Carlos García Fernández: “No temamos a la competencia”
| Autor | Íñigo Fernández Baptista |
| Páginas | 14-18 |
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¿Cuál es el gran reto que tiene la Cofemer para implementar las mejoras al marco regulatorio vigente con el fin de impulsar la competitividad en nuestro país?
Reto es la palabra clave al hablar de políticas públicas en México. En nuestros días debemos entender y asumir las políticas públicas como un desafío responsable para generar los resultados que espera la ciudadanía. Por lo tanto, el mayor reto de esta comisión es que todos los ciudadanos, las distintas instancias y niveles de gobierno, y los tres poderes de la Unión, nos comprometamos por el crecimiento económico y la generación de empleo a través de la desregulación.
Me explico. El desiderátum del gobierno del presidente Calderón es doble: crecimiento económico y generación de empleo. Lo anterior sólo es posible mediante la inversión productiva, nacional y extranjera. Y sólo captaremos flujos crecientes y sostenidos de inversión si logramos generar un clima de negocios de signo positivo, competitivo. Así, la desregulación de la economía "hasta la médula" es instrumental a la competitividad y coadyuvante de la transferencia o reasignación de rentas y privilegios injustificados de manos de unos cuantos a la sociedad en su conjunto, en dos vertientes: empleos y beneficios para el consumidor.
La Cofemer, en términos de su mandato legal, se constituye así como un garante ciudadano de la calidad de la regulación; en otras palabras, es un ombudsman que busca garantizar que todos y cada uno de los 106 millones de mexicanos tengamos una regulación federal (llámese leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, normas oficiales mexicanas, normas de emergencia, reglas de operación del Presupuesto de Egresos de la Federación...) que nos confiera mayor seguridad jurídica y beneficios superiores a los costos de cumplimiento.
Por lo tanto, el mayor reto para la Cofemer es que toda la sociedad, y particularmente el gobierno en sus tres poderes y en sus tres órdenes, nos involucremos en el diseño apropiado de reglas fácilmente inteligibles y coherentes, que maximicen beneficios y reduzcan costos de cumplimiento para los ciudadanos. Este es un ejercicio con claros visos democráticos por la vía de la participación. Por ejemplo, que el ciudadano pueda incidir en el diseño de regulación y trámites, los cuales pueda realizar con facilidad de cara a la autoridad, de tal suerte que ésta no tenga márgenes injustificados de discrecionalidad y sí, por el contrario, acotada su labor a través de facultades y atribuciones perfectamente delineadas. Esto ha de traducirse en mayor seguridad y certidumbre jurídicas para la sociedad en general y para los emprendedores en particular.
¿Quién es?
Carlos García Fernández estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Iberoamericana y la maestría en derecho comercial europeo en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Asimismo, ha cursado diversos estudios de especialización.
En el sector privado ha participado en firmas de abogados en México e Inglaterra, y fue consultor en inversión extranjera de la UNCTAD, la OMC, la OEA y la Comunidad Andina.
En 1993 inició su actividad en la administración pública federal como director de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Inversión Extranjera, en la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y de 1994 a 2003 se desempeñó como director general de Inversión Extranjera...
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