El caso Florence Cassez: ¿asunto judicial o político?

El primer efecto negativo tuvo ya lugar apenas a una semana de conocerse el fallo judicial: la suspensión del Año de México en Francia, con costos iniciales de pérdidas millonarias en euros y el enfrentamiento y desaire entre funcionarios de ambos países, en el marco de la Cumbre Económica del G-20, que se llevó a cabo en Paris.

En este asunto espinoso, no se sabe si lo que el gobierno francés cuestiona es nuestro deficiente sistema de justicia penal, que coyunturalmente se pone de manifiesto con el estreno en todo el país de la película mexicana del momento: “Presunto Culpable”, que precisamente refleja la crisis por la que atravezamos en este renglón, al condenar –en un caso de la vida real-, a 20 años de prisión a una persona inocente, y la urgencia de avanzar en una debida implementación del nuevos Sistema Penal Acusatorio-oral; o si se trata de una estrategia electoral del presidente Sarkozy para obtener la reelección en un momento en el que su popularidad se encuentra a la baja en su país.

Lo cierto es que para el gobierno mexicano, el de Florence es un asunto que tiene el carácter de “cosa juzgada”, y que está obligado a respetar la autonomía del Poder Judicial Federal en el marco del principio de división de poderes establecido en nuestra Ley Fundamental. Tratándose además, del grave delito de secuestro, que forma parte de una política del Estado para combatir ese tipo de ilícitos, junto con los de delincuencia organizada, que tanto dañan a la sociedad mexicana.

En el ámbito legal, sólo falta esperar alguna consideración del gobierno mexicano en cuanto a la aplicación del Tratado de Estrasburgo...

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