Lucha contra el crimen organizado: fracaso de la militarización
| Autor | José J. Borjón Nieto |
| Cargo | Doctor y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de San Juan de Letrán. Profesor-investigador en El Colegio de Veracruz |
| Páginas | 2-21 |
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El término* lucha se suele utilizar como sinónimo de guerra, combate y batalla, conceptos que si bien se usan en forma metafórica, en materia de represión del crimen organizado, a veces se acercan bastante a los utilizados en combates reales, como es el caso de la militarización y represión del crimen organizado, militarización que suele definirse como un proceso en el que se advierte no sólo la presencia en instancias civiles del gobierno, esto es, que hay más militares en la Procuraduría General de la República, o en puestos de seguridad pública como la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva, o en los distintos niveles de gobierno, e incluso en áreas sensibles de inteligencia civil.
A lo anterior se debe agregar, por lo que se refiere al concepto de seguridad nacional, que se trata de un término relativamente reciente, pues se empieza a trabajar en los ámbitos académicos y periodísticos desde 1986 a la fecha. Sin embargo, ni el gobierno de De la Madrid, ni el de Salinas, ni el de Zedillo, donde se da la transición hacia la alternancia, se llegó a las últimas consecuencias de considerar al tráfico de drogas como asunto de seguridad nacional, ya que esto implica automáticamente poner a la cabeza del combate a las drogas, a las fuerzas armadas. En realidad, no se puede argumentar con base en la Constitución que es un asunto de seguridad nacional; se puede argumentar por razones políticas, pero no por razones constitucionales.
Después de esas aclaraciones, parece oportuno agregar que el hecho de utilizar los términos combate, batalla y guerra contra el narcotráfico, se debe a la inercia de considerar que el tema del crimen organizado, particularmente en lo que se refiere a tráfico de estupefacientes y secuestro de personas, es un asunto que, supuestamente, cae dentro del ámbito de la seguridad nacional, con lo cual se pretende legitimar la participación de las fuerzas armadas en ese combate. Por mi parte, hago desde ahora la aclaración de que esos términos están siendo utilizados de forma metafórica, para inflar un supuesto peligro que es el que conviene al poder de dominación de algunos Estados, empezando por nuestro vecino del norte y siguiendo por nuestros vecinos del Cono Sur, donde, a pesar de las dictaduras y regímenes militares que han padecido del subcontinente, actualmente ninguno de ellos incluye la lucha antinarcótica como tema de seguridad nacional para Page 3 involucrar a sus fuerzas armadas, con excepción de Colombia. El mismo EE UU no ha llegado a ese extremo.
Para proceder con orden en mi exposición, me voy a referir a los antecedentes de esa lucha contra la delincuencia organizada, particularmente en el ámbito del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; analizaré luego el inicio de la militarización de esa lucha y desplazamiento paulatino de la Procuraduría General de la República; vendrá después el análisis de la cuestión de la conveniencia o no de la participación de las fuerzas armadas en el marco constitucional; y terminaré con una reflexión sobre el eventual rumbo al totalitarismo de la administración panista, toda vez que, según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las denuncias contra el Ejército por violaciones a esos derechos han aumentado en un 500% ¡en los últimos cinco años!1
La hipótesis de trabajo que me sirve de orientación en estas reflexiones consiste en afirmar que si la llamada “guerra contra el narcotráfico” ha sido un fracaso, lo más razonable y conveniente es retirar cuanto antes a las fuerzas armadas de ese escenario, toda vez que, como declaró nuestro ombudsman nacional, a los soldados “[…] les falta capacitación y más estrategia de actuación para que busquen proteger los derechos de la sociedad en general”.2
La participación de las fuerzas armadas, principalmente del ejército, en la lucha contra las drogas, se remonta por lo menos a 1947,3 cuando se crea la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de Gobernación, poniendo al frente de ella al coronel Carlos Serrano. Como es sabido, a la DFS se le dieron atribuciones de intervenir en asuntos de drogas. En ese mismo año, se dio autorización a la Procuraduría General de la República (PGR) para coordinar el combate a laPage 4producción y tráfico de drogas, competencia que anteriormente tenía la Secretaría de Salubridad.
En el sexenio de Miguel De la Madrid, fue director de la DFS Antonio Zorrilla, a quien el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, le exigió despedir a algunos comandantes por los vínculos que tenían éstos con los traficantes de drogas; Zorrilla, en vez de cumplir la orden de despedirlos, les dio nombramiento de asesores. La prepotencia y abuso de poder a que llegó la DFS fue de dominio público. Al mismo Zorrilla se le acusó de ser autor intelectual del asesinato del periodista Manuel Buendía, motivo por el cual fue juzgado y sentenciado a prisión. En ese mismo sexenio gente de la DFS ayudó a Rafael Caro Quintero a huir de México, luego del asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA (Drug Enforcement Agency) lo que puso en crisis las relaciones entre México y Estados Unidos, y motivó la desaparición de la DFS en 1985, por orden presidencial.4
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los vínculos del narcotráfico llegan hasta la familia presidencial, uno de cuyos eslabones fue el llamado “hermano incómodo”, quien después de haber sido acusado y sentenciado por un supuesto enriquecimiento ilícito, fue puesto en libertad después de diez años, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento del grado de responsabilidad que hubiera tenido, o si se trató de una venganza política.5
La PGR, como es sabido, ejerció las facultades que le fueron otorgadas desde 1947 en materia de combate a las drogas, con apoyo de las fuerzas armadas, particularmente del Ejército. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confiscó un 5 por ciento del trasiego de cocaína, cifra que aumentó a 35 por ciento durante la gestión de Ernesto Zedillo. A finales del sexenio zedillista, la PGR todavía actuaba de forma preponderante, pues realizaba el 60 por ciento de los decomisos de marihuana y de otras drogas. Sin embargo, en los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, la PGR sólo contribuyó con decomisos del orden de “[…] el 30.2 por ciento de goma de opio y el 38.8 por ciento de heroína”; la SEDENA, en cambio, decomisó el 80 por ciento en los primeros cuatro años de Fox, lo cual denota el desplazamiento que con elPage 5tiempo harán los militares con referencia a la PGR. 6 En la actualidad, se tiene la impresión en la opinión pública de que la SEDENA sigue su propio derrotero y que la PGR tiene hacia ella una subordinación completa.
Respecto a los incrementos del presupuesto destinado al combate contra las drogas, aseguraba Carlos Resa Nestares, ex consultor del programa de las Naciones Unidas para la fiscalización de las drogas ilícitas, que “[…] los sucesivos incrementos del presupuesto no han sido de ninguna utilidad, pues aunque les gusta mucho [a los de la PGR] aparecer en la prensa, no hay trabajo eficaz.” A este respecto, agregaba que la lucha antinarcóticos tiene varios parámetros, “[…] uno es desarticular a las organizaciones, en el que la PGR es relativamente eficiente con las que ya están en el declive industrial. El otro es el de la acumulación de información; en este caso son mucho peores, incluido el ejército”. La falla radica en que “[…] acumulan información obsoleta, la aplican a unos objetivos políticos que son agradables a los Estados Unidos y detienen a los que tienen nombre; esto les permite agradar a John Walker (director de la DEA) y a George W. Bush”.7
Acumular información sin una estrategia y propósito adecuados, no tiene sentido, toda vez que “[…] La mayor parte de la información la obtienen de los detenidos; es muy difícil construir un caso con un solo testigo protegido porque, normalmente, [éstos, los testigos protegidos] dicen muchas mentiras para su propia salvación; suelen exagerar incluso su propia participación en el negocio a efectos de obtener relaciones con los militares y con los Estados Unidos”.
Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta: ¿En qué va a terminar la militarización del combate a las drogas? ¿Continuará la escalada que se ha registrado hasta el presente? ¿Qué peligros implica para nuestro país?
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No es fácil responder a esas preguntas. Zedillo prometió sacar a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo hizo después Fox y hace poco anunció lo mismo Calderón.8 Sin embargo, nunca han precisado fechas para dar término a esa situación que resulta tan perjudicial a todos, incluyendo a las fuerzas armadas.
De continuar esa escalada, como opinan algunos expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad pública y derechos humanos, “[…] con la decisión del gobierno federal de mantener al Ejército patrullando las calles para combatir al narcotráfico hasta el 2012, se concretan los “preparativos para militarizar todo el país, por lo que resta del sexenio y quizá para los próximos gobiernos”.9 En esta perspectiva, destacan que “[…] al presentar una estrategia de combate al narcotráfico apoyada en el despliegue de las fuerzas armadas “enfrentamos no sólo una guerra declarada, sino un ejercicio de violencia que generará más violencia y muerte, porque en países donde se aplica una política de mano dura, pero no se atacan las bases que propician la delincuencia, hay un incremento de los delitos”.10 En este sentido, Fernando Tenorio Tagle, especialista en seguridad pública...
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