Chile: la persistencia de las memorias antagónicas

AutorGilda Waldman Mitnick
Páginas211-234

Gilda Waldman Mitnick. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Correo electrónico: waldman99@ yahoo.com.

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Introducción

Después de 17 años de dictadura y 18 de democracia, el presente de Chile sigue cargado por el peso de la historia. No es casual que para la gran mayoría de la población, el golpe de Estado ocurrido en 1973 siga siendo el acontecimiento más importante y definitorio del siglo XX1 y que aun hoy, de facto, todas las generaciones del país estén marcadas por el legado de los acontecimientos ocurridos durante los últimos 30 años: el gobierno de la Unidad Popular, el golpe militar, la dictadura y la transición democrática. El pasado sigue siendo presente cuando, recurrentemente, aparecen en los principales periódicos del país declaraciones de testigos que, liberados de antiguos temores o acosados por la culpa, confiesan detalles de las tareas operativas de eliminación de detenidos,2 o testimonios proporcionados por antiguos soldados sobre las aberraciones que se cometían en los centros de detención clandestinas,3 o revelaciones sobre el involucramiento de altos mandos del ejército en asesinatos ocurridos después del golpe de Estado,4 o nuevos descubrimientos sobre crímenes políticos no documentados previamente en los informes oficiales.5 El pasado sigue vigente cuando se producen nuevas revelaciones sobre los secretos más oscuros de la relación entre la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional, el principal órgano represivo de la dictadura) y la siniestra Colonia Dignidad,6Page 213 o sobre la existencia de una unidad de exterminio de la Dina encargada de matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.7 El pasado está todavía vivo en las pesadillas de víctimas y victimarios cuando, recientemente, el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, suma dos nuevas condenas a las muchas otras por las que se encuentra encarcelado desde el año 2005, o cuando el brigadier Pedro Espinosa, segundo oficial de la Dina, acusa a sus ex compañeros de armas de responsabilizarlo injustamente por violaciones a los derechos humanos,8 o cuando se hace público que cinco miembros del alto mando del ejército estuvieron involucrados en asesinatos de presos políticos ocurridos pocos días después del golpe militar en 1973.9

Las batallas por la memoria: consideraciones generales

La sociedad chilena es, todavía, una sociedad habitada por sombras y fantasmas, incapaz de realizar el duelo por un pasado doloroso que afecta a todas las generaciones,10 lo cual dificulta la construcción de un proyecto futuro de nación. En palabras de Manuel Antonio Carretón, “no hay proyecto de país que no implique la elaboración de la memoria”.11

Pero las sociedades no comparten una sola memoria en tanto ésta, entendida como “proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para que se ensayen de nuevo sucesos y comprensiones [...] (remeciendo) el dato estático del pasado con nuevas significaciones sin clausurar que ponen su recuerdo a trabajar, llevando comienzos y finales a re-escribir nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con ellas el cierre explicativo de las totalidades demasiados seguras de sí mismas”12 evidencia que no pueden existir “verdades históricas” monolíticas.13 De igual modo, laPage 214 memoria colectiva –“es decir, la elaboración que un grupo o sociedad hace de su pasado”–14 no puede aglutinar los recuerdos de toda la sociedad. En esta línea, podría afirmarse que en toda sociedad coexisten, más bien, memorias parciales e incluso antagónicas, aunque exista un acontecimiento de referencia común. Es decir, aunque se comparta la memoria del mismo acontecimiento, a éste no le son asignados los mismos significados” sino más bien significados diferentes o contradictorios,15 aunque en cierto momento alguna de estas memorias aspire a ser hegemónica.16 Lo anterior se traduce en “batallas por la memoria”, en las que “se enfrentan múltiples actores sociales y políticos que van estructurando relatos del pasado y, en el proceso de hacerlo, expresan también su proyectos y expectativas políticas hacia el futuro”.17

En el caso chileno, las memorias divididas y antagónicas en torno al pasado reciente siguen presentes. Ello se evidenció, ciertamente, durante el arresto del General Augusto Pinochet en Londres en 1999 –formalmente acusado de torturas y secuestros– y a fines del año 2006 a raíz de su muerte.18 Aunque, ciertamente, la memoria social ha sufrido cambios, tanto para quienes apoyaron el golpe de Estado como para quienes sufrieron sus consecuencias, la sociedad chilena sigue fracturada por una diversidad de memorias contrapuestas que expresan el conflicto moral y político de una sociedad que no ha logrado reconciliarse consigo misma. Ello, en el entorno de un proceso de transición democrática encabezado por un gobierno de Concertación19Page 215 que enfrentó, por una parte, la institucionalidad impuesta por el régimen militar20 y el imperativo de mantener el modelo de mercado impuesto por la dictadura, y por la otra, las demandas de Verdad y Justicia enarboladas por quienes habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y la necesidad de abrir, al mismo tiempo, espacios democráticos y de participación ciudadana. Si bien los gobiernos de la Concertación realizaron una serie de acciones orientadas a esclarecer la naturaleza de los acontecimientos represivos cometidos por el régimen militar21 no puede dejar de reconocerse el carácter insuficiente y contradictorio de tales esfuerzos.22 En Chile, como en otros países latinoamericanos que también sufrieron experiencias dictatoriales,23 el horizonte de la transición política neutralizó las versiones contradictorias del pasado. La “política de la transacción” atenuó las marcas adheridas al recuerdo del pasado militar, disciplinando antagonismos y confrontaciones, y excluyendo el tema de la memoria dictatorial en aras de una gobernabilidad que impidiera re-editar los choques ideológicos que habían escindido al país en el pasado. Así, la “democracia de los acuerdos” encontró en la formulación del “consenso” el principio fundacional de la nueva convivencia social,24 situación agravada por un silencio consentido por algunosPage 216 dirigentes de izquierda que habían sufrido la represión o el exilio, y que más tarde pasaron a formar parte de la coalición gubernamental.25 Las razones de gobernabilidad política –que privilegiaron los arreglos institucionales y cupulares– intentaron conciliar entre los sectores agraviados por la dictadura y los poderes de facto de los militares y de quienes apoyaron al régimen dictatorial. En este sentido, los gobiernos de la transición, sin excluir el trauma de la memoria de la represión militar –expresada en testimonios, memorias, documentales, investigaciones periodísticas, creaciones artísticas y literarias, etcétera–, pero impelidos por el imperativo de garantizar la gobernabilidad,26 optaron por “políticas de memoria” que reproducían las formas históricas de “reconciliación” que han tenido las élites chilenas: conciliar sobre la base de crear una cultura del olvido.27 Ello se manifestó, por ejemplo, en la estrategia de “blanqueo” del país, manifestada en el envío de un iceberg a la Exposición Internacional de Sevilla en el año 1992. El símbolo del iceberg, en su frialdad, asumía para el gobierno democrático que había llegado al poder en 1990 un doble significado: por una parte, un discurso identitario de transparencia, éxito, empuje, dinamismo y eficiencia; por la otra, una condición virginal que “dejaba en claro el corte histórico con el pasado que pretendió trazar el Chile de la Transición con el pasado utópico-revolucionario de los sesenta y con el pasado traumático de la dictadura militar”.28 De igual modo, y en el marco de una “identidad (nacional) contradictoria”29 –plasmada, nítidamente, en su emblema nacional: “Por la razón o la fuerza” – las “irrupciones de memoria”, es decir, “los eventos públicos que irrumpen en la conciencia nacional de Chile, a menudo inesperadamente, para evocar asociaciones con símbolos, figuras, causas, modos de vida que en grado inusual están asociados con un pasado político que está todavía presente en la experiencia vivida de la mayor parte de la población”,30 eran contrapuestos al exhorto de mirar hacia el futuro y reconocer los logros económicos alcanzados.31

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Sin embargo, las representaciones del pasado, conflictivas e incluso excluyentes, comenzadas en 1973 y continuadas a lo largo del proceso de transición democrática iniciado en 1990, persisten hasta la fecha y son parte del presente del país, a pesar de la profunda apatía política de los jóvenes.32 Ciertamente, la memoria, como toda representación del pasado, cambia su significado en distintos contextos históricos, políticos y sociales,33 siendo recreada de diversas maneras por cada generación, por los profesionales de la educación, entre otros,34 y formando parte, ciertamente, del debate historiográfico.35 En el caso chileno, las contiendas sobre el sentido del pasado iniciaron desde el momento mismo en que se produjo el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, contiendas cuyo eje fue, en el sentido más amplio, la contraposición entre, por una parte, la interpretación que veía en dicho acontecimiento la única opción posible para prevenir al país de una guerra civil, derivada de la extrema polarización a la que habían llevado los gobiernos civiles y el caos del gobierno de la Unidad Popular, salvación que implicaba al mismo tiempo defender al país de amenazas internas y externas, principalmente el comunismo, y otra...

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