Bases jurídicas de la administración electrónica en España
| Autor | Yesenia del Carmen Trejo Cruz |
| Cargo | Licenciada y Doctora en Derecho Público |
| Páginas | 2-31 |
Licenciada y Doctora en Derecho Público. Académica e Investigadora de Tiempo Completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Perfil Promep, Nivel IV del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, Miembro del Colegio Nacional de Profesores e investigadores en Finanzas Públicas, A. C., Especialista y Posdoctorada en Derecho Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo España.
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La presente investigación tiene por finalidad dar a conocer los avances tecnológicos que utiliza la Administración Pública en sus relaciones con los particulares, como depositarios de los servicios que les brinda.
El tema de las nuevas tecnologías representa un avance significativo en el Estado Democrático, en razón de que por medio del empleo de medios electrónicos e informáticos, tiene un mayor acercamiento a los ciudadanos. Al mismo tiempo, se logra un mejor cumplimiento de servicios públicos.
Así podemos precisar que las necesidades en los ciudadanos adoptan una tendencia distinta en el marco de las nuevas tecnologías, pues en función de las Page 3 atribuciones del Estado en el siglo pasado, su prioridad se centraba en el ciudadano y la gama de sus derechos fundamentales o garantías individuales. Actualmente, con el uso de las nuevas tecnologías, el cumplimiento de satisfactores (a cargo del Estado) corresponde a un corte tecnológico, administrativo y de eficiencia.
Algunos estudiosos de la ciencia jurídica (por ejemplo en el ámbito administrativo), consideran que los actuales retos de la Administración se enfocan a dar cumplimiento a las demandas de servicios, por medios virtuales y telemáticos.
Los particulares, como sujetos destinatarios de los actos del Estado, también deben estar en un plano de reciprocidad con la Administración, para recibir en forma equitativa los beneficios que la administración electrónica ofrece.
Lo anterior supone el conocimiento específico en el campo administrativo, así como la actualización y capacitación de los sujetos que desarrollan las funciones de la Administración, para el uso de los equipos informáticos.
Por otra parte, es conveniente que exista una relación armónica entre los servicios informáticos que la administración electrónica ofrece, con un marco jurídico que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos.
En este orden de ideas, la presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las bases jurídicas a observarse, para la implementación de sistemas tecnológicos y las áreas de incidencia en la Administración Pública, en sus relaciones con los particulares.
El último cuarto del siglo XX dio lugar a grandes cambios de las sociedades contemporáneas, equivalentes a las grandes revoluciones sociales que han marcado el cambio entre períodos históricos. Puede afirmarse que nacemos a una nueva etapa histórica, calificada como era de la información en términos de Castells1.
Se considera que el origen de estos cambios radica en la implantación de las tecnologías de la información, así como en los tratados internacionales que han permitido hasta nuestros días:
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El desarrollo de herramientas potentes de trabajo de la información y la creación de redes -como Internet-, que suponen la creación de un mundo mucho mas informado e interrelacionado, agilizando extraordinariamente el procesamiento de la información y las relaciones de todo tipo.
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La generalización de las nuevas tecnologías a amplias capas de sociedades occidentales (pero no en forma equitativa en todos los países), y sobre todo en áreas urbanas (distintas a las zonas rurales, que se incorporan más lentamente a este proceso), permitiendo que un porcentaje significativo de la sociedad disponga de los equipos informáticos -ordenadores personales- y de conexión a internet.2
Se considera que hay un abismo evidente que se abre entre las clases sociales que disponen de las nuevas tecnologías y las que no las poseen; lo cual produce, como causa y efecto, una marcada desigualdad, que los poderes públicos tratan de resolver con medidas de fomento, como es el caso de subvenciones para la compra de equipos informáticos, dotación de puntos de acceso gratuitos en escuelas, bibliotecas, etc.3
La desigualdad de clases o las medidas de fomento indican un nuevo modelo de Estado, que se caracteriza por la adquisición y distribución de nuevos conocimientos informáticos, que permiten el acceso y agilización de la información en diferentes escenarios sociales.
De esta forma, el derecho administrativo y por ende la administración tributaria no son ajenos a estos procesos informáticos, sino por el contrario, son los escenarios que han experimentado grandes y buenos cambios por la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión administrativa, en las relaciones existentes entre la administración y los ciudadanos.
Por lo anterior, los poderes públicos han desarrollado en materia administrativa lo siguiente:
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Promoción de planes y normas jurídicas para estimular la generación en la sociedad, de la información y el conocimiento. Dándole un valor jurídico a las nuevas operaciones realizadas con los medios electrónicos.
Cabe mencionar que el Estado ha desarrollado la creación de sistemas electrónicos para el uso de la administración, regulados tales sistemas en los siguientes planes:
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La Iniciativa Info XXI (2001/03) Page 5
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El Plan España. Es (2004/05)
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Plan Avanza (2006/10).
En cuanto hace a las normativas, podemos precisar las siguientes:
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Ley 59/2003 de firma electrónica.
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Ley 34/2002, de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Los anteriores ordenamientos jurídicos, tienden a respaldar el tráfico electrónico, regulando los requisitos y el valor jurídico de sus diferentes técnicas de soporte y telecomunicaciones.
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Potenciar especialmente la implantación de nuevas tecnologías en las administraciones públicas y en sus relaciones con terceros, mediante inversiones en nuevas herramientas tecnológicas, (podemos mencionar el impulso de portales de Internet, creación de una firma gratuita ofrecida a los ciudadanos, de registros telemáticos) y la aprobación del marco normativo que regula específicamente esta materia. 4
Lo anterior ha exigido la aprobación de normas específicas de la administración electrónica.
A pesar de estos esfuerzos para que toda la administración pública cuente con los nuevos sistemas tecnológicos, se considera que ha existido un trato desigual entre las entidades que integran la Administración Pública, pues existen regiones que con el uso de las nuevas tecnologías han mejorado las relaciones entre la administración y los ciudadanos, han logrado mejorar sus relaciones. Con ello los particulares se ven identificados con su Estado, en virtud del trato y eficiencia en los servicios que le brinda.
La sociedad española pretende alcanzar niveles de bienestar que supongan un mayor uso de las nuevas tecnologías,5 los poderes públicos deben orientar las inversiones para lograr una Administración mayormente electrónica que permita obtener el máximo de beneficios al menor coste (denominado principio de eficiencia).6 Page 6
Hay que considerar que el equipamiento con nuevas tecnologías a los ciudadanos, no debe implicar el descuido de otras áreas de relevancia para la sociedad, pues al mismo tiempo que se dota de nuevas tecnologías al Estado, también se debe garantizar el desarrollo de los particulares frente a la Administración, en sus derechos.
Lo anterior da como resultado el destino de fuertes sumas de dinero para la adquisición de información para los particulares, y el empleo de nuevas tecnologías.
Se requiere que las administraciones públicas perfilen sus acciones en el siguiente sentido:
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Facilitar información administrativa en general. Lo cual se logra con la creación de portales de Internet que dispongan de una información administrativa completa y bien estructurada, con la finalidad de que los ciudadanos puedan conocer con facilidad la propia organización administrativa y los requisitos que se le exigen para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
Los portales deben de contener los datos de la Administración correspondiente -teléfonos de los diferentes órganos administrativos- así como explicaciones claras de los procedimientos administrativos que afectan a los ciudadanos, ofreciendo además en red los formularios de los escritos y documentos que se deben presentar.7
Los servidores informáticos considerados como más completos son los de la Administración Pública, la Administración General del Estado y el Ministerio para las Administraciones Públicas.
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Brindar información administrativa personal de cada ciudadano y ofrecerle los documentos de acreditación (certificados). Se trata de acceder a bases de datos de uso masivo en las que consten datos (e información) de los ciudadanos que para su debida acreditación (identificación). Tales acciones representan beneficios por ejemplo en el acceso al padrón municipal, obtención de padrones municipales, de empadronamiento, consulta de los estudiantes en sus calificaciones académicas, datos catastrales de la vivienda, información de carácter tributario de los contribuyentes, expedientes de los trabajadores con relación a su seguridad social. El acceso a esta información puede ser por medio de claves individualizadas, lo cual también permitirá la seguridad de los datos.8 Page 7
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