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Constitución y realidad

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Vincent
AutorHéctor Solís Quiroga
Páginas325-327

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El Universal, 1 de agosto de 1962.

La Constitución Política es para nosotros, la Carta Magna de una nación, o sea el conjunto de disposiciones jurídicas básicas con las que se gobierna un Estado, como comunidad, estableciendo la forma y sistema de gobierno, las garantías de los individuos y el régimen jurídico general al que deben someterse sus actividades dentro del territorio nacional. Pero este cuerpo, para tener validez, debe haberse sometido a ciertos requisitos de fondo y forma, materiales y formales, que le conceden, en su vigencia, el poderío de mandar sobre todos, sirviendo, además, de guía a los gobernantes.

Su contenido crea y organiza el Poder Público dotándolo de facultades y de obligaciones; dándole "poder", poniendo límites a su actividad en beneficio de la comunidad total a la que pretende regir, y garantizando, tanto al individuo como a la sociedad su libertad y bienestar; e imponiéndole limitaciones para desenvolverse dentro de las tradiciones y las costumbres ya asentadas.

Siendo ella la principal base jurídica para el orden y la seguridad, pretende normar la actividad de todo: Estado y Sociedad. Pero, tiene, además, disposiciones que representan aspiraciones sólo cumplidas en parte y que pretenden realizarse plenamente; en consecuencia, ciertos artículos son programa que debe cumplirse con una forma de desarrollo nacional, que será fundamental y que se considera conveniente en un momento dado, para una amplia proyección en el tiempo y el espacio.

Por tanto, tiene además de la función de normatividad, la de marcar rumbos y definir aspiraciones. Pero estos dos últimos aspectos quedan desde el momento en que están incluidos en la Ley Fundamental, como obligatorios. Para hacerlos cumplir se desata la fuerza ejecutiva del Estado y su coerción en cumplimiento y protección de la propia norma, aunque antes sólo haya sido una aspiración.

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La fuerza de la Ley Suprema de un país depende del adelanto cívico de su colectividad. Sin conciencia cívica, el gobierno es la ley que puede coincidir o no, obedecer o no, a la Constitución. Con un pueblo no educado cívicamente puede acontecer el absurdo de que las leyes de inferior categoría que nunca debieran oponerse a la superior, la invaliden porque los gobernantes les concedan mayor importancia; también que se viole la Constitución mediante la subordinación absoluta de los Poderes Legislativo y Judicial, al Ejecutivo y que éste gobierne, no con la Ley, sino con su...

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