El Confinamiento de la Justicia Estadual
| Autor | Ma. del Rosario Huerta Lara |
| Cargo | Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana |
| Páginas | 2-7 |
"Cada pueblo tiene el derecho de hacer juzgar por sus propios tribunales todas las cuestiones que se relacionan con la ejecución de sus propias leyes"
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Tocqueville
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La competencia de la Federación y los Estados se determina (Art. 124 de la Constitución Federal) , mediante un sistema basado en la exclusión de atribuciones que origina, en el plano de la organización política del Estado, que las actividades del gobierno se dividan en gobiernos locales y gobierno central. De modo que cada uno retiene ciertas actividades, y la toma de decisiones finales ocurre en un ámbito de autonomía propia e intransferible.
El mapa de la distribución del poder público en México (a propósito de su división en judicial, legislativo y ejecutivo, y su distribución en federación, estados y municipios) se refiere a la Soberanía nacional, que es explícitamente Federal para toda las partes de la Nación y Autónoma, en el ámbito del gobierno interior de cada uno de los Estados y municipios que la componen.
En México la expresión más nítida de la división del poder público nacional, ha sido el predominio del ejecutivo federal sobre el legislativo y judicial. En el pasado siglo, el Federalismo adquirió perfiles muy peculiares tras la expedición de la Constitución de 1917, debido al régimen presidencialista que se instauró en detrimento de la independencia de los otros poderes federales.
El predominio del Ejecutivo vuelve aparecer en la división vertical, estadofederación. La expansión progresiva de lo federal sobre lo estadual, subyace a los conflictos del ámbito de la soberanía federal y las autonomías de las entidades federativas. Controversias que suscitan las invasiones a la esfera del derecho local, en todas las materias jurídicas que concurren la Federación con sus entidades federativas.
Quizá la nota crítica de este proceso sea el doble carácter que comporta el sistema nacional, esto es, su ejercicio horizontal en detrimento de la distribución vertical del poder público, fuente de históricas desigualdades y desequilibrios entre las partes de la federación.
Esta parcelación del poder público en México, originariamente inspirada en el modelo federal de la Constitución norteamericana, debe decirse, nunca adquirió carta de naturaleza en la formación de las instituciones nacionales, debido a las evidentes diferencias de historia, cultura, tradiciones jurídicas y la permanente inestabilidad de la vida social y política del S. XIX.
Modelo, ciertamente distante, del federalismo que instruían, unos siglos atrás, Hamilton y Jefferson a propósito del modelo federal, más tarde descrito por Thocqeville en su Democracia en América. Pero, más apartado fue la forma estatal, asumido en las Constituciones mexicanas de 1857 y 1917, en lo relativo a la subsunción de las autonomías locales al ámbito de la competencia federal.
El papel del poder judicial, federal y local, al revés del esquema clásico de la división de poderes, consistió en someterse a la orbita del ejecutivo, debido a una atribución legal o usos y costumbres, que atribuyeron desmesuradas facultades al poder ejecutivo, para nombrar y cesar a jueces y magistrados, con o sin la intervención del legislativo,
Otro de los factores que apuraron el descrédito de las resoluciones jurisdiccionales dictadas por los órganos de la justicia local, fue el establecimiento del llamado amparo judicial. De entonces, a la Suprema Corte de Justicia de la nación se le atribuyó la función de control de la legalidad; con la facultad de intervenir en todos los juicios en los que se considerara que la ley había sido inexactamente aplicada por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, distorsionando con ello sus funciones de Page 3 control constitucional, que es distinto a los procedimientos y fines establecidos para el control de la legalidad.
Sin embargo, en este entramado, el sistema de justicia Federal vulneró la función de los poderes judiciales locales, mediante las sentencias dictadas por los tribunales de la Federación, como consecuencia del control de la legalidad que ejercen estos últimos sobre los actos de los tribunales estatales.
Para el Constituyente del 17 era necesario reducir la autoridad judicial de los estados, debido al papel de los jueces, convertidos"...en instrumentos ciegos de los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones. Se hacía preciso tener un recurso, acudiendo a la autoridad federal para reprimir tantos excesos.".1
Se instauró el control de la legalidad, para ello se estableció el Amparo Directo, precisamente, setenta años después que el Indirecto, creado mediante el acta de Reformas...
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