La constitución mexicana: instituciones y aspiraciones ciudadanas - El poder reformador de la Constitución - Libros y Revistas - VLEX 676611761

La constitución mexicana: instituciones y aspiraciones ciudadanas

Autor:Clemente Castañeda Hoeflich
Cargo del Autor:Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
Páginas:135-152
 
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Una constitución es el pacto fundamental que los ciudadanos construyen y asumen para organizar la distribución del poder mediante equilibrios y contrapesos, para procesar sus diferencias y para proteger sus derechos. Es decir, es un acuerdo fundacional entendido como el instrumento básico en el que los ciudadanos coinciden para construir una comunidad y para vivir en libertad, y que se comparte a pesar de los desencuentros y las divergencias.

La función de una constitución en un Estado democrático es central, porque define cuáles son los acuerdos sobre los que fundamos nuestra organización social, cuáles son los derechos que defendemos, cuáles son los límites del poder, cuáles son los mecanismos de equilibrio y contrapeso entre poderes, cuáles son las relaciones entre los distintos órdenes de gobierno, cuáles son las formas de administrar las diferencias políticas y la pluralidad, cuáles son las formas de procesar los conflictos para llegar a consensos y cuál es la definición elemental de justicia.

En este sentido, una constitución también debe ser entendida como el punto de partida sobre el que se fijan los anhelos

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y las aspiraciones colectivas de los ciudadanos y que el Estado hace propios para defenderlos y consumarlos. En otras pala-bras, una constitución representa el puente entre el pasado y el futuro, el eslabón entre las aspiraciones que marcaron nuestro pasado y los resultados y el contexto que distinguen nuestro presente y nuestro porvenir. Una constitución también es el reflejo de la experiencia de un pueblo, de sus retos, de las exigencias de cambio y transformación a las que se enfrenta a lo largo del tiempo, y, por ello, una constitución también debe ser siempre objeto de reflexión y de un permanente ejercicio de reconstrucción.

Para desentramar la funcionalidad de una constitución, vale la pena preguntarse ¿cuál fue y cuál es su capacidad para traducir y desenvolver en el transcurrir del tiempo los anhelos y las aspiraciones colectivas de los ciudadanos?, ¿cuál es su capacidad para lograr que las instituciones del Estado hagan propios y defiendan estos anhelos y aspiraciones?, ¿el largo puente entre el pasado y el futuro que representa una constitución está marcado por grietas y hendiduras, o sigue en pie siendo seguro y dando certidumbre a quienes transitan por él?

La Constitución de 1917: un puente entre el pasado y el presente

El Congreso Constituyente de 1917, reunido en el gran Teatro Iturbide, luego renombrado Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, emprendió un proceso de reflexión y deliberación, que hoy podemos considerar ejemplar, en un contexto de constantes amenazas y presiones, tanto políticas como sociales, que eran producto de los conflictos internos que padeció México, luego de los asesinatos de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez a causa del caudillismo.

En este marco, los constituyentes de 1917 deliberaron durante dos meses sobre las reformas a las que debía ser objeto la Constitución de 1857 y que fueron propuestas por Venustiano

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Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Con aquellas reformas estos legisladores buscaron recoger y traducir los anhelos y exigencias del pueblo mexicano, que no eran muy distintos a otros por los que ya se había luchado desde 1857 y hasta la Revolución Mexicana.

Estas aspiraciones de los ciudadanos son las que han buscado darle carácter al Estado mexicano: el acceso a la educación gratuita; la defensa de los derechos individuales; el control y los límites al poder; la defensa de la tierra y de los recursos nacionales; el derecho a un trabajo digno; la consolidación del municipio libre; la protección de la libertad de consciencia, de pensamiento y de expresión.

Tal vez, una de las mejores formas de resumir las aspiraciones de los mexicanos en aquel contexto es la frase que Venustiano Carranza pronunciara en su discurso de presentación del proyecto de reforma, el 1o. de diciembre de 1916, en donde señaló que “La Constitución de un pueblo […] debe buscar que la autoridad no pueda convertirse en contra de la sociedad que lo establece”.1Es decir, la Constitución debe ser capaz de defender y proteger los intereses y los anhelos de los ciudadanos, e impedir que las autoridades puedan revertirlos o traicionarlos. Una constitución no solamente debe reflejar las aspiraciones de los ciudadanos, sino que debe llevar al Estado a asumirlas, hacerlas propias y defenderlas.

De tal manera que el gran reto que tenemos, luego de cien años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de descifrar si se ha contribuido a trazar un puente sólido y consistente entre el pasado y el presente, o bien, se han tergiversado o manipulado las líneas trazadas por aquel Constituyente. En otras palabras, nuestra Constitución ¿ha logrado que las instituciones hagan propias las demandas e intereses de los ciudadanos o éstas se han convertido en contra

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de la sociedad, como lo alertaba Carranza? A continuación se presentan algunas reflexiones en torno a distintos fundamentos y principios constitucionales, como son la libertad de las personas, la división de poderes, los derechos sociales y el municipio libre como base del orden político.

La Constitución de 1917, con el mismo espíritu que la de 1857 y que el movimiento revolucionario, buscaba contener la tentación autoritaria, alertar contra los peligros de la tiranía y la concentración del poder, dado que éste constituye el inicio de la vulneración de los derechos individuales, de la dignidad y de la libertad de las personas. El mismo Carranza señalaba en la misma presentación del proyecto de reforma:

[L]o primero que debe hacer la Constitución política de un pueblo, es garantizar de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que el Gobierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente.2A una centuria de que los constituyentes de Querétaro redactaran la Constitución mexicana, vale la pena preguntarnos cómo nuestras instituciones han defendido estos principios y esta visión del orden político. Desafortunadamente, el Estado mexicano no ha sido capaz de sacudirse la tentación autoritaria, poniendo por encima de cualquier interés los derechos y las libertades de los ciudadanos; desgraciadamente el Estado ha sido utilizado como instrumento para anular derechos, como lo muestra la gravísima crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, con una escalada de desapariciones forzadas, casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, que algunas

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organizaciones internacionales no han dudado en calificar como delitos de lesa humanidad.3

A cien años de la Constitución de 1917, una de las tareas apremiantes del Estado mexicano es la de modificar la forma en que se procesa la pluralidad, la diferencia y el conflicto. Para lograrlo, se debe poner en el centro la libertad y la dignidad de las personas, se debe asumir una postura de apertura y diálogo, y no recurrir a los instrumentos del Estado para ponerlos en contra de la sociedad. Honrar la Constitución hoy significa, como ya lo decía Carranza: “garantizar de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana”.

Uno más de los principales fundamentos y aspiraciones de la Constitución de 1917 fue el de construir mecanismos de equilibrio, división de poderes y control político, no sólo en cuanto a su relación entre ellos, sino también a limitar la actuación de los representantes: “La división de las ramas del Poder Público obedece […] [a] poner límites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan, en perjuicio de ella, el poder que se les confiere”.4

Después de cien años de pronunciadas estas palabras, México ha transitado por un régimen de partido hegemónico, por un largo proceso de transición democrática y alternancia política, para alcanzar un modelo de distribución del poder sumamente concentrado y en ocasiones calificado de partidocrático y oligárquico; estos síntomas han impedido consolidar un modelo de equilibrio de poderes óptimo y desafortunadamente han mantenido secuestrado nuestro sistema político bajo un régimen de corrupción, en donde justamente se ha asumido al poder público como un botín de intereses particulares.

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Poner límites precisos a la acción de los representantes de la...

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