de Amparo, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1988. En t orno a tal
p
rece
p
to transitorio, es
101María Amparo Hernández Chong Cuy
Esta vez, el advenimiento de la Décima
É
poca cambio todo de
modo muy radical y, a diferencia de lo que se pensó para cuidar la
transición jurisprudencial en la Octava Época, no se previó qué pasaría
con los criterios de jurisprudencia obligatoria que sobre derechos
humanos —ahora competencia de todos los jueces del sistema
jurídico— habían sentado desde antes los órganos cupulares. No se
dijo si la reforma autorizaba a todos los operadores a reconsiderar la
validez o vigencia de los criterios de jurisprudencia obligatoria
sentados con anterioridad a la reforma; y menos se dijo si podían
discrepar de aquellos publicados como tales después de ocurrida la
reforma (como el caso del que conoció la Segunda Sala). No se dijo, y
tampoco se ha dicho.
La nueva Ley de Amparo, ordenamiento que regula un buen tramo
del sistema de jurisprudencia mexicano y muy recientemente
promulgada —fuera de la introducción de los Plenos de Circuito—
dejó intacto el sistema de creación y obligatoriedad de la
jurisprudencia, de modo que una solución normativa a lo aquí
apuntado se ve lejana. Es más, el hecho de que se instauraran los
Plenos de Circuito, en tanto órganos encargados de crear
jurisprudencia por unificación, es sintomática de que para el legislador
lo deseable y esperado es un sistema de obligatoriedad vertical de
criterios judiciales que dé unidad y brinde un piso común de con sistencia
a los fallos que se dicten por los distintos tribunales del país. Espíritu
totalmente contrario al que se aprecia cuando los operadores del
sistema inaplican lo que en principio les resulta formalmente
obligatorio.
orientadora la tesis de jurisprudencia (por reiteración) de la P rimera Sala de clave
1a./J.132/2005 y rubro “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTÁN FACULTADOS PARA INTERRUMPIR Y MODIFICAR LA
ESTABLECIDA CON ANT ERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES
QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA Y CUMPLAN CON LO S REQUISITOS DE PROCEDENCIA.”,
en la que se explicó que tal facultad sólo operaba respecto de jurisprudencias sustentadas con
anterioridad a esa fecha y cuando versen sobre cuestiones que sean de la competencia
exclusiva de l os Tribunales Colegiados, además de que no podía ejercerse
indiscriminadamente, en tanto que deben reunirse los siguientes requisitos de procedencia: a)
que el Tribunal Colegiad o interesado exprese, en la ejecutoria que emita, los datos de
identificación de la tesis jurisprudenci al de que se trate y transcriba su texto; b) que se
establezcan las causas o motivos para apartarse del criterio establecido; y, c) que se exponga
fundada y motivadamente el nuevo criterio que se sustente.
102 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
Ha quedado claro que en la Décima
É
poca todos los jueces están
autorizados, con los cuidados marcados por la propia SCJN, a inaplicar
las leyes del legislador (valga la redundancia). Pero no ha quedado
claro si este nuevo paradigma en que opera la función judicial es
compatible o no con la subsistencia de un sistema de obligatoriedad
formal y vertical de la jurisprudencia en los términos en que lo
conocemos. Esto es, no se ha discutido —ni por el legislador ni en
sede jurisdiccional supranacional o nacional y tampoco en la doctrina
jurídica—, menos aún resuelto, si las facultades de control oficioso de
convencionalidad de leyes que mandó la sentencia Radilla implican
también facultades para que los jueces dejen de aplicar los criterios
formalmente vinculantes de sus superiores. Acaso ¿se trata de que el
que puede lo más, puede lo menos? acaso ¿merecen un tratamiento
totalmente distinto las tesis de jurisprudencia que las leyes?
Un argumento simple —posible en nuestro caso dado la similitud
con que hemos tratado a las “tesis” de jurisprudencia vis a vis las leyes
del legislativo— podría llevarnos a pensar que si estamos autorizados
para dejar de aplicar leyes, por mayoría de razón a dejar de aplicar
criterios de jurisprudencia de nuestros superiores. Y es que en México
hemos entendido a la jurisprudencia casi como un sistema legislativo
paralelo al que emite el legislador; le hemos querido dar las notas
características de la ley (abstracción y generalidad) al optar y convivir
con un sistema de publicación a modo de “tesis” (cuando la esencia de
la sentencia es su individualidad y la concreción de la ley) porque las
“tesis de jurisprudencia” son, por definición, abstracciones derivadas
de sentencias que prescinden de las variables específicas de cada caso,
cual si fueran leyes judiciales paralelas a las leyes legislativas.
Esta práctica, con las ventajas que pueda tener, no es inocua pues
dificulta verificar la identidad, similitud o diferencias entre los casos
del pasado y el presente, y, peor aún, impide advertir si el caso del
presente hubiese sido resuelto de la misma manera por ese tribunal de
haber tenido a la vista las variables contextuales que presentaría el
futuro25; y —como ha dicho el Ministro Zaldívar— replica
las deficiencias del sistema de las leyes del legislativo, sin tener las
ventajas del mismo. La forma en que se ha entendido y vivido la
25 Cfr. Magaloni, Ana Laura, La Suprema Corte y el obsoleto sistema de jurisprudencia
constitucional. Documento de Traba
j
o número 57, México: CIDE, 2011.
103María Amparo Hernández Chong Cuy
obligatoriedad de la jurisprudencia (o más bien de las “tesis” de
jurisprudencia) recuerda mucho la forma en que antes se veía al juez
como el funcionario “boca de la ley” porque no tenía más trabajo ni
autorización que aplicarla, en tanto le era ved ado interpretarla. La
forma tan rígida en que hemos entendido las “tesis” pareciera que eso
quiere y pide de los jueces: bocas que se concreten nada más
aplicarlas, a modo de reproducción serial del criterio ahí contenido.
Pero no se trata, creo, de una problemática que resolveremos nada
más con equiparar o desmarcar las “tesis” de jurisprudencia con las
leyes del legislativo. Los problemas que presenta el sistema de
jurisprudencia y nuestro entendimiento del mismo son mucho más
complejos y cualquier solución tendría que pasar por resolver
muchas otras problemáticas de manera más o menos coherente.
Desde preguntas tan fuertes como si debemos dejar atrás un
siste ma d e obligatoriedad vertical con aspiraciones de unificación a
SUHJXQWDV PiV VHQFLOODV FRPR SRU HMHPSOR í\ HQ VX FDVRí VL SDUD
inaplicar jurisprudencia deben seguirse los mismos pasos del control
constitucional y convencional de leyes; si esto puede hacerse sólo con
criterios anteriores a la reforma o también con los sostenidos después
de ella; si esto se puede hacer aun cuando el criterio ya haya
incorporado una perspectiva de derechos humanos (nos guste o no lo
que se haya sostenido); o como si las desestimaciones de la SCJN en
AI dejan el tema a la libre discusión de los demás órganos judiciales o
si, cuando menos, tendrían éstos que dialogar con la mayoría frustrada
de esas votaciones.
Mientras estas discusiones no se den y clarifiquen, y además sigan
sin darse los diálogos judiciales necesarios, el sistema jurídico se
vuelve cada vez más vulnerable en perjuicio, no de los órganos de
justicia, sino de quienes se ven en la necesidad de acudir a él. Y eso es
lo más grave.
Vacíos como los aquí anotados se interpretan al gusto de cada
interprete y la reforma constitucional de derechos humanos empieza a
convertirse en la gran justificación para no acatar los criterios
jurisprudenciales que no comparten o agradan a los juzgadores. No
dudo que si revisamos con cuidado caso a caso podríamos advertir que,
en realidad, muchos de los grandes cambios normativos que se
sugieren introducidos a raíz de reformas constitucionales como
104 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
pretexto o justificación para no atender un criterio obligatorio se
refieren en realidad a aspectos normativos vigentes desde antes, o
argumentables con o sin reforma constitucional; solamente que ahora,
ante la coyuntura, la trascendencia de la reforma es aprovechada para
considerarlos superados. Esto hace dudar si, en el fondo, lo que
subyace es una manifestación importante, velada, de inconformidad
con un sistema de criterios judiciales obligatorios, desde diversos
ángulos. El ánimo que parece estar detrás de la renuencia manifestada
en el seno de la SCJN por aceptar como “obligatorios” los criterios de
la jurisprudencia interamericana (nada más porque vienen de dicho
Tribunal) no es tan distinto al manifestado por la SS del TEPJF ante
los criterios sostenidos por el Pleno de la SCJN, ni tan distinto al que
se percibe en las sentencias de TCC y SR aquí mencionados. Y de
alguna manera es preocupante porque no sabemos si realmente
queremos o si es deseable un sistema jurídico en el que cada cual
pueda sostener lo que considere, con independencia de qué hayan
sostenido los tribunales superiores. Sin duda, sería un escenario muy
favorecedor para la independencia de cada juez, pero sin duda también
dejaría en una situación de amplio riesgo a los justiciables; que
dificultaría en mucho lograr unidad y cohesión en el sistema jurídico y
judicial.
Esta problemática es aún más preocupante cuando se trata de
inaplicaciones que se hacen por parte de órganos de justicia electoral,
porque —a diferencia de los casos que puedan presentarse en juzgados
de fuero común o de distrito o en TCC— las sentencias de la justicia
electoral sólo escalan, y a veces, a la SS del TEPJF y, más aún, no hay
manera de que los debates ahí ventilados tengan un punto de contacto
con la Suprema Corte. Esto es, mientras en el resto del sistema jurídico
los pronunciamientos o inaplicaciones que hagan los juzgadores en
torno a la obligatoriedad de la jurisprudencia o la inaplicación de leyes
pueden irse presentando, desdoblando y escalando de modo que al
final un órgano terminal —generalmente la SCJN— pueda tener voz y
pronunciarse al respecto, esto no pasa cuando las inaplicaciones se dan
en un sistema de justicia que corre de modo prácticamente paralelo y
sin puntos de contacto con el otro.
Por la forma en que está diseñado y opera el sistema de justicia
electoral, los canales de comunicación entre la justicia constitucional
105María Amparo Hernández Chong Cuy
común (por llamarle de alguna manera) y la justicia electoral están
prácticamente cerrados de origen; en la práctica, no se aprecia que se
hayan tendido puentes de dialogo; y, por si lo anterior no fuera
suficiente, sus respectivos criterios —aun proviniendo de órganos de
un mismo Poder Judicial de la Federación (PJF)— no se glosan
conjuntamente y cada cual tiene sus propios sistemas electrónicos de
búsqueda y sistematización.
Más todavía, a diferencia de lo que sucede en el resto del PJF,
tampoco hay canales institucionales en la estructura interior de la
justicia electoral que permitan un dialogo entre sus componentes y que
les permitan poner a discusión si es el caso replantear lo dicho en el
pasado. Me refiero a que las SR no tienen la posibilidad (que sí tienen
los TCC cuando dudan de la pertinencia de que se siga considerando
obligatorio un determinado criterio de su superior) de formular
Solicitudes de Modificación de Jurisprudencia (SMJ). Vía que, como
explicó la Segunda Sala en su sentencia aquí reseñada, permite un
diálogo institucional para el caso de que se tenga duda de si un criterio
debe o no seguir rigiendo. La SMJ es una figura que durante
muchísimos años estuvo en desuso, pero que de unos años a la fecha
cada vez es más recurrida y que ha permitido —esa es precisamente su
función— dar dinamismo ordenadamente a la jurisprudencia y
actualizarla por parte del órgano mismo que la emitió. Si hemos de
preservar un sistema de obligatoriedad y verticalidad, valdría la pena
reflexionar sobre qué canales de comunicación se deben generar para
no sofocar las posibilidades de cambios.
Empezamos la Décima Época sabiendo que la relación entre el juez
y la ley no sería la misma. Lo que quizá no era tan claro —se habría
abordado de otra manera— era que también la relación entre los jueces
y la jurisprudencia o lo que hemos entendido como jurisprudencia
también resultaría trastocada.
Estas crónicas son evidencias, estimo, de que el sistema de
jurisprudencia, en tanto ha sido enarbolado de modo vertebral en un
concepto rígido de obligatoriedad y abstracción, muestra señas de
significativo desgaste y evidencia vacíos normativos importantes que
hay que ir llenando, con leyes y/ o a través de discusiones y diálogos
judiciales. Y, creo, será mejor visibilizar sus fallas y sus huecos que
ignorarlas; y será mejor discutir cuál es el modelo de jurisprudencia o
106 Revista del Instituto de la Judicatura Federal
de precedentes hacia el que hay que transitar, que simplemente ver lo
que ahora tenemos que padecer y morir mientras nadie hace nada, para
luego escandalizarnos incrédulamente por el resultado al que las
inercias omisivas nos lleven. Como nos cuenta García Márquez que
sucedió con la muerte anunci ada de Santiago Nasar, una muerte que to dos
sabían ocurriría, vi eron venir pero, aun con lo fun esto del desenlace ya
sabido, nadie hizo nada para evit ar26.
Referencias
Bibliográficas
Magaloni, Ana Laura, La Suprema Corte y el obsoleto sistema de
jurisprudencia constitucional. Documento de Trabajo número 57,
México. CIDE, 2011.
Normativas
Acuerdo 5/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en
su 52º período de sesiones (9 a 27 de julio de 2012).
26 Meses después de que este trabajo fuese enviado para su publicación, los días 13 y 14 de
octubre de 2014, el Pleno de la SCJN resolvió la Contradicción de Tesis 299/2013 y concluyó
que los órganos jurisdiccionales inferiores no están facultados, en ejercicio de un control de
regularidad normativa, para inaplicar la jurisprudencia emitida por eseximo tribunal. Se
dijo que la Suprema Corte es el “órgano terminal” de interpretacn jurídica y sus tesis y
criterios unifican criterios y debe n prevalecer, a riesgo de atentar con la seguridad jurídica. Sin
embargo, esa determinación, creo, no es el final de una historia de la que apenas se escriben
sus primeros capítulos, pues aborda una problemática novedosa, de implicaciones profundas, y
como evidencia de ello queda la discusión Plenaria, la votación dividida y los debates que en
distintos foros dicha resolución ha empezado a susci tar.