Código Nacional de Procedimientos Civiles. La Reforma Merecida
| Autor | Dr. Sergio Valls Esponda |
| Cargo | Magistrado en materia civil del fuero común |
| Páginas | 20-24 |
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“El pequeño demandante, a quien se le había prometido un nuevo caballo de juguete cuando el caso concluyera, ya ha crecido, tiene un verdadero caballo y ha cabalgado ya a otro mundo… pero el caso aún se arrastra penosamente en el tribunal, con desesperanzas perennes.” Charles Dickens, Bleak House1
Ese atributo de las repúblicas llamado institucionalidad es fundamental para su crecimiento económico y social. En general, los países que tienen mejores niveles de ingreso y de desarrollo humano también son aquellos con los mayores índices de institucionalidad, eficacia de sus sistemas procesales y respeto a las leyes. Lo institucional se manifiesta de diversas formas y en diferentes ámbitos sociales. Uno de éstos es la impartición de la justicia, su calidad y eficiencia, así como su fiabilidad. Repercute en las personas, en las familias y en la colectividad, pero también en la economía y fortaleza de un país en la medida en que permite resolver conflictos pacíficamente, garantizar a las personas su seguridad y la de sus posesiones y dotar de legitimidad los acuerdos, por lo que es necesario vincular a las instituciones jurídicas con las finalidades sociales y económicas que debe cumplir el Derecho.
Durante los últimos 25 años ha existido en Latinoamérica una potente actividad en la reforma de sus sistemas judiciales. En una primera etapa los esfuerzos se concentraron en la materia penal. En México dicho periodo abarcó de 2008 a 2016. Sus resultados, si bien aún lejanos a lo esperado, son sin duda satisfactorios. No conozco a un penalista que, a este efecto, añore regresar en el tiempo. Recientemente los esfuerzos se dirigen a otras materias conocidas, como la justicia civil, concepto que puede ser confuso según el lugar en que se aluda, pues se refiere a la Justicia NO penal.
En el país encontramos para ella un feliz término: “la Justicia Cotidiana”. Abarca las materias civil, familiar, comercial y laboral.
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El Estado mexicano dio cuenta de lo anterior cuando el Presidente de la República reconoció: “Pero la justicia no se agota en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda. …esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad. A pesar de esta realidad, que es evidente, no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas.” 2Así, sin más, en un par de frases, el Presidente dijo lo que callábamos en público: la justicia no penal en México es ineficiente, lenta, compleja, costosa y de difícil acceso. Tal autocrítica, lejos de alimentar el pesimismo, merece al menos el beneficio de nuestra duda. Fue una contundente llamada de atención a todos quienes compartimos la responsabilidad: juzgadores, legisladores, foro y academia.
Como primera acción se encomendó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), efectuar foros de consulta con juristas, académicos y sociedad para elaborar propuestas. El resultado era previsible: además de confirmar el diagnóstico presidencial, se encontraron un buen número de problemas y se entregó un documento de valioso contenido3.
Entre los hallazgos sobresale el deficiente acceso a la justicia, la mala calidad de legislación, servicios y servidores públicos, entre otros. Temas que la más reciente entrega del World Justice Report ha confirmado al colocarnos en la posición 92 entre 113 países, 4 lugares abajo respecto del año pasado.4
El aporte del cide constituye un documento con vida propia...
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