Consideraciones a Propósito del Interdicto de Recobrar por Despojo Judicial - Núm. 40, Julio 2015 - Revista del Instituto de la Judicatura Federal - Libros y Revistas - VLEX 654112121

Consideraciones a Propósito del Interdicto de Recobrar por Despojo Judicial

Autor:Jorge Isaac Torres Manrique
Cargo:Responsable de Coordinación Regional del Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la República del Perú. Miembro, Par Académico Evaluador, Corresponsal e Investigador Externo Adscrito al Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco)
Páginas:11-34
 
CONTENIDO
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Consideraciones a propósito del interdicto de
recobrar por despojo judicial
Jorge Isaac Torres Manrique1
suMario
. I. Introducción.- II. Acerca de los orígenes de los
interdictos.- III. En lo tocante al interdicto de recobrar.-
IV. Referente al derecho a la posesión.- V. Sobre el
lanzamiento judicial.- VI. Acerca del debido proceso.- VII.
En lo correspondiente a la motivación de las resoluciones
judiciales.- VIII. En atinencia al principio procesal de
congruencia.- IX. A propósito del principio de valoración
conjunta de la prueba.- X. Síntesis de la resolución casatoria
sub exámine.- XI. Análisis de la resolución in comento.- XII.
A manera de colofón.- XIII. Bibliografía.
I. Introducción
Como primer punto, consideramos abordar la importancia y trascendencia
que abraza a la casación civil, en tanto se yergue como el medio impugnatorio
de mayor renombre de nuestro ordenamiento jurídico nacional; pues, tiene
el mérito de constituirse en el recurso en el que más se pone a prueba los
conocimientos jurídicos, tanto del juzgador, como del abogado patrocinante
del recurrente. Entonces, se tiene que la casación debiera ser únicamente de
1 Responsable de Coordinación Regional del Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los
Procesos Judiciales Laborales, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la República del
Perú. Miembro, Par Académico Evaluador, Corresponsal e Investigador Externo Adscrito al
Instituto Vasco de Derecho Procesal (País Vasco). Investigador Externo de la Universidad Global
(Honduras). Colaborador Honorario de Elnotariado.com (Argentina). Colaborador Externo
del Bufete Jurídico Internacional, Jordan & Luciano Abogados (España). Experto en Derecho
Empresarial y Administrativo, en Avalón, la Red de Expertos de España, Portugal y Latinoamérica
(España). Abogado por la Universidad Católica de Santa María (Perú). Egresado de los Doctorados
en Derecho y Administración, y de las Maestrías en Derecho Empresarial y Derecho Penal, por la
Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú). kimblellmen@outlook.com.
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naturaleza extraordinaria, en la medida que, no es cualquier juez el llamado
a conocerla y resolverla, si no, solo los magistrados supremos y también,
porque solo un abogado bien entrenado en las sutilezas y características
especiales de este recurso, estaría en condiciones apropiadas para presentarla
y sustentarla.2
Por otro lado, no menos importancia merece el tema del análisis
y crítica a las resoluciones jurisdiccionales, como la que importa la
naturaleza de la presente entrega. En razón, a que ello signica que existe
efectivamente escenarios de reexión y retroalimentación, así también,
que el derecho esquiva o aleja los temidos periodos estancos y en su caso,
de retroceso.
Y es que, tal y como lo señala el Art. 139, inc. 20 de la Constitución
de 1993, repitiendo así el aserto consagrado en la anterior Carta de 1979,
en el sentido que toda persona tiene derecho de formular análisis y criticas
de las resoluciones y sentencias judiciales (con las limitaciones de ley), lo
que debe entenderse no limitado al Poder Judicial, sino también el Tribunal
constitucional.3
En ese sentido, el Tribunal Constitucional peruano (Exp. Nº 04-2006-
AI/TC, f,j.18) ha señalado que el derecho a la crítica de las resoluciones
judiciales es el derecho de toda persona de examinar y emitir juicios
públicamente respecto de las decisiones que adoptan losa jueces en todas
las especialidades. Así también, que entre los límites al derecho a la crítica
de las resoluciones judiciales, destaca, entre otros, que ésta no deba servir
para orientar o inducir a una determinada actuación del juez, pues, éste solo
se encuentra vinculado por la Constitución y la ley que sea conforme a ésta.4
Precisamente, el presente trabajo se enfoca en dicho derrotero, esto es,
desarrollar lo concerniente a los alcances de la Resolución expedida por la
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la república (Cas.
N° 986-2012 Ayacucho), la misma que versa sobre el interdicto de recobrar
por despojo judicial, en el supuesto en que el predio lanzado pertenece a
otra persona.
2 Véase: TORRES CARRASCO, Manuel Alberto. El nuevo recurso de casación civil. Recientes
modicaciones y repaso jurisprudencial. Grupo Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 2010, p. 05.
3 Vide GARCÍA BELAÚNDE, Domingo. Diccionario de jurisprudencia constitucional.
Deniciones y conceptos extraídos de las resoluciones y sentencias del tribunal constitucional.
Editora Jurídica Grijley, Lima, 2009, p. VII).
4 Cfr. GARCÍA BELAÚNDE. Ob. cit, pp. 726-727.
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II. Acerca de los orígenes de los interdictos
Entre los interdictos que conoció el derecho romano, se encuentran los de
vi y los de vi armata, los que eran recuperatorios y se dirigían a proteger
al poseedor que había sido víctima de despojo violento, ordenando que
se le restituyera la posesión. El primero suponía un despojo violento,
pero, sin hacer uso de armas, y se exigía que el poseedor demandante
poseyera con anterioridad al despojo nec vi nec clam nec precario. El
interdicto de vi armata, suponía según BIONDI una violencia grave o vis
astros, llevada a cabo con el uso de armas y se concedía sin límite alguno
de tiempo, a cualquier tipo de poseedor, aunque este poseyera aut vi aut
clam.5
Por su parte, en el derecho de Inglaterra o anglosajón, es de verse que
los interdictos o injunctions, fueron creados por la equidad, y son órdenes
de los tribunales que ordenan que se haga algo (interdicto ordenador), o
que prohíbe algo (interdicto prohibitivo). Como alternativa para reclamar
una indemnización por daños, el demandante puede pedir un interdicto para
evitar la comisión o la continuidad de un acto ilícito civil. Al ser remedios
de la equidad, los interdictos únicamente eran concedidos por el Tribunal
de la Cancillería. Eran discrecionales, ergo, el tribunal no estaba obligado a
concederlos y normalmente no los concedía cuando una indemnización por
daños servía de adecuada compensación.6
Luego, tenemos que el primer vocablo proviene del latín interdictum
(entredicho) y que constituye un procedimiento en materia civil
encaminado a obtener del juez una resolución rápida, que se dicta sin
perjuicio de mejor de derecho, a efectos de evitar un peligro o de reconocer
un derecho posesorio. Seguidamente, en lo que respecta al interdicto de
recobrar o recuperar, es utilizado cuando el poseedor ha sido despojado de
ella por un tercero.7
5 Cfr. DIEZ- PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Editorial Tecnos S.A.
Madrid. Volúmen II, 1983, p. 540.
6 Cfr. JAMES, Philip. Introducción al derecho inglés. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá.
1996, p. 340.
7 Veni OSSORIO. Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Editorial
Heliasta S.R.L. Buenos Aires. 2001, p. 528.
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III. En lo tocante al interdicto de recobrar
Respecto del interdicto de recobrar, tenemos que el Art. 603, del Código
Procesal Civil peruano, preconiza: “Procede cuando el poseedor es
despojado de su posesión, siempre que no haya mediado proceso previo.
Sin embargo, si se prueba que el despojo ocurrió en ejercicio del derecho
contenido en el artículo 920 del Código Civil, la demanda será declarada
improcedente ”.
Por su parte, es de verse, que el Art. 921.-, del Código Civil peruano,
establece: “Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede
utilizar las acciones posesorias y los interdictos. Si su posesión es de más
de un año puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él”.
Así también, el interdicto de recobrar es entendido como un
juicio posesorio sumarísimo, que tiene por objeto reintegrar y reponer
inmediatamente en la posesión o tenencia de un bien, al que gozaba de
ella, de la cual otro le ha despojado violenta o clandestinamente, por su
propia autoridad. Su fundamento reside en el principio de que nadie puede
hacerse justicia por sí mismo, si no, recurriendo a las autoridades judiciales
instituídas para administrarla a cada uno.8
Empero, además, el interdicto de recobrar viene a ser un remedio rápido
y abreviadísimo para las situaciones de hecho, resultando ajenas a sus
estrechos límites la discusión y resolución de los derechos u obligaciones
basados en relaciones contractuales -v.gr.: un boleto de compraventa- siendo
su objeto, proteger el hecho de la mera tenencia de las cosas o en su caso,
la posesión actual, habiendo sido instituído para evitar que nadie zanje sus
conictos por propia mano.9
IV. Referente al derecho a la posesión
Al respecto, es de verse que el Art. 896.-, del Código Civil peruano, juridiza
que: “La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes
a la propiedad”.
8 Vide ARAGÓN L., Luis Ángel. Diccionario jurídico de derecho procesal civil. IDEA
Editores. Lima, 1995, p. 153.
9 Véase: GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo. Elementos de derecho procesal civil. EDIAR S. A.
Editora, Comercial, Industrial y Financiera. Buenos Aires, 2005, p. 635.
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En ese sentido, la posesión no sería más que la emanación que se
tiene sobre una cosa. Empero, la posesión adquiere una relevancia jurídica
propia, precisamente porque el ordenamiento jurídico contempla aquel
señorío o poder de hecho sobre la cosa desvinculado del derecho. Así, se
ja en la situación jurídica (por los defectos que le atribuye), en la que
aparece una persona en una relación fáctica con la cosa. Ergo, la posesión
sería la cara visible de una moneda, cuya otra cara estaría representada por
el derecho que emana aquella posesión. Entonces, el ordenamiento jurídico,
al contemplar la posesión, centra su atención en la car visible, sin averiguar
si efectivamente si la moneda tiene efectivamente la otra cara (el derecho),
o se halla en blanco (se posee sin derecho alguno de donde provenga la
posesión).10
Entonces, se trata pues, del reconocimiento del derecho posesorio y
como tal es derecho material, pero, con efectos procesales. Así, se tiene, que
acreditado el derecho, la demanda que va contra el mismo, será declarada
improcedente.11
V. Sobre el lanzamiento judicial
Mediante el lanzamiento, el juez con apoyo de la autoridad policial, hace
efectiva la desocupación de un determinado inmueble cuando, durante
la tramitación de un proceso, se haya determinado que un sujeto que
carece de un título válido que le permita ostentar la posesión de manera
legítima, tiene el bien bajo su esfera de control, con directo menoscabo del
propietario o poseedor legítimo. Dicho procedimiento es un acto típico de
los procesos de desalojo, es así, que la doctrina señala que las sentencia
de desalojo se ejecuta a través del lanzamiento, que es el acto mediante el
cual, con intervención del ocial y el eventual auxilio de la fuerza pública,
se hace efectiva la desocupación del inmueble por el inquilino y demás
ocupantes. Sin embargo, el proceso de desalojo no es el único supuesto en
el cual se emplea dicho procedimiento. Así por ejemplo, el Código Procesal
Civil peruano, contempla dos situaciones adicionales donde se emplea el
10 Vide DIEZ- PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil. Editorial Tecnos
S.A. Madrid. Tomo III, 1981, p. 109.
11 Cfr. SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. Exégesis y sistemática del código procesal civil.
Volúmen II. Editora Jurídica Grijley, Lima, 2003, p. 267.
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desalojo, tales como: i) en el proceso de reivindicación y ii) en el remate
judicial (Vide: Art. 739 del CPC).12
Así también, tenemos que constituye una diligencia propia del periodo
de ejecución de sentencia, en los juicios de desalojo o desahucio. Para
proceder esta diligencia, es necesario que la sentencia dictada por el juez
competente sea rme y que medie instancia de parte. El juez deberá, al
ordenar el lanzamiento, proceder de acuerdo con la ley, esto es, otorgando
los plazos que esta establece.13
VI. Acerca del debido proceso
El debido proceso, estatuído genéricamente como garantía, salió a la luz
del mundo del derecho, en primer lugar: en el common law inglés, en la
Carta Magna de Inglaterra del 15/06/1215 (Concesión Real o cédula del
rey Juan Sin Tierra inglés, por la cual se comprometió con los nobles
ingleses, a respetar sus fueros e inmunidades y a no disponer su muerte,
prisión y conscación de sus bienes, mientras dichos nobles no fuesen
juzgados por sus iguales); y en segundo lugar: aparece expresamente en la
Quinta Enmienda de la Constitución Política de EE. UU. de 1787- Carta de
Derechos- (la misma que prohíbe los juicios repetidos por el mismo delito y
los delitos sin el debido proceso legal, así como también, el que una persona
acusada no esté obligada a atestiguar contra si misma).
Por otro lado, el debido proceso es un “derecho continente”, pues,
contiene, agrupa o engloba otros derechos, los cuales se encuentran
contemplados en una Convención y Convenio Internacional de DD. HH.,
así tenemos respectivamente: fue regulado como: i) garantía judicial ha
sido regulado por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos (San José, Costa Rica 7-22/11/1969), denominada
también Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José;14 y además, ii) el debido proceso, a través del derecho a un proceso
12 ACOSTA OLIVO, Carlos. En: VV. AA. Diccionario procesal civil. Grupo Editorial Gaceta
Jurídica. Lima, 2013, p. 193.
13 Ver CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Editorial
Heliasta. 23ª edición. Tomo V. Buenos Aires. 1994, p. 87.
14 Artículo 8. Garantías Judiciales.- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
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equitativo, también fue contemplado por el art. 6 del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
revisado de conformidad con el Protocolo Nº 11, completado por los
Protocolos Nº 1 y 6 (septiembre 2003).15
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, scal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete,
si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y
detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo
y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse
libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado
no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado
solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto
por una sentencia rme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El
proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la
justicia. LANDA ARROYO, C. (2005). Compilador. Jurisprudencia de la corte interamericana
de derechos humanos. Palestra Editores. Lima, pp. 1301- 1302.
15 Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.- 1. Toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente
e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones
de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra
ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia
puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés
de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática,
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el
proceso así lo exijan o en la medida en que será considerado estrictamente necesario por el
tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los
intereses de la justicia. 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta
que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los
siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda
y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a
disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a
defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios
para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de ocio, cuando los intereses
de la justicia lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y
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El debido proceso, además, es reconocido en el inc. 3 del art. 139 de
la Constitución Política peruana, que señala: “son principios y derechos
de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional”.
Así tenemos que, ostentan la titularidad del derecho al debido proceso
y la tutela jurisdiccional no solamente las personas naturales, también las
personas jurídicas de derecho privado (Exp. Nº 0905-2001-AA/TC y Nº
4972-2006- PA/TC), así también, lo propio las personas jurídicas de derecho
público (en efecto, el Tribunal Constitucional peruano –Exp. Nº1407-2007-
PA/TC, 14/08/08) –ha sostenido que, estas últimas (es decir, las personas
jurídicas de derecho público) son poseedoras de dicha titularidad, incluso en
la etapa prejurisdiccional a cargo del Ministerio Público.
Para DEVIS ECHANDÍA, citado por SAGÁSTEGUI URTEAGA,16
el concepto del debido proceso puede estar integrado por las siguientes
condiciones: i) dotar al juez para que procure hacer efectiva la igualdad de
las partes en el proceso, protegiendo al débil que siempre es el más pobre,
ii) inmediación del Juez sobre el material probatorio y sobre los sujetos
del proceso, iii) aceleración del proceso, en cuanto sea posible dentro del
sistema parcial de la escritura, iv) carácter dispositivo del proceso en cuanto
a su iniciación y a la libertad para concluirlo por transacción o desistimiento,
si las partes son incapaces mediante licencia previa, v) carácter inquisitivo
en materia de pruebas, vi) valoración de las pruebas de acuerdo con las
reglas de la sana crítica y mediante una adecuada motivación, vii) una
combinación del impulso del juez de ocio y del secretario, una vez
iniciado el proceso con la perención por incumplimiento de la carga de las
partes de promover su trámite si aquello no cumplen ociosamente, viii)
responsabilidad civil de los jueces, partes y apoderados por sus acciones
en el proceso, ix) amplias facultades al Juez para prevenir y sancionar el
fraude procesal con el proceso y en el proceso y todo acto de deslealtad o
mala fe de las partes, los apoderados y los terceros, x) simplicación de los
procesos especiales innecesarios, xi) el principio de las dos instancias como
regla general, y xii) gratuidad de la justicia civil.
a obtener la convocación e interrogación de los testigos que declaren en su favor en las mismas
condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente de un
intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia. DÍAZ REVORIO,
F. J. (2004). Compilador. Jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos. Palestra
editores. Lima, pp. 947- 948.
16 Cfr. SAGÁSTEGUI URTEAGA. Ob. cit. Volúmen I, pp. 08-09.
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Por nuestra parte, consideramos que el debido proceso es el derecho
de los justiciables a un proceso judicial sin postergaciones, retrasos,
alteraciones o deformaciones, durante el camino, devenir o desenvolvimiento
lógico procesal del mismo; que desvirtúen su nalidad que es la justicia.
Consecuentemente, queda claro que, prima facie, el derecho que tienen los
justiciables a un derecho justamente, debido, el cual presente las sucientes
motivaciones, fundamentos o argumentos jurídicos, que justiquen lo
acontecido en las diversas etapas de dicho proceso.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el debido proceso detenta
tres modalidades: i) “jurisdiccional”, que garantiza un proceso debido
a nivel judicial, arbitral, militar y comunal, ii) “administrativo”, que
garantiza lo propio en sede de la administración pública, y iii) “corporativo
particular”, que garantiza también un debido proceso entre particulares.
Asimismo, el debido proceso posee dos dimensiones: i) “adjetiva
o formal”, como garante de un desenvolvimiento o desarrollo procesal
debido, y ii) “sustantiva o material”, como garante de una decisión judicial
basada o enmarcada tanto en la razonabilidad y proporcionalidad, es decir,
garantiza una sentencia justa.
Con respecto a los elementos del debido proceso, TICONA POSTIGO,
citando a HOYOS, reere que los mismos serian: i) La regulación legal
de los procesos y su desarrollo sin dilaciones, ii) El derecho a ser oído,
iii) Tribunal competente, predeterminado, independiente e imparcial, iv)
Contradicción y bilateralidad: oportunidad de tomar posición y pronunciarse
sobre las pretensiones del actor y las manifestaciones de la parte contraria,
v) El derecho de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del
proceso y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez, vi) La
facultad de hacer uso de los medios impugnatorios previstas en la ley contra
resoluciones judiciales motivadas, y vii) Respeto a la cosa juzgada.17
VII. En lo correspondiente a la motivación de las resoluciones
judiciales
En primer lugar, en lo relacionado a las decisiones basadas en la
argumentación, amerita traer a colación, el surgimiento y contenido de la
teoría de la argumentación.
17 Véase: TICONA POSTIGO, Víctor. El derecho al debido proceso en el derecho civil. Editora
Jurídica Grijley, Lima, p. 122.
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Así, la existencia de un amplio campo para el intérprete y el aplicador
del derecho, constituyó a éste en protagonista de la historia, pero, ya no es
sencillo sostener que su tarea se limita a identicar un supuesto de hecho
y subsumirlo en una norma. Por el contrario, debe argumentar frente al
caso, utilizando la norma como un instrumento más. Entre las principales
características de esta tesis, podemos citar: i) El derecho es una ciencia de
problemas y no meramente especulativa, ii) La tarea del juez es el ejercicio
de la prudencia y no la especulación, iii) La prudencia se basa en el ejercicio
argumentativo, iv) Argumentar es convencer a un auditorio imaginario, esto
es, a quienes va destinada la decisión, y v) La argumentación se basa en la
experiencia previa acumulada (tópicos), o en la capacidad del argumento
para persuadir a un auditorio universal, utilizado como modelo.18
Resulta pertinente que el derecho a que las resoluciones judiciales
sean razonadas, garantiza que la decisión adoptada no sea fruto de la
arbitrariedad, del voluntarismo judicial o acaso consecuencia de un proceso
deductivo irracional, absurdo o maniestamente irrazonable. Ciertamente,
no está dentro de su ámbito protegido el acierto o no que esta pudiera tener,
o acaso, que no constituya una infracción de la ley.19
Además, uno de los contenidos del debido proceso, es el derecho a
obtener de los órganos judiciales, una respuesta motivada, razonada y
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes,
en cualquier clase de procesos. La exigencia que las decisiones judiciales
sean motivadas en proporción a los términos del Inc. 5), del Art. 139°, de la
Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a
la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir
una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga
con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también, con la nalidad de
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables
(Exp. 1230-2002-HC/TC).20
La motivación de las resoluciones judiciales, constituye el conjunto de
razonamientos de hecho y derecho realizados por el juzgador, en los cuales
18 Cfr. LORENZETTI, Ricardo Luis. Razonamiento judicial. Fundamentos de derecho privado.
Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima, 2006, p. 219.
19 Sentencia del Tribunal Constitucional peruano, Exp.458-2001- HC. En línea: Recuperada
en fecha 18/04/15 de: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00458-2001-HC.html. Lima.
2002.
20 Véase: GARCÍA BELAÚNDE. Cit, p. 483.
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apoya su decisión. Así por ejemplo, tal vez la causa por la que un juez
declara fundada una demanda sobre daños y perjuicios, sea la compasión
que le produce la precaria o lastimosa situación del demandante, mas ello
no sirve como justicación jurídica. En este caso, solo se tratará de una
motivación judicial en apariencia.21
VIII. En atinencia al principio procesal de congruencia
En primer término, tenemos que considerar que este principio se constituye
en quizás en el de mayor relevancia, ya que se constituye en un verdadero
reto (trascendentalmente geológico, digamos) para el juzgador al resolver
(vía sentencia) conforme lo que las partes solicitaron (es decir, ni menos,
ni más de lo pedido, peor aún distinto). De tal modo, los demás principios
procesales civiles, no tendrían razón de ser en el supuesto que el juez no
expida su fallo en abierta violación del principio de congruencia. Además
de lo señalado, tenemos que agregar que las mismas estarán lógicamente
expectantes a lo resuelto. Consecuentemente, el compromiso del juzgador
con dicho principio abarca una esfera saludablemente más amplia y
compleja (es decir, con el proceso y con las partes).
En el mismo sentido se expresa RIBÓ DURAND,22 reere: “es la
cualidad técnica más importante que debe tener toda sentencia, consiste en
la vinculación entre la pretensión procesal y lo decidido en la sentencia. Por
ello se dice que hay sentencia congruente con la demanda y con las demás
pretensiones oportunamente deducidas en el litigio, cuando la sentencia
hace las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo
al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido
objeto de debate. La sentencia no ha de contener más de lo pedido por
los litigantes; de lo contrario incurriría en incongruencia positiva. La
incongruencia negativa surge cuando la sentencia omite decidir sobre
alguna de las pretensiones procesales. Si la sentencia decida sobre algo
distinto de lo pedido por los litigantes se produce la incongruencia mixta.
21 CASTILLO ALVA, José Luis. LUJÁN TÚPEZ, Manuel y ZAVALETA RODRIGUEZ,
Roger. Razonamiento judicial. Interpretación, argumentación y motivación de las resoluciones
judiciales. Editorial Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2004, pp. 335- 336.
22 Véase: RIBÓ DURAND, Luis. Diccionario de derecho. Bosh Casa Editorial. S. A. Barcelona.
1987, p. 137.
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La sentencia incongruente puede ser objeto de impugnación por la vía del
recurso oportuno”.
Así también lo señala MONROY GÁLVEZ:23 “el principio de
congruencia judicial exige al juez que no omita, altere o exceda las
pretensiones contenidas en el proceso que resuelva”.
Seguidamente, es importante tomar en cuenta que la congruencia de dicho
principio se encuentra relacionada no solo con el sentido, sino también con el
alcance de las mismas. Así lo arma MONROY CABRA,24 citando a DEVIS
ECHANDÍA, al señalar que “se entiende por congruencia o consonancia
el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones
judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de
las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral y contencioso
administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra
el sindicato o imputado, sea de ocio o por instancia del ministerio público
o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto que
exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y
excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue
facultades especiales para separarse de ellas”.
Líneas abajo, el primero de los autores citados,25 acota: “en relación
con las pretensiones, la incongruencia tiene tres aspectos: a) cuando se
otorga más de lo pedido (plus petita o ultra petita); b) cuando se otorga
algo distinto de lo pedido (extra petita); y c) cuando se deja de resolver
sobre algo pedido (citra petita)”.
Empero, por si fuese poco, la importancia del principio procesal de
congruencia también radica en su naturaleza constitucional connatural
al derecho de defensa. Conteste con lo reseñado, DEVIS ECHANDÍA,26
sostiene que “tiene extraordinaria importancia este principio, pues se liga
íntimamente con el derecho constitucional de defensa, ya que este exige
que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones
o las imputaciones que contra él o frente a él se han formulado, por lo que
23 Vici, en ese sentido MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Editoriales
Temis S. A. y De Belaunde & Monroy. Santa Fe de Bogotá. 1996, p. 91.
24 Vide MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios del derecho procesal civil. Editorial
Temis S.A. Bogotá, 1973, pp. 55 -56.
25 Vici Ibid.
26 Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso aplicable a toda clase de
procesos. Tomo I. Editorial Universidad. Buenos Aires. 1984, pp. 49- 50.
23
JorgE isaac torrEs ManriquE
la violación de la congruencia implica la de aquel derecho; la actividad
probatoria, las excepciones o simples defensas y las alegaciones, se orientan
lógicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas
formuladas en el proceso. También se relaciona con la cosa juzgada, para
determinar el verdadero sentido de ésta”.
De similar opinión (es decir, respecto de la relación congruencia y
defensa) son CASTILLO QUISPE y SÁNCHEZ BRAVO,27 quienes citando
a ALDO BACRE, señalan respecto del principio de congruencia procesal:
“El juez debe fallar de conformidad con las pretensiones deducidas en el
juicio, es decir que debe haber conformidad entre la sentencia y lo pedido
por las partes (sea en demanda, reconvención y contestación de ambas,
inclusive), en cuanto a las personas , el objeto y la causa, porque el ocio no
puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la litis en la
relación procesal. Con la contestación a la demanda se integra la relación
procesal produciendo dos efectos fundamentales: quedan determinados los
sujetos de la relación (actor + demandado) y las cuestiones sometidas al
cuestionamiento del juez. Por lo tanto, los términos en que se han planteado
la pretensión y la oposición a la misma son los que han de determinar
el contenido de la sentencia, conforme el principio de congruencia, sino
se quiere afectar el derecho de defensa de las partes, decidiendo sobre
cuestiones no traídas a la litis u omitiendo resolver sobre alguna de ellas”.
Finalmente, MORALES GODO,28 esboza un óptica adicional, acotando:
“el principio de congruencia en consecuencial al principio dispositivo. A
través de dicho principio el Juez está en la obligación de resolver todas las
pretensiones planteadas por las partes en el proceso, y solo ellas, ya que
no podrá resolver pretensiones que no han sido invocadas, ni discutidas en
el proceso”.
A propósito, es de verse que el principio procesal de congruencia, bajo
análisis, se encuentra regulado en el segundo párrafo del Artículo VII del
Título Preliminar del Código adjetivo peruano citado, al indicar que el juez
no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos
de los que hayan sido alegados por las partes.
27 Veni CASTILLO QUISPE, Máximo y SÁNCHEZ BRAVO, Edgard. Manual de derecho
procesal civil. Jurista Editores. Lima. 2007, pp. 44- 45.
28 Cfr. MORALES GODO, Juan. Instituciones de derecho procesal. Palestra Editores. Lima.
2005. p. 410.
24
Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
Sin embargo, es preciso dejar constancia que inexplicablemente, el
presente principio ha merecido un limitado interés, respecto de otros que
también inspiran el derecho adjetivo civil peruano, por parte de la doctrina
(sobre todo si consideramos su gravitante importancia). En ese sentido,
agregamos que mayor fortuna tuvo la primera parte del referido artículo, la
misma que trata acerca del principio: juez y derecho (iura novit curia). Lo
anecdótico es que en ambos casos, dichos principios no guran textualmente
en nuestro código procesal, sino solo implícitamente. En tal sentido, el tema
del interés no obedece a la naturaleza no expresa de ambos en dicho Código.
IX. A propósito del principio de valoración conjunta de la
prueba
El Art. 197.-, del Código Procesal Civil peruano juridiza: “Todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.
Pero, a propósito… ¿Que signica valorar la prueba?. Al respecto,
resulta pertinente señalar que, el juez no tiene la obligación de ocuparse de
todas las pruebas, si no, de señalar cual de ellas le signica más que otras;
por ello, lleva a cabo un orden de selección y calicación donde interactúan
distintas contingencias que van a inuenciar la posibilidad de análisis, pero,
toda la prueba colectada en autos debe ser apreciada en su conjunto por el
principio de unidad de la prueba, atento que en la generalidad de los casos
se llega a la convicción por medio de una evaluación de la totalidad de los
medios probatorios y de consideración aislada de ellos.29
Sin perjuicio de lo mencionado, la mencionada norma tiene que
aplicarse e interpretarse en forma sistemática con el Art. 188, del mismo
cuerpo de leyes, referido a la nalidad de los medios probatorios, es
decir, a acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en
el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar su decisión.
Igualmente con el Art. 200, que establece, que si no se prueban los hechos
que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada, debiendo
aplicarse el mismo criterio en caso que exista reconvención. De otro lado,
la valoración de la prueba que el Juez debe hacer en forma conjunta al
29 GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo. Ob. cit., p. 317.
25
JorgE isaac torrEs ManriquE
momento de resolver la causa, no debe confundirse con la calicación que
el Juez también realiza sobre los medios probatorios en forma individual
en etapas procesal distintas a la resolución de la causa, nos referimos a lo
previsto en el Art.190 del Código Procesal Civil peruano, que señala que
los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre cuando
ésta sustenta la pretensión, de lo contrario serán declarados improcedentes.
Igualmente, en este artículo se mencionan otros supuestos de improcedencia
de medios probatorios, como por ejemplo que tiendan a establecer hechos
no controvertidos, imposibles o que sean notorios o de pública evidencia.
Es obvio que el Juez debe evaluar la pertinencia, idoneidad y utilidad de los
medios probatorios, lo cual no debe llevar al error de considerar esta labor
como de valoración de estos últimos.30
X. Síntesis de la resolución casatoria sub exámine
La misma versa acerca de la Resolución expedida por la Sala Civil
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la república (Cas. N° 986-
2012 Ayacucho).
Respecto de los hechos, podemos señalar que Rina Paola Guzmán
Pariona interpone demanda de Interdicto de Recobrar contra la empresa
Negusa Corp. Sociedad Anónima, solicitando que se le restituya la posesión
del inmueble ubicado en la Avenida Salvador Cavero número trescientos
noventa y uno y trescientos noventa y cinco, Distrito El Nazareno, con
ciento setenta y nueve metros cuadrados (179 m2) de área y, se ordene el
pago de mil dólares americanos (US$1,000.00) mensuales, por daños y
perjuicios, a partir de la fecha de ministración de la posesión.
La misma argumenta, que en el proceso de Ejecución de Garantías
seguido por la empresa demandada contra su señora madre Roberta Pariona
Vilcatoma, se remató y adjudicó el inmueble hipotecado ubicado en la
tercera cuadra de la Avenida Salvador Cavero, sin embargo, el lanzamiento
no se ejecutó en el predio hipotecado de propiedad de su madre, sino en el
predio de propiedad de la recurrente, colindante con el de su madre, pero
perfectamente diferenciable, ministrándose la posesión a favor de la empresa
Negusa Corp. Sociedad Anónima, no obstante su presencia en la diligencia
30 LINARES SAN ROMÁN, Juan. La valoración de la prueba. En: Revista Derecho y Cambio
Social. En Línea: Recuperado en fecha 19/04/15 de: http://www.derechoycambiosocial.com/
revista013/la%20prueba.htm. Lima, 2008.
26
Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
de lanzamiento y su oposición, negándose la Jueza a dejar constancia de que
estaba procediendo la diligencia en predio ajeno.
A continuación, se tiene que por sentencia de primera instancia, el
Juez del Segundo Juzgado Civil de Ayacucho, declara fundada la demanda
sobre Interdicto de Recobrar e, infundada en el extremo de Indemnización
por Daños y Perjuicios, tras considerar que la diligencia de lanzamiento
ordenada en el proceso de Ejecución de Garantías número 1999-292, se
realizó en el inmueble de propiedad y posesión de la demandante, el cual no
fue objeto de garantía hipotecaria por parte de Roberta Pariona Vilcatoma
a favor de la empresa Negusa Corp. Sociedad Anónima; y si bien, dicho
lanzamiento se efectuó a mérito de un mandato judicial, sin embargo, la
ahora demandante no fue emplazada o citada en el referido proceso, por
lo que dicha situación de hecho se subsume en el artículo 605 del Código
Procesal Civil.
Además, que por sentencia de vista, la Sala Civil de Huamanga de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, conrma la sentencia de primera
instancia, argumentando que en la fecha en que se inició el lanzamiento la
demandante se encontraba en posesión del inmueble materia de lanzamiento,
siendo despojada de su posesión sin un proceso judicial previo, vulnerándose
su derecho al debido proceso.
Posteriormente, tenemos que producto de lo reseñado, se interponen
dos recursos de casación, uno, por Sharon Frine Guzmán Miranda y el
otro, por la empresa Negusa Corporación Sociedad Anónima, en contra
la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de Huamanga de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, que conrma la sentencia apelada, que
declara fundada la demanda interpuesta por Rina Paola Guzmán Pariona
contra Negusa Corporación Sociedad Anónima y Sharon Frine Guzmán
Miranda, sobre Interdicto de Recobrar.
En primer término, tenemos que el Recurso de Casación interpuesto por
Sharon Frine Guzmán Miranda, fue declarado procedente por la causal de
infracción normativa procesal, sustentada en los siguientes fundamentos:
i) La sentencia de vista carece de una debida motivación, pues tanto el A
quo como el Ad quem no han tomado en cuenta que el presente proceso es
uno sobre Interdicto de Recobrar, cuya nalidad es defender la posesión
como un derecho, y sin tomar en cuenta ello, se ha emitido una sentencia
que prescinde de ocio la actuación de pruebas categóricas que acreditan
fehacientemente que la demandante Rina Paola Guzmán Pariona nunca
27
JorgE isaac torrEs ManriquE
poseyó el bien inmueble materia del proceso, lo cual se encuentra acreditado
con las actas levantadas en la diligencia de lanzamiento recaídas en el
Expediente número 1999-292; y más bien, fue su madre Roberta Pariona
Vilcatoma la posesionaria y titular del citado bien inmueble; ii) Ha obviado
pronunciarse sobre situaciones que fueron puestas en conocimiento por la
recurrente, como el hecho de que el perito que realizó el dictamen pericial
en el proceso fue el mismo que emitió un dictamen contradictorio a favor del
Banco de Crédito del Perú al que la recurrente hipotecó el bien materia de
litis y que no ha sido noticada como parte en el proceso; iii) En la Escritura
Pública mediante la cual se constituye la garantía hipotecaria a favor de
Negusa Corp. Sociedad Anónima no se consigna numeración alguna; ello
porque en aquella fecha el bien sub materia no tenía numeración más que
la consignada sin el permiso de la respectiva Municipalidad; tal es así, que
existen dos viviendas con la numeración que aparece consignada en dicha
propiedad; y, iv) El bien inmueble de propiedad de la suscrita tiene dos
chas y en su contenido existen serias diferencias en la identicación de las
propiedades que tenían los padres de la hoy demandante; incluso ocultan
sus estados civiles y todo ello para confundir la correcta administración
de justicia. Siendo ello así, se puede presumir que la Escritura Pública de
Anticipo de Legítima es un documento simulado, con el que se pretende
desconocer la compraventa del inmueble sub litis y, por lo tanto, la
titularidad de la recurrente.
En segundo lugar, es de verse que la misma Sala Suprema declaró
también procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa
demandada Negusa Corporación Sociedad Anónima, por la causal de
infracción normativa procesal, sustentada en los siguientes fundamentos: i)
Se ha vulnerado el principio de congruencia, porque el Colegiado Superior,
al haberse pronunciado en la sentencia de vista sobre el derecho de propiedad
de la demandante, se desvió del marco del debate judicial de un proceso
de Interdicto de Recobrar, donde no se discute el derecho de propiedad,
sino la defensa del derecho de posesión. El Ad quem, tras haber declarado
indebidamente como propietaria a la demandante, llega a determinar que
se habría producido el despojo judicial de la misma, sin antes evaluar y
determinar si la actora estaba en posesión del bien sub litis, que es la premisa
fundamental de la cual debió partir y que es materia de debate judicial; ii)
Se ha vulnerado el principio de valoración conjunta de la prueba, porque
únicamente se ha tenido en cuenta el Acta de fecha ocho de agosto de dos
28
Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
mil cinco; no obstante que la diligencia de lanzamiento se realizó en dos
etapas, habiéndose producido la primera el día veinticinco de junio de dos
mil dos, donde se acredita fehacientemente que la posesionaria del inmueble
objeto de lanzamiento era Roberta Pariona Vilcatoma; sin embargo, este
documento no fue valorado por el Colegiado Superior. Así también el Ad
quem no ha valorado el escrito presentado por Roberta Pariona Vilcatoma,
en que hace notar su calidad de posesionaría. Tampoco se ha valorado en
forma conjunta y completa la Escritura de Anticipo de Legítima y la Ficha
Registral número 13526, pues el proceso de Ejecución de Garantías se inició
en el mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, mientras que el
anticipo de legítima fue otorgado con fecha nueve de marzo de dos mil uno;
además fue otorgado únicamente por uno de los cónyuges, lo que demuestra
que fue confeccionado como un acto jurídico simulado para inducir a error al
juzgador; y, iii) Se ha vulnerado la garantía constitucional de la motivación de
las sentencias judiciales, porque el Ad quem indebidamente al fundamentar el
derecho de propiedad de la demandante, no ha fundamentado con suciencia y
razonabilidad los motivos que se deben evaluar para la decisión de un proceso
de Interdicto de Recobrar por desalojo judicial, puesto que no han tomado en
cuenta todas las pruebas relevantes como el Acta de fecha veinticinco de junio
de dos mil dos donde se acredita que la posesionaria del inmueble fue Roberta
Pariona Vilcatoma.
Entonces, se colige que en el presente caso, se advierte que las instancias
judiciales de mérito no han resuelto debidamente las alegaciones expuestas
por las partes, ni han valorado debidamente los medios probatorios, a n de
determinar si efectivamente la demandante estuvo en posesión del inmueble
sub litis, pues conforme se ha señalado procede el interdicto de recobrar
cuando el poseedor es despojado de su posesión, y en el caso de autos esa
situación no ha quedado claramente establecida; en consecuencia, los jueces
al no haber efectuado una debida motivación en sus fallos, han vulnerado el
derecho al debido proceso, pues no han dado una respuesta congruente a la
pretensión que se demanda.
Ergo, estando a la irregularidad procesal incurrida corresponde declarar
la nulidad de las sentencias recurridas y ordenar al A quo expida nueva
resolución con mejor estudio de autos y conforme a las consideraciones que
anteceden.
Así, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
república, declaró fundados los recursos de casación interpuestos por
29
JorgE isaac torrEs ManriquE
Sharon Frine Guzmán Miranda y la empresa Negusa Corporación Sociedad
Anónima, casó la sentencia impugnada, en consecuencia: nula la sentencia
de vista, expedida por la Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho; e insubsistente la sentencia, que declara fundada la
demanda; y ordenó también, que el A quo emita nueva sentencia, teniendo
en cuenta las referidas consideraciones.
XI. Análisis de la resolución in comento
En principio, corresponde proceder a la exégesis de la procedencia de la
primera casación (interpuesta por la recurrente Sharon Frine Guzmán
Miranda). Así, tenemos, que llama la atención que en ambas instancias
judiciales se haya errado al pronunciarse acerca de la propiedad del bien
materia del proceso, en lugar de haberse ocupado de la naturaleza posesoria
que embarga la institución jurídica, propia del interdicto de recobrar.
Entonces, se colige que no solamente se ha vulnerado el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales que tienen las justiciables
mencionadas, si no, que también, se ha vulnerado el principio de congruencia
procesal.
Además, resulta incorrecto, por decir lo menos, que en la vía judicial
no se haya advertido el conicto de intereses en que incurrió el perito que
realizó el dictamen pericial en el proceso, en razón, a que fue el mismo que
emitió un dictamen contradictorio a favor del Banco de Crédito del Perú al
que la recurrente hipotecó el bien materia de litis y que no ha sido noticada
como parte en el proceso.
Seguidamente, concierne interpretar los extremos de la declaración
de procedencia de la segunda casación (interpuesta por la empresa
demandada Negusa Corporación Sociedad Anónima). Así, consideramos
muy preocupante, la vulneración al principio de valoración conjunta de
la prueba, ello en razón a que, se colige que no se tomó debidamente en
cuenta el acta, por la cual se acredita indubitablemente que la posesionaria
del bien sub litis, era Roberta Pariona Vilcatoma. Además, lo propio
respecto del escrito presentado por esta última, donde evidencia su calidad
de posesionaria.
Huelga agregar, que somos contestes con lo decidido por la Sala Civil
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la república, en tanto,
consideramos que se pronunció de manera acertada como justa, al declarar
30
Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
fundados ambos recursos de casación interpuestos bajo la misma causal,
esto es, por la infracción normativa procesal.
Y es que, es nuestro parecer la decisión del referido Colegiado Supremo,
en resumidos términos, no solo advierte, la vulneración de derechos
y principios procesales de las partes, además de disponer que el juez de
primera instancia emita una nueva sentencia, observando lo evidenciado por
el mismo. Si no, que a su vez, sale en defensa del sistema jurídico imperante,
del Estado Constitucional de Derecho, de la Constitución, de la Ley y por
supuesto, de la legitimidad, esto es, de la justicia. Lo que, dicho sea de paso,
saludamos sobremanera.
XII. A manera de colofón
Resulta sumamente lamentable como preocupante, colegir que tanto la
primera (Segundo Juzgado Civil de Ayacucho), como la segunda instancia
(Sala Civil de Huamanga), hayan incurrido en garrafales yerros de manera
sistemática. Los mismos, que se traducen en vulneraciones de derechos
de los justiciables: Sharon Frine Guzmán Miranda y la empresa Negusa
Corporación Sociedad Anónima.
Esto es, que simplemente devienen en incomprensibles las vulneraciones,
en el caso de la primera justiciable: i) Motivación de resoluciones
judiciales. Así también, en el de la segunda justiciable: i) Principio procesal
de congruencia, ii) Principio de valoración conjunta de la prueba, y iii)
Motivación de resoluciones judiciales.
En ese sentido, consideramos que dichos entes judiciales habrían
incurrido en malicia procesal, al alterar, vía las vulneraciones referidas,
el fondo del asunto sub litis. Así témenos, que malicia procesal es: “la
utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto (inconducta
procesal genérica) o aisladamente cuando el cuerpo legal los conmina con
una sanción especíca (inconducta procesal especíca), y el empleo de las
facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición con los nes
del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad,
probidad y buena fe”.31 En iguales términos, lo propio podemos señalar del
accionar de la accionante de la casación, Sharon Frine Guzmán Miranda, en
31 VENI GOZAÍNI, Osvaldo A. La Conducta en el proceso, Librería Editora Platense S.R.L.
Buenos Aires. 1988, P. 69.
31
JorgE isaac torrEs ManriquE
vista de pretender desconocer la compraventa del bien inmueble sub Litis,
esto es, su titularidad sobre el mismo.
Malicia es, por ejemplo, confabular con el noticador para que notique
en un domicilio diferente del que consta en la cédula, con el oscuro propósito
que el demandado o noticado pierda sus derechos por la no comparecencia
en término al proceso. En el caso de la eventual incurrencia del juez en
malicia procesal, se tiene, que la misma se evidencia, verbi gratia: al
correr excesivamente traslados a la partes, excesivo rigor en la formalidad
al rechazar recursos o declarar nulidades recurrentemente, admitir o
rechazar medios probatorios abiertamente improcedentes o procedentes
respectivamente, incurrir en morosidad judicial injusticada o no sancionar
(omisión cuasi cómplice) el accionar procesal abusivo de cualquiera de los
sujetos señalados.32
En ese sentido, nos llama la atención que la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema de Justicia de la república, vía la resolución sub
exámine (Cas. N° 986-2012 Ayacucho), se haya limitado únicamente a
casar la sentencia impugnada, anular la sentencia de vista, expedida por
la Sala Civil de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho;
declarar insubsistente la sentencia, que declara fundada la demanda; y
ordenar también, que el A quo emita nueva sentencia, teniendo en cuenta
las referidas consideraciones. Ello, en tanto, el Juzgado y Sala, no fueron
siquiera apercibidos por su muy cuestionable proceder procesal.
Por otro lado, consideramos que los nocivos efectos de las resoluciones
judiciales impugnadas vía los recursos de casación resueltos, felizmente
recientemente pueden ser paliados (y no en los tiempos acaecidos en el
devenir del caso in comento). Ello, en vista de la dación de la Ley Nº
30199, de fecha 18/05/14, que modica el Código Procesal Civil peruano.
Dicha norma considera la posibilidad de interponer una medida cautelar,
adicionando al Art. 603, del mencionado cuerpo normativo: “Procede a
pedido de parte la solicitud de posesión provisoria del bien una vez que
32 TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac. Temeridad y malicia procesales al banquillo.
Crónica de dos lacras jurídicas que pretenden consolidarse. En: Civil Procedure Review.
En Línea: Recuperado en fecha 19/04/15 de: http://www.civilprocedurereview.com/index.
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al-banquillo-cronica-de-dos-lacras-juridicas-que-pretenden-consolidarse&catid=53&Ite-
mid=82&lang=es. München. 2010, p. 97.
32
Revista del instituto de la JudicatuRa FedeRal
haya sido admitida la demanda, la que se sujeta a los requisitos y trámites
de la medida cautelar”.
En ese orden de ideas, señalamos que según el Estudio Echecopar, dicha
medida cautelar tendrá como nalidad que se le entregue al demandante
la posesión del bien hasta que se emita sentencia rme en dicho proceso,
Pudiendo ser solicitada una vez admitida la demanda, para lo cual deberá
reunir los requisitos y el contenido señalado en los artículos 610 y 611 del
Código procesal civil.32
Finalmente, es de resaltar, que la sentencia casatoria bajo análisis,
reviste especial relevancia y trascendencia, en tanto, tratándose de la
equivocada ejecución de un interdicto de recobrar (además, de los derechos
y principios procesales mencionados), donde el predio lanzado corresponde
probadamente a un tercero, en la misma se dispone la corrección de lo
correspondiente.
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