Conclusión

AutorJavier Dondé Matute
Páginas183-187

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CON BASE en los distintos niveles de análisis que se realizaron, podemos concluir que hay un deterioro del respeto al debido proceso como consecuencia de las formas en que se ha desarrollado el derecho de extradición, lo cual tiene principalmente dos causas

En primer lugar, las nuevas formas de criminalidad han provocado que los requisitos tradicionales para conceder la extradición se flexibilicen en detrimento del debido proceso En segundo lugar, la extradición se ve como un obstáculo en el combate de estos fenómenos modernos y no como un proceso para evitar violaciones a los derechos humanos en el Estado requirente Esto es más evidente en el desplazamiento de la extradición por procesos más ágiles que ponen en mayor riesgo a la persona requerida como en los casos de secuestros transfronterizos y las expulsiones (legales o constitucionales) Estas tendencias reflejan la política criminal y la política exterior de los diversos países que llevan a cabo estas prácticas, entre ellos México Sin embargo, el sacrificio del debido proceso por una política de “ley y orden” no sería posible sin la colaboración de la judicatura. En México, como en otros países, el Poder Judicial ha adoptado la postura de que la extradición es un proceso administrativo, por lo que son inaplicables los derechos propios del proceso penal Así, se ignora el objetivo mismo de la extradición, que es someter a una persona a un proceso penal en el extranjero Sin embargo, la consecuencia de ello es que no se puede contar con el Poder Judicial para salvaguardar los derechos relacionados con el debido proceso ni la integridad de los principios para la extradición, que pueden servir también de contrapeso en las políticas criminal y exterior exacerbadas

Es lamentable que la Suprema Corte y el Poder Judicial en su conjunto permitan que el Poder Ejecutivo realice prácticas con el único objetivo de facilitar su lucha contra la delincuencia bajo el supuesto

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carácter administrativo de la extradición Permitir que las personas sean puestas en Estado de indefensión durante la detención, la imposibilidad de impugnar la legalidad de ésta en casos de secuestros transfronterizos, avalar la extradición de nacionales, etc , hacen pensar que no hay un recurso judicial efectivo para defender el debido proceso durante el proceso de extradición ni los principios rectores que permitieran poner freno a las políticas represivas apuntadas

Una consecuencia importante de la postura...

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