Combate a la Corrupción, Ética Pública y Rendición de Cuentas en México
| Autor | Dr. Alejandro Romero Gudiño |
| Cargo | Doctor en Derecho y Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, LXII Legislatura |
| Páginas | 56-61 |
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El año 2015 será recordado por las reformas en materia de combate a la corrupción que fortalecen las instituciones que previenen o persiguen la mala conducta en el servicio público. Con ello, México camina en un proceso que se prolonga desde hace más de 15 años de avances en una agenda incremental (Lin-dblom, 1959) que sin duda no queda agotada, pero que ha ganado un amplio acuerdo político y social.
Lo anteriormente no elimina la insatisfacción de la opinión pública y la impresión de que el servicio público está manchado por una corrupción sistémica. Sería inaceptable negar que existen avances, pero también lo sería creer que no es posible hacer mucho más. Es necesario que las recientes reformas se implementen, erigir las nuevas instituciones, comenzar a observar resultados para juzgar las necesidades atendidas así como aquellas pendientes por atender. La sensibilidad social entiende que no es suficiente establecer bases institucionales y legales para alcanzar un control eficaz del problema, de no promoverse activamente el compromiso ético de los servidores públicos relacionados con el desempeño de sus labores. Como se puede desprender del libro El Oficio del Político, de Manuel Alcántara Saenz (2012), la importancia que tiene el cambio de las reglas democráticas en la transformación del oficio político, la evolución de las expectativas de la sociedad, así como la tecnificación del proceso de incorporación y respuesta a las necesidades sociales desembocan en una estricta exigencia de una renovación ética pública.
La Dra. María de la Luz Mijangos, sostiene que corrupción es "dar a alguien una ventaja financiera o de cualquier otro tipo, para alentar a esapersona a desempeñar sus funciones o actividades de manera impropia o para recompensar a esa persona por ya haberlo hecho de tal forma. De esta manera, la definición cubre el supuesto de buscar influenciar a un tomador de decisiones dándole alguna clase de beneficio extra, respecto de lo que a ese tomador de decisiones se le pudiera legítimamente ofrecer como parte de un proceso adecuado" (Conferencia impartida en la Cámara de Diputados, 2012).
La corrupción individual es voluntaria, consciente e intencional. Todavía podemos hacer una segunda clasificación entre aquello que ocurre en la función de ciudadano y en un rol público determinado. Éste podemos entenderlo como aquella responsabilidad que tiene una persona frente a otras por el oficio o función que desempeña en un momento determinado, por ejemplo; la que tiene el obrero: ¿qué pasa si se roba los materiales de la fábrica? Con ello se evita una idea reductiva de la corrupción al escenario gubernamental, porque de hecho, la corrupción puede encontrarse en cualquier esfera de la vida pública. El fenómeno debe entenderse en contexto, dentro de la conducta ética del servidor público.
La corrupción en un rol público no puede ser pasiva, sino necesariamente activa, en el sentido de que pervierte y altera el justo orden de las cosas porque se aprovecha de que este orden es reconocido y respetado. En otras palabras, el que se mete en una fila, comete un acto corrupto que no sería posible si no existiera esa fila y el resto de las personas no esperaran pacientemente su turno. Parte central de la estrategia de combate a este problema es la adecuación del marco institucional para que opere en contra de los intereses creados que se adueñan de las facultades del Estado, pero no se agota ahí, incorpora también un elemento pedagógico en su forma de actua-
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lización profesional y de ética en el servicio público, para fomentar las conductas deseables mediante la introducción de incentivos positivos.
Un elemento central del sistema de división de poderes que hace funcional la democracia es la rendición de cuentas. En la estructura del Estado mexicano se ha avanzado mucho al establecer como derecho constitucional, el acceso a la información, con lo cual se reorientan las prioridades del gobierno para poner a disposición de la sociedad toda la información que no posea alguna limitante de confidencialidad o reserva. Este paso se articula con el informe de la cuenta pública que ofrece el Ejecutivo y la revisión del mismo por parte de la Cámara de Diputados; así se van dando pasos en dirección a la evaluación de la eficacia del gasto público, lo cual concretiza la gobernanza democrática a la que aspira un estado moderno.
Anteriormente se pensaba que un gobierno eficaz era aquel que disfrutaba de una amplia discrecionalidad en sus decisiones, que no se veía afectado por...
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