El análisis económico del derecho en la delincuencia económica
| Autor | María Teresa Montalvo Romero |
| Cargo | Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Doctora en Derecho Público, miembro del SNI nivel 1, Profesora con perfil Promep. |
| Páginas | 1-9 |
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La globalización* como el “fenómeno característico que nos lleva a experimentar cambios sociales, culturales, políticos, económicos y jurídicos que influyen en lo externo y en lo interno”1 ha sido objeto de una serie de estudios que ponen de manifiesto sus ventajas y desventajas para todos los sectores de la población y aúnPage 2para el Estado a través del impacto que sus instituciones han sufrido por el vertiginoso desarrollo del proceso.
A lo largo de los años en los que podemos ubicar a la globalización2 la población ha ido en aumento sobre todo en los países de América latina y algunos asiáticos, en 1989 existía una población mundial de 5,195,713,196, actualmente tenemos una población de 6,830,586,985 según las cifras presentadas por el U.S. Census Bureau International Data Base IDB3, esto conlleva al crecimiento y modificación de la políticas públicas y de los requerimientos y problemas que pueden afectar a un determinado Estado o región.
Unas de las mayores características de la globalización lo constituyen la denominada desterritorialización4 y extraterritorialización5 que permiten la transnacionalización de los efectos económicos, sociales, jurídicos y culturales de un país a otro o de acuerdo a los grados de integración, de una región a otra.
Esta transnacionalización consiente la interrelación no sólo de los ciudadanos de los diversos países sino también la de los sistemas y recursos de cada uno de ellos. Así tenemos que se han creado distintas regiones económicas como: la Unión Europea, el TLCAN, el Mercosur, el Pacto Andino, la Unión del Magreb, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas) y la Unión Aduanera de África Austral (Sacu), entre otros.
Lo anterior ha generado una serie de adelantos y desarrollo multilateral, basados principalmente en el avance de la tecnología, en el despunte del nuevo orden económico mundial, en la aprobación de normas comunes y de una serie de ventajas que han beneficiado las relaciones internacionales.
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La unión entre derecho y economía tiene un significado especial, cuando se trata de establecer el derecho como objeto de estudio desde el punto de vista económico.
Dentro de esta relación jurídico-económica influyen tanto el derecho económico6 como la economía7 y se entrelazan con la metodología denominada análisis económico del derecho.8
La aplicación del Análisis Económico del Derecho (AED) consiste en utilizar la racionalidad económica al derecho, tratando de explicar las conductas tal y como son en el mundo actual y tratar de proponer soluciones a través de una organización de normas e instituciones basadas en razonamientos económicos.
El AED se puede emplear en cualquier área del derecho, en esta ocasión analizaremos la situación de los delitos económicos o socioeconómicos, sobre todo aquellos que se cometen utilizando los medios electrónicos que a partir de la tercera revolución tecnológica hemos experimentado en la globalización.
Internacionalización del delito “es referirse a una gran cantidad de fenómenos que se presentan hacia el interior de los Estados y que, debido a múltiples factores, trascienden las fronteras nacionales, ramificando susPage 4actividades y logrando con ello que crezcan notablemente sus ámbitos de influencia.9”
Sin embargo, paralelamente a todo lo fructífero que han sido algunos efectos de este ambiente global, existen otros que si bien no nacen con el fenómeno global, si encuentran en él su escenario de crecimiento, y uno de éstos son los delitos económicos o socioeconómicos.
A decir de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU10, el término “delitos económico y financiero” se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera.
Dentro del catálogo de delitos que se consideran como económicos encontramos los siguientes ejemplos: delitos tributarios, hacendarios, ambientales, de propiedad intelectual, informáticos, evasión fiscal, economía informal, lavado de dinero, fraude, abuso de confianza, robo, fraudes informáticos, tráfico de divisas, evasión de impuestos, robo de identidad.
Estas hipótesis normativas son objeto de estudio del derecho penal económico definido como “el conjunto de normas jurídico penales que tutelan el orden económico constitucional, lo que comprende la protección de los mecanismos estatales de intervención en la economía y la tutela de las instituciones básicas que permiten la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”11
“La función del derecho penal es la tutela de los bienes jurídicos, función, ésta, que pretende realizarse, ciertamente mediante la prevención de conductas que lesionan o ponen en peligro aquellos bienes jurídicos”12.
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En este sentido es menester cuestionarse si las políticas públicas y la legislación global y en particular la mexicana responden a las necesidades de protección de la ciudadanía.
Los delitos económicos van en contra de la economía estatal y del orden público económico, razón por la cual varios organismos internacionales como la ONU u estudiosos del derecho penal se han preocupado por establecer parámetros de prevención de estas conductas delictivas.
En opinión de Luz Maria Puente Alba13 está justificada la configuración de un nuevo tipo penal de intrusismo informático, en el que se proteja un nuevo bien jurídico denominado seguridad informática y se castigue el mero acceso o interferencia legal en sistemas o datos informáticos.
Aplicando el análisis económico del derecho para...
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